En su edición del 10 de mayo, El País informó sobre una “guerra” en la que empresas pequeñas y medianas que integran el Plan Vale para el reciclaje de envases acuden a la Justicia y el Ministerio de Ambiente (MA), a los efectos de evitar firmar una nueva adhesión conteniendo –entre otras cosas– cláusulas consideradas “abusivas”, “gravosas” e “ilegales”. Debido a diferentes acciones de rechazo y múltiples manifestaciones contra las exigencias planteadas, el MA ha prorrogado el plazo en que saldrá a controlar qué empresas han adherido al plan.
Son al menos cinco los estudios jurídicos que asesoran a diferentes grupos de empresas sobre cuáles son los posibles pasos a seguir. Los principales puntos que se cuestionan son: la obligación de firmar un contrato a 15 años, incluso si el plan se extingue; de que sea solidario, en el sentido de que si alguien deja de pagar el resto del costo se deba cubrir mediante una cuota adicional; y que la cuota será mucho más alta, incierta y puede subir en cualquier momento. Además, voceros de estas empresas, señalan la “ausencia de mecanismos claros de gobernanza”, “falta de transparencia”, que “no tienen ni voz ni voto” y que “les pedís datos y no te dan nada”. De las 3.500 empresas adheridas, al mes de abril habrían firmado unas 500, de las cuales algunas lo hicieron “bajo protesto”, un figura jurídica usada en el derecho financiero.
El estudio Delpiazzo Abogados, que representa a 69 empresas, directamente promueve una acción cautelar de carácter colectivo ante el Poder Judicial. Pérez del Castillo & Asociados defiende a diez empresas y va por el diálogo, pero no descarta una acción de amparo, porque considera “una locura” ciertas condiciones. Consultores Legales Asociados asesora a 15 empresas, en su mayoría pequeñas, y habla de obligaciones que “ponen nervioso a cualquiera”, “situación desleal” y de “una caja de pandora”. Hughes & Hughes, que asesora a diez empresas, pide se reformulen las condiciones del financiamiento, el que se debe aprobar. Un quinto estudio, representando a 35 empresas, prefirió el anonimato ante el medio que difundió la noticia, dice que las empresas pequeñas quedaron “colgadas de un pincel” porque le dijeron “firme o muera”. Entre los múltiples reclamos se destaca uno nada menor: que el Estado salga de “garantía”. Considero que esto sería el colmo, pero tal como viene de mal barajado desde hace muchos años este tema, es probable que el gobierno ceda también en esto.
Por su parte la Asociación de Importadores de Almacén envió una nota a los ministros de Ambiente y Economía, Edgardo Ortuño y Gabriel Oddone, respectivamente, estableciendo que “no corresponde una readhesión” y que no han visto en estos años “avances significativos” en la trasparencia y la gobernanza del plan, a la vez que piden reglamentar la ley de residuos de 2019. En tanto, la Cámara de Ferreterías, Pinturerías y Afines, habla de “cosas inconstitucionales, ilegales y abusivas” y que “van a llover las denuncias”.
El Plan Vale es administrado por un fideicomiso constituido en octubre de 2024 y es gestionado por una comisión directiva integrada por diez miembros, cinco por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), cuatro representantes de empresas elegidas entre las 20 mayores aportantes, y uno por todo el resto de empresas adheridas. Se trata de una iniciativa de la CIU que comenzó a instrumentarse sobre la base de lo acumulado por los planes de gestión de envases creados en el marco de la ley de envases, aprobada en 2004, reglamentada en 2007, que diera comienzo en enero de 2007 en Canelones, y que en el transcurso de los años fue llegando a los departamentos de Maldonado, Montevideo, Rivera, Flores y Rocha. En 2022, lejos de reglamentar la Ley Integral de Residuos de 2019, el entonces ministro de Ambiente Adrián Peña emitió las resoluciones 563 y 667 que aprueban el Plan Vale [Plan para la Valoración de Envases y Materiales de Envasado].
Para llevar adelante este plan se tomó un crédito bancario por 50 millones de dólares que permitiría contar con toda la infraestructura necesaria para recuperar –según dicen– un 50 % del total de los residuos de envases generados. Sobre este punto, las empresas nunca han cumplido ni remotamente con las metas fijadas y, en el caso más que dudoso de que la alcancen, el restante 50% –para el que no hay propuesta alguna– significa un problema ambiental importante que tendrán que seguir asumiendo los servicios de limpieza y recolección. Que se recupere más o menos dependerá fundamentalmente de la voluntad de la gente y de la cantidad de envases incluidos en la tasa de reembolso prevista para los envases de un solo uso, algo imposible de poder estimar, pero que será bajo, ya que pocos serán los envases incluidos en la lista de envases con depósito de reembolso, no será posible reembolsarlo en todos los lugares que uno hizo la compra y se tratará de tan solo entre tres y cinco pesos, en un país donde un boleto urbano sale 64 o 52 pesos, según como se pague.
El Plan Vale hace campañas mediáticas, participa en exposiciones y ahora, pasados más de tres años de promesas incumplidas, nos muestra esta especie de implosión, la que servirá de chicana o excusa que dilatará aún más el comenzar con el señalado reembolso de algunos envases de un solo uso, a los efectos de ser recuperado para ser reciclado. No se les dará un segundo uso en igual función, como ocurre con los envases retornables, que valga decir se recuperan en más en más de un 95%. Seguimos sin conocer la lista de los envases de un solo uso que tendrán un depósito de reembolso, aunque sabemos que serán los menos. Lo poco que se puede suponer es que estarán incluidas las botellas y bidones de polietileno tereftalato, las que ya no irán a los clasificadores, sino directamente para reciclaje a la empresa Ecopet, ubicada en Pando, comprada por el grupo mexicano Envases Universales, quien también adquirió Cristalpet, industrias estrechamente vinculadas a Coca-Cola, todas ellas grandes beneficiarias del envase de un solo uso.
Ha sido un gran error del gobierno y su Ministerio de Ambiente haber delegado en el Plan Vale la gobernanza de residuos de envases y en particular pensar, por ejemplo, que esto descongestionará lo que llega a los sitios de disposición final.
Ha sido un gran error del gobierno y su MA haber delegado en el Plan Vale la gobernanza de residuos de envases y en particular pensar, por ejemplo, que esto descongestionará lo que llega a los sitios de disposición final, como repite el ministro Edgardo Ortuño y autoridades ambientales de varios departamentos. Si bien los envases de un solo uso son un enorme flagelo ambiental, porque son más de dos millones diarios que se vuelcan al mercado y su grado de dispersión es muy elevado, los problemas de contaminación y desborde en los vertederos de basura se debe a otras fracciones de residuos que también crecen de modo importante: escombros y otros restos de construcción, restos de jardinería y podas, muebles de todo tipo, electrodomésticos (heladeras, cocinas y otros), artículos electrónicos (televisores, pantallas y otros), indumentaria diversa, residuos del agro y de la industria, pañales y otros sanitarios, y desechos de alimentos elaborados y no elaborados.
En marzo, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió al plan como una política de Estado. Lamentablemente lo es, pero eso no quiere decir que sea una buena cosa, porque es la misma política que se viene desarrollando desde hace más de dos décadas, incluso con las mismas personas al frente, y que ha llevado a un rotundo fracaso en materia de gestión de residuos, cosa que ahora se reconoce, aunque solo en parte y por conveniencia. Se sigue el mismo camino, dejar la gobernanza de las distintas fracciones de residuos en mano de las industrias que los generan, bajo la denominada responsabilidad extendida del productor, una muy mala idea traída del exterior, la que no establece multas ni sanción alguna en caso de que las empresas no cumplan con las metas fijadas de recuperación.
Los planes de gestión de envases implementados en el marco de la ley de envases, así como su fideicomiso privado, pasaron ipso facto a ser el Plan Vale. Y por más que se trate de disimular y negar, sin mucha vuelta se sepultó la Ley Integral de Residuos impulsada y aprobada por el Frente Amplio en 2019, algo que alguien algún día deberá explicar. Esta ley, que nunca fue reglamentada, preveía –entre otros asuntos– que el Estado se hiciera de la gobernanza del plan y de los ingresos provenientes del cobro de Imesi a los envases de un solo uso, por una cifra anual que se estimaba entre los 80 y 100 millones de dólares, con los que el gobierno haría frente a un problema ambiental que no deja de crecer.
Aniquilada la ley, el Estado no dispondrá de nada, los fondos los seguirá manejando a su voluntad un nuevo fideicomiso que tuvo su origen en el que creó la CIU en setiembre de 2011 para administrar los planes de gestión de envases. Por si esto fuera poco, se presiona a las intendencias a gastar su dinero (nuestro dinero) en reciclar algo que es a pérdida y por normativa no es su responsabilidad, sino la de las empresas generadores del residuo.
El Plan Vale beneficia casi exclusivamente a un grupo de multinacionales entre las que se destacan Coca-Cola y Danone (propietaria de Salus e industrias lácteas), las que se han visto obligadas a realizar “campañas verdes” e inventar iniciativas para limpiar una imagen que cada día un poquito más, se les vuelve gris, no del color que pretenden. El gobierno dejó al zorro cuidando del gallinero, es imposible pensar que esto va a terminar bien.
Una de las medidas de fondo para resolver el problema de los envases descartables sería volver a lo que predominaba hace treinta años atrás, aún presente, pero en menor medida: el envase retornable, cuyo valor de unos 25 pesos hace que casi todas las botellas vuelvan por los mismos canales de venta. Pero claro, allí las multinacionales, fundamentalmente de la alimentación y la bebida, dejarían de ganar muchísimo dinero, porque en definitiva para ellas el envase de un solo uso es también parte importante de un negocio que implica traspasar múltiples costos a los consumidores, las intendencias y el ambiente en general.
Jorge Solari fue edil departamental de Montevideo por El Abrazo 949, Frente Amplio.