Auge y declive del progresismo

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Balance y perspectivas de los progresismos

Avances sociales, reformas estructurales, cambios culturales. Fin de ciclo, derrotas, parates, fracasos puntuales, continuidades. Se puede caracterizar de muchas maneras la suerte de los progresismos de la región en el siglo XXI. El propio término “progresismo” no tiene una definición unívoca, como tampoco es clara su relación con las izquierdas. Este mes, en Dínamo, nos abocaremos a realizar balances del período que sirvan de base a nuevas concepciones y propuestas de transformación social.

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“El éxtasis progresista y spenceriano en que estaba sumido le impidió comprender que la bondad de las instituciones era fruto de la prosperidad económica que el Uruguay gozaba. [...] El que crea que el Uruguay logrará substraerse de la gran crisis universal y salir indemne de estos nuevos tiempos de ‘tormenta y pasión’, es un pobre iluso. Y más pobres y más ilusos aun los que piensan que van a congelar la vida del país en formulismos jurídicos anacrónicos”.

Aníbal Anzaga, “El Uruguay frente a las dos revoluciones mundiales”. (Marcha, 7/12/1951)

Parecería que en Uruguay los procesos regionales se presentan de forma amortiguada y diferida. Mientras la región se precipita rápidamente hacia el ajuste, Uruguay aún parece caminar sobre suelo estable, lo que alimenta el viejo relato de la excepcionalidad uruguaya, hoy revisitado bajo la idea del “desacople”. Pero al igual que Anzaga, no creemos factible salir indemnes de estos tiempos de “tormenta y pasión” que abaten al continente. Por el contrario, están empezando a saltar las costuras de la modalidad progresista de gestión del capitalismo uruguayo. Autoconvocados, decretos antipiquetes y de esencialidad, ajuste fiscal en 2016, tendencia al congelamiento real del presupuesto nacional son algunos de los fenómenos que traslucen este proceso.

Esta es la primera idea que queremos presentar en este artículo. Se está procesando el desborde del régimen sociopolítico poscrisis 2002 (que podemos denominar progresista), que es a su vez una etapa más del régimen que inaugura el Pacto del Club Naval y que estabiliza la transición histórica que abre la dictadura militar.

La segunda idea, ya saliendo del diagnóstico, es que se está abriendo una etapa de disputa por el producto social pautada por el modo en que se distribuye el ajuste, disputa que cada vez más aparece atravesada por la tensión entre privilegios y derechos.

La economía política

Uruguay es un país cuya inserción internacional lo hace particularmente sensible a las variaciones de los precios de los commodities, o, lo que es similar para el caso, de la renta de la tierra. En las fases de renta alta crece el Producto Interno Bruto, suben los salarios, se reduce el desempleo y se amplía el Estado. Cuando la renta baja, comienza una fuga hacia adelante que primero recurre a las reservas internacionales, luego al endeudamiento interno y externo y, cuando estas fuentes se agotan, se avanza sobre el precio de la fuerza de trabajo y el gasto público en general. Este movimiento suele presentarse en el marco de una situación de crisis y es el contenido de lo que se conoce como “ajuste estructural”.

La agonía del neobatllismo, que comenzó en la segunda mitad de la década de 1950 con el fin del boom de commodities de posguerra y se prolongó por casi 20 años, se resolvió con la reestructuración impulsada por los militares. Una vez reducido el salario a la mitad y liberalizados diversos sectores de la economía, el partido militar fue llamado de regreso a los cuarteles. La retirada se negoció en el Pacto del Club Naval, que garantizó una transición “armónica y sin revanchas”. El mensaje fue claro. La impunidad trasunta el reconocimiento a los militares por el trabajo realizado.

Si el batllismo –en sus dos variantes históricas– expresó la necesidad de calificar y proteger a una clase trabajadora industrial en expansión, el neoliberalismo expresará su contrario: abaratar los costos del capital ante la fragmentación y descalificación generalizada de la clase trabajadora. Desde esta lente se puede entender cómo partidos que otrora fueran los paladines de la regulación social y la expansión del Estado se convirtieran luego en paladines del “achique del Estado”.

Pero ni la expropiación de salarios, ni la patria de las SAFI (sociedades financieras), ni el endeudamiento externo pudieron detener la hemorragia, y en 2002 la crisis volvió a estallar. Se llevó puesto al Partido Colorado y abrió la ventana para la llegada al gobierno del Frente Amplio: el último hijo legítimo de la renta agraria.

Es imposible comprender los años progresistas sin considerar tanto los efectos devastadores que tuvo la crisis económica en los partidos tradicionales como el cambio de contexto internacional marcado por los altos precios de los commodities y la baratura del crédito que posibilitó un ciclo de crecimiento económico y salarial inédito en los últimos 60 años.

El impacto de este nuevo escenario en Uruguay fue formidable. Se expandió el volumen de las exportaciones, lo que incrementó significativamente la masa de renta de la tierra apropiada. Al mismo tiempo, las bajas tasas de interés dinamizaron el arribo de cuantiosos flujos de inversión extranjera directa (IED). Entre 2005 y 2015 la renta de la tierra agraria total acumuló 28.300 millones de dólares, repartida entre terratenientes y los que compraron dólares baratos,¹ al tiempo que la IED acumuló 21.300 millones de dólares.

Esta fase de acumulación tomó forma en una serie de medidas que articularon la dinamización de la inversión privada con políticas de expansión salarial. No fueron políticas contradictorias, sino dos momentos necesarios de este período particular. Clima de negocios y leyes de inversiones de un lado, Consejos de Salarios y leyes laborales del otro, no son sino dos caras de una misma moneda que se expresó en un nuevo “pacto distributivo” entre clases sociales. El desarrollo sindical y las conquistas sociales a base de valiosas luchas, contradictoriamente, fueron posibles en tanto transitamos por una fase de expansión capitalista.

Pero nada es para siempre. Desde 2014, nubes de tormenta avanzan en el horizonte: descenso en el precio de los commodities, desaceleración y/o recesión económica de los principales socios comerciales de Uruguay, suba de las tasas de interés y la reducción del flujo de IED se están haciendo sentir. El acelerado recambio político en Argentina y Brasil expresa la necesidad del ajuste. Estos elementos afectan la estabilidad y legitimidad del “pacto distributivo” progresista, acelerando contradicciones ya contenidas en su seno.

Disputar el malestar

El desarrollo expuesto pauta dos elementos centrales: (i) estamos ante el desfondamiento del “pacto distributivo progresista”; (ii) ese desfondamiento pone en juego una inercia socioeconómica hacia la crisis, cuya resolución, bajo comando del capital, es el abaratamiento generalizado de la fuerza de trabajo.

En este escenario la derecha social y política se mueve como pez en el agua. La coyuntura muestra que esta va ganando paulatinamente la iniciativa, aunque aún no logra la hegemonía necesaria para lanzar una ofensiva en toda la línea.

Recordemos que los sectores que expresan al capital y pretenden gestionar el proceso económico tal como está estructurado necesitarán, más tarde o más temprano (la fuga hacia adelante dependerá de la capacidad de endeudamiento y de la tasa de interés internacional), avanzar sobre el salario directo e indirecto (gasto social), y sobre las plusvalías hoy utilizadas para sostener a las uruguayas y uruguayos que sobran en el proceso de acumulación.

Eso implica expropiar a porciones relevantes de la sociedad de un núcleo duro de derechos básicos, tarea bastante antipática y poco sencilla, y que hoy enfrenta una capilaridad organizativa (izquierda social) nada despreciable. Al mismo tiempo que el capital precisa rearticular el bloque social del ajuste,² requiere a su vez producir la desarticulación del adversario o el tejido sociopolítico que puede obstaculizar tal programa.

El crecimiento del malestar social es uno de los subproductos del agotamiento en ciernes. A pesar de las mejoras, estructuralmente el capitalismo uruguayo se asienta en la precariedad de una parte importante de su gente. Problemáticas congénitas que atraviesan a toda la población, como la desigualdad, la fractura social, la violencia y el desorden son, al final de cuentas, expresión de un modo de sociabilidad basado en la concentración y la competencia, a lo que se suma que hoy la continuidad del modelo requiere el retroceso de un escalón en materia de derechos, salarios y empleo.

La disputa por el malestar es una disputa por el sentido, por la agenda, por qué piezas de razonamientos son válidas y cuáles no, y se articula en torno a tres preguntas: ¿qué nos pasa?, ¿quién es el responsable?, ¿cómo se resuelve? El capital ya está poniendo en juego sus “chivos expiatorios”: docentes que faltan, pobres que no quieren laburar, funcionarios públicos presentados como los “grandes privilegiados”, sindicatos corporativos, un Estado sobredimensionado, feminazis.

“El problema de la corrupción” es quizás el mejor ejemplo de lo anterior. Sin ser determinante desde el punto de vista económico, cobra centralidad discursiva como maniobra despolitizadora y de regeneración moral de una derecha que ahora aparece embanderada con la ética en el desarrollo de la función pública. Aun siendo un problema real y a combatir, cuando la corrupción monopoliza el malestar ciudadano se corre el riesgo de desviar el eje del debate hacia aspectos accesorios de la realidad nacional.

Hay que salirse de la encerrona discursiva que va montando el bloque social del ajuste, e intervenir para centrar la contradicción en el eje que opone privilegios con derechos. No hay que bajar el costo del Estado, hay que bajar el costo de la élite. El producto del trabajo colectivo de las uruguayas y uruguayos ya no es suficiente para pagar su propio salario, financiar al Estado y bancar una estructura de privilegios en la que el 1% más rico (25.000 personas) concentra 26% de la riqueza, mientras que la mitad más pobre de la población no tiene absolutamente nada.³ Nuestro problema fundamental está en cómo se reparte y utiliza el excedente económico, y por tanto se vincula directamente con el problema de la desigualdad.

Si bien en este punto está la madre de todas las batallas, nos interesa particularmente enfocarnos en el papel central de la renta de la tierra. La renta agraria no sólo importa como variable económica, sino también política, pues esa masa gigantesca de ingreso que el conjunto de la sociedad uruguaya transfiere a los terratenientes, aproximadamente 1.400 millones de dólares al año, es clave para la reproducción política de la élite uruguaya. Eso sí que es transferir ingresos a quien no devuelve a cambio ni una sola hora de trabajo.

La apropiación privada de la renta agraria no sólo dinamiza la desigualdad económica y social, sino que además se traduce en un profundo déficit democrático, puesto que desigualdad estructural y democracia no son compatibles. Resulta paradójico que todo el arco político se manifieste a favor de la más plena de las democracias, pero no haya en la agenda política ninguna propuesta contundente para resolver este flagelo histórico.

Se acaba lentamente el ciclo del capitalismo grado inversor en Uruguay. Un tono sombrío despunta en un modo de acumulación que presiona para avanzar en la precarización de la vida para sostener su continuidad.

En medio de la neblina, la incertidumbre y el malestar, una certeza: para resguardar y ampliar derechos hay que cuestionar privilegios.

Gabriel Oyhantçabal y Rodrigo Alonso son integrantes del comité editorial de Hemisferio izquierdo. Esta nota toma elementos del texto de los autores “Hijos de la renta: apuntes sobre la economía política del Uruguay”, publicado en el libro del colectivo Entre (XII/2017), y del Segundo Manifiesto de Hemisferio izquierdo (IV/2018).