El fiscal Brayan Melgar pidió la captura del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien acusa de diversos delitos, supuestamente cometidos durante las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz.
Esas movilizaciones que se extendieron durante 53 días, durante todo mayo y parte de junio, llegaron a sumar hasta un centenar de cortes de rutas y dejaron zonas del país aisladas y desabastecidas de alimentos, insumos médicos y combustibles.
Por su apoyo a los manifestantes, el fiscal acusa a Morales de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos, asociación delictiva e instigación a delinquir.
El pedido del fiscal se enmarca en la denuncia que presentó Stello Cochamanidis, el presidente del Comité pro Santa Cruz, una organización civil alineada con la dirigencia política de esa región, la más rica de Bolivia.
Después se sumó a la denuncia el Poder Ejecutivo, representado por Marco Antonio Oviedo, el ministro de Gobierno (equivalente a un ministro del Interior).
Las protestas, que surgieron por un abrupto aumento de los combustibles y rápidamente derivaron en el pedido de la renuncia del presidente, fueron convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento campesino. El fiscal pidió también que sea detenido el líder de la COB, Marco Argollo, y el de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar.
En otra investigación sobre esos hechos, la Justicia ya dispuso la prisión preventiva para Salazar, que cumple la medida en el penal de Chonchocoro, en La Paz.
A su vez, el exdiputado Freddy Mamani está desde el lunes en prisión domiciliaria mientras se lo investiga por los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictiva, terrorismo, y otros delitos, también por su apoyo a las protestas, publicó el diario boliviano La Razón.
Tanto Mamani como Morales son investigados por declaraciones que hicieron durante las protestas. Mamani es acusado porque declaró públicamente que el gobierno preparaba un estado de excepción para actuar contra las movilizaciones y llamó a policías y militares a no reprimirlas.
A su vez, Morales, cuando las protestas estaban en curso, afirmó en su cuenta de X que el gobierno de Paz solo tenía “dos caminos”: “militarizar” el país o llamar a elecciones en un plazo de 90 días.
Sobre el expresidente, que gobernó de 2006 a 2019, ya pesaba un pedido de captura por trata de personas. Desde octubre de 2024 se encuentra recluido en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, custodiado por cientos de campesinos locales que son sus principales seguidores y que han evitado su detención.
Desde su cuenta de X, Morales cuestionó lo que considera un uso de la Justicia para la persecución política. “Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, dijo.
“Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular”, dijo Morales. “No nos van a intimidar”, manifestó.
También repudió la detención de Freddy Mamani y la consideró una acción “ilegal” que “vulnera las garantías constitucionales”. Publicó en X que condena “la instrumentalización de la Justicia para ejecutar una persecución selectiva contra nuestros compañeros y compañeras, que tiene como objetivo acallar la voz de quienes denuncian las políticas antipopulares del gobierno de Rodrigo Paz”.
Según informó la red de emisoras de radio Erbol, el gobierno ha sido cuestionado por no haber ejecutado las órdenes de detención contra Morales. En respuesta, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, admitió que “la aprehensión no sería tan sencilla, en realidad sería tan compleja que puede costar vidas”. Sin embargo, afirmó: “Se va a resolver. Evo Morales va a rendir cuentas ante la Justicia al igual que cualquier persona que tenga temas pendientes”.
