El desencanto rara vez se presenta como una ruptura estrepitosa, sino que suele ser un proceso silencioso, un desgaste lento por el que la realidad cotidiana empieza a ganarles la partida a las expectativas.
En el Uruguay actual, este fenómeno ha dejado de ser una sensación vaga para convertirse en un dato de la realidad. Las mediciones de opinión pública (como los datos de Factum y Equipos) muestran un punto de inflexión evidente: la aprobación del presidente Yamandú Orsi ha registrado sus niveles más bajos, situándose en el entorno del 29%, mientras que la desaprobación se consolida por encima del 46%.
Para entender esta anatomía del desencanto es necesario desarmar el mecanismo que conecta las demandas populares, las debilidades del estilo de gestión y las trampas del diseño político uruguayo.
El desencanto actual en Uruguay no es necesariamente el preludio de una crisis institucional, sino el síntoma de una sociedad madura que exige resultados concretos a un gobierno apresado en la cautela de un país dividido a la mitad.
La caída sistemática de los niveles de aprobación parece responder a una combinación de expectativas acaso sobredimensionadas, tensiones económicas acumuladas y el desgaste propio de la gestión tras la aprobación del Presupuesto Quinquenal. El regreso del Frente Amplio al poder se llevó a cabo bajo la premisa de un cambio seguro que rectificaría rápidamente los problemas de ingresos, empleo y seguridad del período anterior. Al chocar con los tiempos burocráticos del Estado y las restricciones fiscales, el votante independiente o moderado siente que las soluciones no llegan, y el entusiasmo inicial se transforma en frustración. Tampoco es que los militantes de toda la vida estén muy conformes, todo hay que decirlo.
La muy paulatina recuperación salarial y que se experimenta en la actualidad contrasta con las expresiones del equipo económico acerca de que ahora, la inflación sería excesivamente baja. A la inestabilidad en el empleo que se padece en la vida cotidiana se le responde con un cuestionamiento a una eventual medida acerca de la obligatoriedad de un preaviso de las decisiones en torno a despidos.
Las inconsecuencias en el demandado esfuerzo en inversión social del Estado contrastan con los anuncios de posibles recortes presupuestales en la próxima Rendición de Cuentas.
La gestión de la seguridad es el área más expuesta. Cuando la promesa de un abordaje integral de la delincuencia se enfrenta a las cifras de homicidios y disputas territoriales del narcotráfico que no ceden, el ciudadano común percibe una continuidad del problema más que una ruptura con el pasado. Tampoco se divisan en el futuro inmediato soluciones sostenibles a los problemas de las personas en situación de calle. Hay una emergencia social aguda para la cual no se advierten señales claras de solución estructural.
El concepto de empate conflictivo describe una situación donde dos bloques políticos e identitarios de fuerza similar (el Frente Amplio y la Coalición Republicana) se bloquean mutuamente. Ninguno tiene el poder suficiente para imponer de forma radical su agenda, lo que condena al sistema a una negociación permanente o a la parálisis. En este tablero, el estilo de liderazgo de Yamandú Orsi, cuya principal virtud histórica ha sido la moderación, el perfil componedor y el diálogo, empieza a jugar en su contra, ya que se traduce en señales dubitativas.
Si se permite que este empate conflictivo consiga prevalecer en la agenda, el resultado es deprimente, porque todo sigue como está y este proceso solo puede apreciarse con rechazo, sencillamente, porque no le sirve a nadie. Y no salimos del empate con moderación blanda, con componendas turbias y con un diálogo de sordos. Salimos del empate con opciones claras y firmes, con directivas políticas sensatas y dialogando con quienes apuesten a la negociación de buena fe.
En un sistema de empate conflictivo, para avanzar hay que arriesgar. Sin embargo, el gobierno suele emitir mensajes contradictorios para evitar confrontar. A la vez que renuncia el gobierno a denunciar el genocidio en Gaza, el presidente no tiene mejor idea que visitar un portaaviones norteamericano que pronto estará amenazando al hermano pueblo cubano. Esto no es un talante moderado, componedor y dialoguista; esto es la mejor manera de quedar simultánea y estentóreamente mal con todos.
Al intentar gobernar para el centro del electorado y mantener puentes con la oposición en un clima polarizado, el Ejecutivo diluye la identidad de sus reformas. El resultado son políticas públicas híbridas o lavadas que la militancia de izquierda vive como una renuncia programática y la oposición califica de débiles o improvisadas. Esa falta de dirección clara es lo que la ciudadanía decodifica como duda o debilidad.
Pero hay que recordar que, ante todo, el compromiso de la fuerza política es con el cambio, antes que la componenda, con el desarrollo social antes que las concesiones a los consabidos malla oro, con la justicia social antes que con la preservación de los equilibrios socioeconómicos.
Cuando los ciudadanos nos sentimos defraudados por el gobierno que elegimos (y por el rumbo general del país), el mayor peligro para la democracia no es la protesta, sino la apatía y el cinismo. Porque sabemos que no todos, en política, somos lo mismo. En una democracia de alta densidad institucional como la uruguaya, el desencanto debe transformarse en señales cívicas activas. La ciudadanía, a través de las organizaciones sociales, sindicatos, comités de base o redes vecinales, debe fiscalizar el cumplimiento de los compromisos programáticos.
El desencanto constructivo implica recordarle al gobernante que su legitimidad depende del efectivo cumplimiento de los compromisos programáticos que contrajo, no de su carisma. El desencanto actual en Uruguay no es necesariamente el preludio de una crisis institucional, sino el síntoma de una sociedad madura que exige resultados concretos a un gobierno apresado en la cautela de un país dividido a la mitad.
Néstor Casanova es arquitecto.