El Congreso Nacional de Educación está terminando su primera etapa, que es la concreción de asambleas territoriales en todo el país. El mínimo de participantes en zonas urbanas es de 15 personas, y de diez en zonas rurales, y, según informó a la diaria la integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) Laura Motta, a esta altura se han realizado 71% de las asambleas planificadas en el interior y 72% de las previstas en la capital: de aquí al 30 de octubre se convocará a las cerca de 70 asambleas que faltan. La gran mayoría de los departamentos optó por usar la prórroga de una semana que dio la comisión organizadora del Congreso. Sobre la participación en las asambleas, Motta mencionó que hubo realidades diversas: “algunas alcanzaron el cuórum de 15, y otras lo superaron ampliamente”. En relación con la cantidad de asambleas, la consejera de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) contó que van 170; “estamos por encima del congreso anterior”.

En el transcurso de noviembre serán los plenarios departamentales, donde delegados de cada asamblea presentarán lo discutido.

El Congreso de Educación fue uno de los temas que se trataron ayer en la sesión del directorio del Partido Nacional (PN), que recibió un informe de su representante en la comisión organizadora del Congreso, Pablo da Silveira. El coordinador de programa de los nacionalistas dijo a la diaria que en la primera sesión de la comisión, en noviembre de 2016, presentó un documento con la posición del PN y siete propuestas respecto de la organización del congreso, documento que se demoró en poner a consideración, tras lo cual “la mayoría de las propuestas fueron rechazadas”. Según comentó Beatriz Argimón, integrante del directorio del PN, ante esta demora ayer se planteó la voluntad de retirarse de la organización, por lo que se evaluará la situación con los legisladores blancos que integran las comisiones de educación en el Parlamento.

Da Silveira comentó que el directorio había resuelto participar “porque nos importa la educación y queremos aprovechar todas las oportunidades para tratar de incidir” en el área, si bien cuando se discutió el tema surgió “una muy mala evaluación de los dos primeros congresos”. “La estrategia no era cuestionar lo que se hace, esa cosa bastante leninista de hacer asambleas territoriales y después un gran congreso, porque el gobierno pone en práctica su concepción de cómo debe ser el congreso, sino complementarlo con otros aportes, que no provinieran de ese esquema piramidal de asambleas”, explicó Da Silveira. El dirigente mencionó que las propuestas planteadas en la comisión fueron: que los legisladores de las comisiones de educación del Parlamento fueran quienes presidieran la mesa de la sesión plenaria del congreso, que dicha sesión se hiciera en febrero para que generara “menos distorsión” con los cursos, y que uno de los temas del congreso fuera aportar ideas para “un plan de emergencia de la educación de acá a 2020”, propuestas que fueron rechazadas. Por otra parte, el PN planteó que durante el plenario el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) haga una presentación sobre el estado de la educación, que también expertos de las universidades públicas y privadas pudieran hacer planteos a los delegados y que, de forma simultánea a la realización de la sesión plenaria, se organizara una feria de experiencias educativas innovadoras. Estas propuestas se aceptaron, aunque, según Da Silveira, la feria “difícilmente se podrá organizar”.

Motta dijo que en la comisión el PN no hizo ningún planteo sobre retirarse, y comentó que “se tomaron algunas de las propuestas que traía el PN”. Mencionó que se está trabajando sobre la organización de la feria de experiencias innovadoras, que también hubo acuerdo en que el Ineed haga una presentación en el plenario y que también se acordó que cada una de las instituciones que integran la comisión organizadora nombre a especialistas para organizar conferencias sobre los ejes del congreso, el sábado anterior al plenario. “Siempre importa que participe la mayor cantidad de gente posible, agrupada en determinada asociación, como lo es un partido político; son autoexclusiones que, la verdad, si fuera el caso, sería una pena”, opinó la consejera.