En los últimos días, la prensa uruguaya difundió versiones sobre un posible acuerdo para la deportación de personas migrantes desde Estados Unidos a Uruguay. De forma no oficial, varios integrantes del gobierno confirmaron que esas negociaciones llevan meses, e intentaron presentar la iniciativa como un gesto humanitario, en consonancia con una tradición de acogida de personas migrantes y refugiadas de Uruguay.
Sobre los supuestos en los que se asienta la idea romantizada de un país acogedor y sus correlatos con la realidad de las personas migrantes de ayer y de hoy habría mucho que decir, pero no es el foco de esta columna. Nos interesa detenernos en las diferencias entre la defensa de los derechos de las personas migrantes y lo que está sucediendo en el acuerdo entre Uruguay y Estados Unidos, que es exactamente lo contrario.
El mundo es un lugar cada vez más hostil para quienes migran. Los obstáculos que antes se concentraban en las fronteras entre estados hoy se despliegan a lo largo del territorio de diversos países, que reciben financiamiento y directrices de las potencias del Norte global para detener a las personas migrantes antes de que alcancen esos límites territoriales. Este proceso, conocido como externalización de fronteras, lleva varias décadas consolidándose y permite comprender los episodios recientes en la frontera de Ceuta y Marruecos o las múltiples formas de violencia que enfrentan las personas migrantes en México.
Un segundo proceso, más antiguo pero que ha cobrado una fuerza extraordinaria en los últimos años, es la criminalización de las personas migrantes. Consiste en presentar la migración como una amenaza para las sociedades de destino y asociarla a fenómenos delictivos, como el crimen organizado o el narcotráfico, convirtiendo a las personas migrantes en chivos expiatorios de problemáticas sociales complejas. Esta narrativa legitima el despliegue de políticas represivas que desconocen las garantías de protección de los derechos humanos y pueden derivar en formas extremas de deshumanización.
Demás está decir que ni el control ni la criminalización evitan los desplazamientos, sino que los precarizan, generando violencias múltiples y transformando la migración en un negocio para redes criminales de tráfico de personas.
El ejemplo más acabado de este tipo de políticas es el impulsado por el régimen de Donald Trump. Las personas migrantes son perseguidas y detenidas en función de criterios arbitrarios; en algunos casos, niños y niñas son utilizados para atraer a sus familiares a la salida de las escuelas, en sus hogares o en la vía pública. Las familias son separadas y arrancadas del lugar donde han construido sus vidas: donde trabajan y estudian, donde pagan impuestos y contribuyen al desarrollo económico y social, donde sueñan y proyectan su futuro y donde han vivido durante dos, cinco, 10, 20 o más años. En definitiva, del lugar en el que tienen derecho a permanecer.
Una vez tomadas por la fuerza, las personas migrantes son trasladadas a centros de detención o deportadas, en muchos casos, a terceros países con los que no guardan ningún vínculo de nacionalidad o residencia. Estos estados, que reciben financiamiento y directrices para desempeñar ese papel, se convierten en una pieza central del dispositivo de control migratorio. Esta modalidad, conocida como externalización de la gestión migratoria, representa una nueva vuelta de tuerca en los procesos de externalización: ya no solo busca impedir que las personas alcancen determinadas fronteras, sino también distribuir entre distintos países las tareas de detención, confinamiento y deportación.
La negociación que hoy lleva adelante el gobierno uruguayo consiste exactamente en eso: realizar la gestión offshore de las personas arbitrariamente detenidas, sentando un precedente absolutamente reñido con las “mejores tradiciones de hospitalidad” del país y transformándolo en un peón de las políticas migratorias llevadas adelante por Estados Unidos. Lejos de constituir una vía para el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, es una forma de colaborar con una política de securitización fronteriza y criminalización de las migraciones.
¿Y qué pasa con las personas?
Es cierto que hay muchísimas personas en centros de detención y que, de hecho, no podemos saber con exactitud cuántas son ni en qué condiciones se encuentran; eso no se puede perder de vista a la hora de evaluar cualquier acción. Sin embargo, son escasos los datos oficiales con los que contamos sobre la participación de Uruguay en estos procesos de deportación.
A pesar de que vivimos en un estado democrático, no sabemos bajo qué condiciones se están llevando las actuales conversaciones entre gobiernos y cuál será la contrapartida que reciba Uruguay por traer a esas personas. Tampoco sabemos cómo llegarán, con qué tipo de documentación, si contarán con algún acompañamiento para insertarse en un lugar al que no eligieron venir luego de ser arrancados del país en el que estaban construyendo su vida. ¿Podrán salir del país? ¿Podrán circular libremente por el territorio? ¿Qué pasa con sus familias?
La negociación que hoy lleva adelante el gobierno uruguayo consiste en realizar la gestión offshore de las personas arbitrariamente detenidas, sentando un precedente reñido con las “mejores tradiciones de hospitalidad” del país.
Podría pensarse que la oposición a las negociaciones con Estados Unidos significa sobreponer intereses políticos a sus realidades concretas. ¿Acaso no sería mejor para estas personas ser trasladadas a otro país –por ejemplo, Uruguay– que estar presas? ¿No fue esta una de las pocas alternativas que muchas personas de nuestro país y de otros países del Cono Sur tuvieron para salvaguardar su integridad y su vida durante el período autoritario? ¿No tenemos una obligación ética de hacer lo mismo en este contexto y este período histórico?
La articulación entre personas comprometidas, organizaciones sociales y terceros estados solidarios permitió salvar muchas vidas durante el terrorismo de Estado y las dictaduras en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Del mismo modo, es posible que la única respuesta que encuentren hoy las personas migrantes afectadas por las políticas migratorias de Donald Trump provenga de la solidaridad internacional. Pero esta debe surgir, como entonces, de la condena a esas políticas y a las violaciones de derechos humanos que implican, nunca de una negociación diplomática mediada por intereses comerciales o demográficos.
En definitiva, colaborar con un régimen que criminaliza la migración y considera que las personas pueden ser tratadas como mercancías para ser distribuidas entre distintos estados, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes son expulsados, implica formar parte de una política de control migratorio que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos desechables.
Ni tan buenos, ni tan malos
Si bien la política migratoria uruguaya está muy lejos de asemejarse a la de los países del Norte global o a la de algunos países de América Latina, no permanece ajena a las tendencias contemporáneas de restricción y control de la movilidad humana. Un ejemplo de eso es la exigencia de visa para ciudadanos y ciudadanas de Cuba y de República Dominicana, dos de los principales países de origen de la migración reciente hacia Uruguay.
La imposición de la visa actúa como un dispositivo que precariza la movilidad y empuja a las personas a travesías por todo el continente, en las que son expuestas a múltiples formas de abuso y violencia. Sin visa, el viaje migratorio es más caro y más peligroso, particularmente para mujeres, niños y niñas. El Estado uruguayo es quien genera esos riesgos al hacer inalcanzables los requisitos para la obtención de la documentación necesaria y tiene en sus manos la posibilidad de resolverlo. Al llegar al país, el hecho de no portar la visa hace que los trámites de regularización sean más complejos, más largos y más costosos. Su exigencia actúa como un productor de desigualdades en el acceso a derechos, con base en una estratificación entre grupos de migrantes a los que les es requerida y aquellos que no, produciendo trayectorias migratorias y procesos de inclusión muy desiguales, con personas de primera y segunda clase.
Si la preocupación del Estado y del gobierno nacional es el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, una forma de accionar, coherente con esta preocupación, sería la eliminación de ese requisito, que, por otra parte, recae en personas originarias de países del Sur global, racializados y con economías empobrecidas.
Si tiene interés en colaborar con la protección de derechos más allá de sus fronteras nacionales, cualquier acción debe estar orientada por los principios de la solidaridad internacional, la protección de los derechos humanos, y la condena fuerte, alta y clara a los gobiernos que niegan y violentan esos derechos.
Magdalena Curbelo y Pilar Uriarte son docentes de la Universidad de la República, especializadas en temas migratorios.