La semana pasada, los partidos Nacional, Colorado e Independiente anunciaron su decisión de no participar en el cuarto Congreso Nacional de Educación (CNE) que se realizará este año. Alegaron que el “formato históricamente dado” al CNE, desde 2006, “constituye un instrumento inadecuado para cumplir funciones de consulta y asesoramiento en materia de política educativa”. Su diseño, dijeron, “responde a una lógica mayormente corporativa, estructurada con base en mayorías organizadas que otorgan predominio a espacios fuertemente ideologizados, generando un ámbito que tiende a sustituir o condicionar indebidamente las responsabilidades propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de las legítimas autoridades”.

Además, afirmaron que la decisión política frenteamplista de “asignarle carácter vinculante” (de cumplimiento obligatorio) a lo que decida el congreso “implica trasladar responsabilidades propias de los representantes electos –parlamentarios y autoridades de gobierno en la educación– hacia un órgano que carece de legitimidad democrática directa para adoptar decisiones de carácter resolutivo”.

En realidad, solo serán vinculantes las resoluciones adoptadas por una mayoría muy amplia, de dos tercios, tanto en las asambleas territoriales, cuyo comienzo se prevé para el mes próximo, como en la comisión coordinadora del congreso y en su plenario final. Es posible copar alguna asamblea local (lo hicieron, en el tercer CNE de 2017, grupos militantes contra la educación sexual), pero no es viable copar dos tercios del total de los representantes en el plenario. La decisión de no participar tiene un fundamento ideológico.

Ordeno y mando

Cuando el congreso de 2017 estaba cerca de concluir su fase de asambleas territoriales, el directorio del Partido Nacional (PN) consideró la posibilidad de retirarse y recibió un informe de su representante en la comisión organizadora, Pablo da Silveira. En aquel momento, Da Silveira dijo a la diaria que la decisión de participar se había adoptado pese a “una muy mala evaluación de los dos primeros congresos”, porque al nacionalismo le importaba la educación y quería “aprovechar todas las oportunidades para tratar de incidir” en el área.

También comentó, por motivos difíciles de desentrañar, que le parecía una “cosa bastante leninista” el procedimiento de “hacer asambleas territoriales y después un gran congreso”, pero acotó que no se trataba de cuestionar que el gobierno pusiera en práctica su concepción del CNE, sino de “complementarlo con otros aportes”.

Luego, Luis Lacalle Pou ganó las elecciones, y la ley de urgente consideración (LUC) aprobada en 2020 eliminó la obligación de convocar por lo menos un CNE en cada período de gobierno. Da Silveira, convertido en ministro de Educación y Cultura, sostuvo en 2021 que los tres congresos realizados durante los gobiernos del FA habían sido exhibiciones de fuerza sindicales, ajenas al criterio de que “en una república gobiernan los representantes de los ciudadanos” y que las autoridades no habían tenido tiempo para pensar “de qué manera sería mejor organizar un CNE” en ese contexto, porque la pandemia las había tenido muy ocupadas.

Finalmente, no se convocó al CNE durante el mandato de Lacalle Pou. Lo que sí se hizo fue eliminar los consejos de cada rama educativa con representación docente y sustituirlos con direcciones unipersonales. La fundamentación fue, una vez más, que había que reservarles la conducción a “los representantes de los ciudadanos”, y más precisamente a los del oficialismo.

Ni me puedes ver

En algunos sindicatos de la educación está muy arraigada la idea de que lo mejor sería una conducción con mayoría de quienes representan al sector docente. La posición del gobierno frenteamplista no es esta, pero tampoco es, por supuesto, la que expresa Da Silveira y predomina en el PN.

El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, dijo el lunes en la diaria Radio que el CNE es un congreso “ciudadano” en el que puede participar cualquier persona, sea o no integrante de partidos, cámaras empresariales, sindicatos u otras organizaciones sociales, incluyendo a las cooperativas, a las comunidades religiosas y a instituciones deportivas y culturales. La idea es que logre acuerdos para aportar grandes lineamientos estratégicos, cuya instrumentación quedará a cargo de los organismos estales correspondientes.

Si un partido de la oposición no participa, renuncia a plantear sus posiciones. Abandona el papel democrático de una minoría que cuestiona, pero que también escucha y construye alianzas en un escenario de diversidad.

Es difícil discernir en qué medida esta deserción de la “batalla cultural” se debe a una actitud pusilánime o al fanatismo. Hay quienes no creen que sea posible lograr acuerdos en el CNE, porque les parece que ante cada problema, sea barrial o planetario, solo caben dos posiciones, la propia y la del enemigo.

Así, no se permiten siquiera la curiosidad, motor indispensable del aprendizaje desde la educación preescolar hasta la especialización académica y también en la política.