La izquierda uruguaya puede exhibir con orgullo una larga tradición de lucha por la igualdad. Durante décadas instaló en la agenda pública la necesidad de distribuir mejor la riqueza, fortalecer el Estado, ampliar derechos laborales, consolidar la seguridad social y construir un sistema de protección capaz de garantizar condiciones materiales de vida más dignas. Esa tradición permitió que Uruguay desarrollara algunas de las políticas sociales más robustas de América Latina y que la desigualdad dejara de ser considerada un fenómeno inevitable para convertirse en un problema político.
Ese legado sigue siendo imprescindible. En un contexto de crecimiento económico moderado, de transformaciones tecnológicas profundas y de persistencia de desigualdades estructurales, la redistribución económica continúa siendo una condición necesaria para construir una sociedad más justa. Sin embargo, quizás haya llegado el momento de preguntarnos si esa condición sigue siendo suficiente.
Buena parte de las discusiones programáticas de la izquierda continúa organizándose alrededor de una pregunta central: ¿cómo distribuimos mejor los recursos? Es una pregunta fundamental, pero no es la única. Existe otra, menos frecuente y probablemente más incómoda: ¿cómo distribuimos mejor el poder?
Si aceptamos que la desigualdad también es una desigualdad de poder, entonces el desafío de democratizar la sociedad adquiere una profundidad distinta. Ya no alcanza con preguntarnos cómo distribuimos mejor los recursos; también debemos preguntarnos cómo transformamos las relaciones sociales que permiten que unos ejerzan dominación sobre otros.
Estas relaciones de poder no operan únicamente en las grandes estructuras económicas o institucionales. Se reproducen cotidianamente en los vínculos familiares, en las relaciones entre varones y mujeres, en las dinámicas de los barrios, en los espacios educativos, en los lugares de trabajo y en las formas de organización comunitaria. Allí se define, muchas veces de manera silenciosa, quién puede decidir, quién tiene capacidad de iniciativa, quién logra hacerse escuchar y quién queda sometido a la voluntad de otros.
Mirar la realidad desde esta perspectiva permite comprender que problemas aparentemente muy distintos comparten un mismo trasfondo: expresan formas de concentración del poder que limitan la autonomía de las personas y debilitan la democracia en la vida cotidiana. Por eso, democratizar la sociedad supone intervenir sobre esas relaciones.
La violencia basada en género constituye probablemente la expresión más evidente de esta realidad. Durante las últimas décadas, Uruguay avanzó significativamente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Se fortaleció la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo y el proyecto de vida, se cuestionó la histórica distribución desigual de los cuidados, se reconoció que la violencia de género no era un problema privado, sino una responsabilidad pública, y se promovieron transformaciones que buscaron ampliar las condiciones para una participación más igualitaria en la vida social. Sin embargo, la persistencia de la violencia demuestra que la igualdad jurídica y las mejoras materiales, siendo indispensables, no transforman por sí mismas las relaciones de poder. Como ha señalado Rita Segato, la violencia funciona también como una pedagogía de la dominación: no solo produce daño, sino que reproduce jerarquías y enseña quién puede mandar y quién debe obedecer. Sin autonomía económica, redes comunitarias, capacidad efectiva para decidir sobre la propia vida y transformaciones culturales que cuestionen esas relaciones, la igualdad encuentra rápidamente sus límites.
Algo semejante ocurre, aunque bajo formas completamente distintas, con el avance del narcotráfico en numerosos barrios del país. Solemos analizarlo principalmente como un problema de seguridad pública, cuando también expresa una disputa por el poder social. El narcotráfico no solo comercializa sustancias: organiza la vida cotidiana, construye autoridad, regula conflictos, administra recursos, construye legitimidad e impone normas de convivencia. Allí donde se debilitan las instituciones públicas y las organizaciones comunitarias, otros actores ocupan ese espacio y reconfiguran las relaciones de poder.
Por eso la respuesta no puede limitarse al fortalecimiento de la capacidad represiva del Estado. También exige reconstruir las capacidades de organización de las comunidades. Cuando una comisión barrial desaparece, cuando una cooperativa se debilita o cuando los vecinos dejan de reunirse porque tienen miedo, no solo se deteriora el tejido social. Se redistribuye el poder en favor de quienes encuentran en el miedo, la dependencia y la fragmentación las condiciones para ejercer su dominación.
Ya no alcanza con preguntarnos cómo distribuimos mejor los recursos; también debemos preguntarnos cómo transformamos las relaciones sociales que permiten que unos ejerzan dominación sobre otros.
Quizás este sea uno de los desafíos más importantes que enfrenta hoy la izquierda uruguaya. Durante décadas aprendimos a construir políticas para redistribuir riqueza. Ahora necesitamos desarrollar una agenda igualmente ambiciosa para democratizar las relaciones de poder que atraviesan la vida cotidiana.
Eso implica fortalecer aún más las organizaciones sociales, promover la participación efectiva de las comunidades, ampliar la autonomía económica y simbólica de las mujeres, recuperar los espacios públicos como lugares de convivencia, consolidar redes de cuidado, fortalecer el cooperativismo, desarrollar formas de democracia participativa y construir instituciones capaces de generar pueblo movilizado y no únicamente protección.
Existen experiencias que muestran que esta perspectiva no es una abstracción. Las cooperativas sociales no distribuyen únicamente ingresos; distribuyen también poder al sustituir la lógica de la subordinación por la de la decisión colectiva. En la misma dirección, la apuesta del Ministerio de Desarrollo Social por una estrategia de “Más Comunidad” expresa la convicción de que el desarrollo social no puede reducirse a la provisión de prestaciones, sino que debe fortalecer la organización, los vínculos y la capacidad de acción de las comunidades.
Esta reflexión no pretende cuestionar la centralidad de la redistribución económica. Sin igualdad material no hay democracia plena. Pero la experiencia demuestra que tampoco alcanza con distribuir mejor la riqueza si permanecen intactas las relaciones sociales que concentran el poder. Allí donde las personas continúan sin capacidad efectiva para incidir sobre su propio destino, las desigualdades tienden a reproducirse bajo nuevas formas.
Tal vez uno de los próximos pasos del proyecto frenteamplista consista precisamente en integrar ambas dimensiones. No pensar la redistribución del ingreso y la democratización del poder como agendas separadas, sino como dos expresiones de un mismo proceso emancipador.
Porque, en última instancia, todo proyecto político es juzgado también por su capacidad para alterar las relaciones de poder existentes. Cuando deja de disputar esas relaciones, comienza a ser percibido como incapaz de transformar la realidad y de ofrecer respuestas a los problemas que busca enfrentar. En definitiva, cuando un proyecto político emancipador no altera las relaciones de poder, son esas mismas relaciones las que terminan alterando el proyecto político.
Nuestro horizonte histórico nunca fue el de simplemente administrar con mayor justicia el orden existente. Fue ampliar la democracia haciendo que cada vez más personas y comunidades dispusieran de las condiciones materiales, políticas y culturales para convertirse en protagonistas de su propia historia. Renunciar a esa vocación no significa únicamente limitar el alcance de las transformaciones; significa aceptar que los límites del poder existente definan también los límites de nuestro propio proyecto.
Nicolás Lasa es licenciado en Psicología y director nacional de Desarrollo Social.