En 2005, apenas asumido el gobierno nacional, el Frente Amplio creó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), como primera respuesta al enorme desafío de un país con un millón de pobres, herencia de la dictadura y de los cuatro primeros gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado. Esa cifra no era un dato estadístico más: era y es una herida abierta en el cuerpo de la nación. Por eso celebro, con la exigencia que corresponde, los anuncios recientes del Mides para aportar soluciones integrales a las personas que viven en situación de calle.

La carencia absoluta como antesala de la calle

La situación de calle tiene una relación muy estrecha con las personas privadas de libertad que cumplieron su condena. Sin embargo, eso no explica en su totalidad esta realidad que tanto golpea. Cuando un ciudadano termina sobreviviendo a la intemperie es porque no tuvo ni tiene red, contención, oportunidades. Se rompieron todos los tejidos. En los casos en que salen de una unidad penitenciaria, lo hacen con lo puesto, con un papel de liberación y con el estigma a cuestas. ¿Dónde duermen esa primera noche? En la vereda. ¿Quién los recibe? Nadie. El Mides y el gobierno todo tienen hoy el desafío de ser ese “alguien”. Y no es solo un problema de recursos: es un problema de coordinación interinstitucional, de voluntad política y de contundencia en el cumplimiento de los objetivos y medidas anunciadas.

Es claro que combatir el discurso simplón de la derecha –esa interpelación facilista de “soltar presos”– es mucho más complejo que ponerlo en palabras. No debe darnos miedo debatir con la derecha: el endurecimiento de ciertas penas no solo no disuadió el delito, sino que llenó las cárceles de personas pobres y condenó a miles a salir sin red y sin destino. Mientras tanto, la ciudadanía asiste al espectáculo de ver cómo los delitos de “cuello blanco” tienen penas realmente muy menores en comparación con el daño grave que infringen no solamente a particulares, sino a la sociedad en su conjunto.

Como izquierda, solemos discutir este tema en el marco conceptual de la derecha. Terminamos justificando que no vamos a soltar presos, además de cometer torpezas tácticas infames. Es tan ridículo el discurso de soltar a personas privadas de libertad. El Ministerio del Interior no puede hacerlo por sí y ante sí sin norma legal habilitante en el esquema de restitución de los beneficios de libertad anticipada o prisión domiciliaria, por ejemplo. No podemos seguir eludiendo nuestra responsabilidad legislativa escondiéndonos detrás del miedo al qué dirán. A José Díaz, compañero fallecido recientemente, exministro del Interior del primer gobierno del Frente, socialista, el máximo respeto por haberse animado a plantear filosóficamente un modelo diferente.

La desigualdad como madre de todas las batallas

Debemos enmarcar –encontrar la manera– la discusión en los justos términos: la contradicción principal es la desigualdad. La inseguridad es, en parte muy relevante, hija de esta. Ya lo sabemos. No es naíf afirmar esto ni negar el aspecto represivo que debe tener toda política de seguridad ciudadana. Pero si no atacamos las causas estructurales –la falta de vivienda, el desempleo, la exclusión, la salud y en especial la salud mental no atendida– estaremos condenados a una rueda sin fin: más pobres, más presos, más calle, más miedo. Más hacinamiento carcelario, más uruguayas y uruguayos sin destino.

Por eso el anuncio del Mides no puede ser solo un compromiso de dicho ministerio. Me parece muy adecuado y necesario que contenga elementos de una política de Estado, interinstitucional, que involucre a varios ministerios y organismos: Vivienda, Salud Pública, Interior, Economía y Banco de Previsión Social, entre otros. Y tiene que hacerlo sin perder de vista los aprendizajes de nuestra propia historia. Y en tiempos acordes, no se pueden dilatar sus acciones.

Creando el Mides, el Frente Amplio supo entender que la política social no es asistencialismo, es restitución de derechos. Los anuncios actuales están a la altura de esa tradición que se inició en 2005 con el liderazgo de Tabaré Vázquez, Marina Arismendi y Ana Olivera, que continuaron compañeros de la talla de Daniel Olesker. Hubo y hay que enfrentar una batalla cultural que muchas veces se intentó caricaturizar desde las derechas, afirmando que “les damos plata para vino y celulares”, lo cual no solamente es falso, sino que además es profundamente agraviante, estigmatizante. A los pobres se los condena y se los vigila hasta en qué gastan su dinero. Y a las grandes fortunas, a los poderosos, ¿les preguntamos en qué gastan el dinero de las cuantiosas exenciones tributarias que reciben? No, faltaba más, “que eso no se dice, que eso no se toca”.

Creando el Mides, el Frente Amplio supo entender que la política social no es asistencialismo, es restitución de derechos. Los anuncios actuales están a la altura de esa tradición que se inició en 2005.

La derecha blanca y colorada, cuando gobernó entre 2020 y 2025, además de estigmatizar a los beneficiarios, denigró discursivamente al Mides. Un día sí, y otro también, anunciaron denuncias ante supuestos hechos a la Justicia, y de todas esas supuestas irregularidades “la montaña parió un ratón”. Todos recordamos, seguramente, el absurdo episodio del café vencido, y luego de sus cinco años y sus escasas soluciones hoy nos preguntamos cómo sigue el tema de los contratos con “colectivos amigos” como la relación de las anteriores autoridades con la Fundación A Ganar, por citar un ejemplo muy contundente.

Alguna vez, algunas y algunos dirigentes políticos deberán aprender que es imprescindible conectar con la gente y sus necesidades. Y que eso no se logra mintiendo o insultando en redes sociales. Para conectar hay que estar en el territorio, escuchar, ensuciarse los zapatos, meterse en los problemas. Entenderlos. Y resolverlos en tiempos necesarios; el sufrimiento de la gente no debe seguir esperando. Los tiempos de la política y los políticos deben ser los mismos que los de las necesidades acuciantes de la gente. No hay ni hombres ni mujeres políticas que vivan en la calle.

No hay ni habrá sociedades desarrolladas y con seguridad jurídica y social con pobreza y marginación. Resolver las carencias sociales es un prerrequisito para el desarrollo. La muy tristemente recordada “teoría del derrame”, “primero crecer y luego derramar”, no solamente se ha demostrado siempre falsa, sino que, además, es miserable en su propia formulación: “crecemos y distribuimos lo que sobra”.

El desprecio o propuestas literales de “barrida” de la gente en situación de calle tienen solo una diferencia de grado con prender fuego al marginal. De hecho, ha pasado en nuestro país. Cuando desde posiciones de poder se alientan estas lecturas, aparecen odiadores sistemáticos que deterioran al sistema que también los sostiene a ellos.

Lo vemos todos los días. La alcaldesa Matilde Antía, amparándose en la ley de faltas, los expulsa, los corre, los barre para el municipio de al lado. El edil Diego Rodríguez no quiere que sean cuidacoches. Y el senador Sebastián da Silva dice que hay que resolver algunas situaciones directamente a balazos. Eso no es seguridad ciudadana, es barbarie, es la derecha. Y como socialista, como frenteamplista, como cristiano, me niego rotundamente a naturalizarlo. Siempre estaré en primera fila para enfrentar estas concepciones, tan propias de la sociedad del “sálvese quien pueda”.

Medidas urgentes hoy, esperanza mañana

Tiene que quedar claro que, además de las soluciones a largo plazo que se anuncian a 2028, están presentes medidas concretas para hoy, que permitan mitigar también la erosión que genera esta problemática de convivencia en Uruguay. No podemos decirle a una persona que duerme en la calle que espere. La política tiene que ser capaz de dar respuestas inmediatas mientras construye transformaciones estructurales. Y eso vale para toda la sociedad, para las y los indigentes, para los hogares pobres, para las niñas, niños y adolescentes, para los jubilados y pensionistas, para la población en edad y condición de trabajar y que no lo está pudiendo lograr. Los vecinos que cotidianamente viven en sus barrios, ante estas realidades, también tienen su legítimo derecho de pretender cambiar su entorno. No hay contradicción allí.

Pero, mientras se tiran dardos por prensa y redes, se genera un mar de fondo peligroso. Un gran sector de la sociedad está refractario con la política. Esto atenta contra las reglas de juego. Nacen los “Bukeles”. No es comunicación. Es línea editorial. No es estética. Es ética. Siempre digo que hay que pelearse con por lo menos un factor de poder en esta sociedad injusta. Si no tocamos intereses, no hay transformación posible ni revoluciones de las pequeñas ni de las grandes cosas.

En el final, vuelvo a las personas en situación de calle. Hay que actuar de inmediato y superar la indiferencia, el “que se arreglen”, “que se vayan a otro lado”, “que la Policía los saque”. No, una y todas las veces que sea necesario diremos que no. La solución no es barrer la pobreza, es erradicarla. Y para eso necesitamos mucho más que un Mides firme o un gobierno articulado; necesitamos una sociedad que sienta propio el problema y esté dispuesta a solucionarlo.

Apoyar los anuncios con la misma energía que esperar su ejecución. No callar frente a quienes desde la oposición quieren resolver el problema de la calle escondiendo a los que la habitan o simplemente abriendo la boca ante cada micrófono que les ponen adelante. Es nuestra responsabilidad. Basta de ruido y agravios, y a las cosas, que demasiados uruguayos y uruguayas viven y sobreviven muy mal y no se les puede seguir pidiendo paciencia.

Juan Pablo Pío Guarnieri es secretario general letrado del Banco de Seguros del Estado y dirigente del Partido Socialista del Uruguay.