El proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad es una iniciativa del movimiento sindical uruguayo. Su elaboración fue acompañada por una movilización nacional que visibilizó notoriamente el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el país. Representa un hito en la historia del movimiento social por ser la primera vez que la organización social más importante de Uruguay toma el tema de la discapacidad. Los colectivos de la discapacidad han peleado históricamente solos.
Luego de cuatro años de negociaciones y movilizaciones, y después de haber sido votada por la Cámara de Representantes en 2016, a la iniciativa le llegó el momento de la aprobación definitiva. El Senado de la República, con las mayorías necesarias, tenía un proyecto negociado y acordado entre el Poder Ejecutivo y el PIT-CNT para su aprobación. Era un día de festejo hasta que, en el medio de la sesión, se propusieron modificaciones regresivas que empañaron la conquista; aunque el proyecto signifique un avance, el proceso de su construcción y definición deja planteadas algunas reflexiones que no debemos dejar pasar.
En primer lugar, una referencia de contexto: el problema de fondo en Uruguay es la implementación de una política pública de discapacidad que diseñe instrumentos centrados en las personas y no en las capacidades de las instituciones de brindar alguna prestación. Esta discusión brilla por su ausencia en el Parlamento e incluso en el movimiento social.
El proyecto de ley de empleo es una herramienta necesaria para la promoción del empleo, que apunta a minimizar las barreras existentes en nuestra sociedad que, fruto de prejuicios y falta de accesibilidad por todas partes, prescinde de la fuerza de trabajo de las personas con discapacidad, impidiendo la expectativa del horizonte de autonomía y sustento como lo tiene cualquier persona. Sin estas herramientas, la respuesta es asistencia y de caridad.
Los puntos que se modifican en la ley postergan el inicio de la implementación plena, achican la cantidad de empresas obligadas a contratar trabajadores con alguna discapacidad, aumentan las exoneraciones fiscales, sacan las licencias especiales, entre otras medidas propuestas por el Partido Nacional (PN). Hay otras modificaciones que no se hicieron y mejorarían sustancialmente el proyecto, pero quedaron en los informes que asesoraron, y para esas no había tiempo. Algo le faltó a la discusión.
Por otro lado, hay una dimensión política, que hace a la construcción de derechos tanto en su contenido como en su forma. Hay dinámicas conocidas en las relaciones entre el gobierno –incluida su expresión legislativa–, las organizaciones sociales y los partidos políticos. Esta es una relación de conflicto, de apoyos, presiones y resistencias, de responsabilidades y convicciones que hacen a las relaciones de una sociedad democrática. El problema particular en el caso de la discapacidad es la ausencia de entendimiento político sobre el tema, fruto de la falta de discusión política en los ámbitos sociales, intelectuales y partidarios. No se logra pensar en las personas con discapacidad como sujetos de lucha, como sujeto colectivo, como pueblo organizado.
Esto genera, entre otras cosas, que cuando llegan proyectos de resolución a los ámbitos institucionales, sean legislativos o ejecutivos, la gran mayoría de quienes deben definir buscan en algún lugar de su reflexión política herramientas para analizar el tema de la discapacidad, para identificar lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo necesario. El recorrido intelectual más común empieza por la solidaridad indiscutida, la compasión sensible, pasando por la convicción de la necesidad de ayuda, hasta que llega el momento de identificar intereses (quién gana y quién pierde) y emerge la responsabilidad de lo posible (como si fuera un acto despolitizado), que tiende a minimizar los conflictos (sobre todo con quien tiene mayor capacidad de presión).
La política llega hasta donde alcanzan las categorías de análisis (a la discapacidad no le llegó la hora), pero la idea dominante en la política actual sobre la discapacidad es de un tema que no debe ser politizado. Creo que en la sesión del Parlamento pasó eso: no hubo capacidad de comprender la dimensión política, porque se dejó de lado la variable de la acumulación política, de la construcción de confianza con el movimiento de la discapacidad. Porque más allá de la relación con el PIT-CNT, ayer estaba representado el colectivo de la discapacidad; aunque invisibilizado, estaba ahí. Su sensibilidad estaba ahí. La respuesta política no consideró esa realidad, no optó por construir tejido social, bloque social o poder popular.
Prevaleció una concepción, que puede ser correcta para muchos momentos –y no dudo que quienes lo negociaron están convencidos de que era lo correcto–, que fue la del “acuerdo nacional”, de la “política de Estado”, de ceder para lograr la unanimidad. Debo decir que comparto totalmente que en el tema de la discapacidad hay que buscar los apoyos de la mayor parte de los partidos, las organizaciones sociales y empresariales, pero no se puede caer en la ingenuidad o la incomprensión de que las propuestas del sector empresarial o de su principal representante, que es el PN, vayan a impulsar iniciativas que prioricen los derechos por sobre las ganancias. Sin duda, hay gente en el PN a la que le preocupa la discapacidad, pero sus propuestas siempre han estado inspiradas en la “acción solidaria”, basadas en la concepción caritativa, y no están dispuestos a romper con su base de apoyo.
El Frente Amplio (FA) se debe esta discusión para no defender los intereses que no representa.
Esta situación debe permitir analizar el proceso. Las contradicciones son naturales en cualquier colectivo político, pero no se debe vivirlas con liviandad, y la reacción no puede ser solamente cuando se transforma en un “problema político (electoral)”, sino que debemos construir movilizados por nuestras convicciones.
Obviamente, esta reflexión es para la izquierda. Este reflejo vale para un FA que en su acción de gobierno entienda que construye subjetividad, que construye mucho más que herramientas de gestión, que establezca la velocidad de los cambios: quién puede esperar y quién no; a quién se prioriza y quién paga.
Es tiempo de pensar la discapacidad como una categoría política, porque se trata de hablar de gente, de personas que han quedado en una especie de prisión domiciliaria desde las sociedades feudales hasta las sociedades de consumo; es una historia de exclusión que se transforma radicalmente o se la justifica. Puede haber bases anchas de apoyo a estos cambios, pero no nos puede faltar la política.
Federico Lezama es integrante de Frente en Movimiento 764.