Pertenezco a la generación de los que en la década del 80 vibraron con la revolución sandinista y la apoyaron activamente. El impulso progresista reanimado por la Revolución cubana de 1959 se había estancado, en gran medida por la intervención imperialista de Estados Unidos. La imposición de la dictadura militar en Brasil en 1964 y en Argentina en 1976, la muerte del Che Guevara en 1967 en Bolivia y el golpe de Augusto Pinochet en Chile contra Salvador Allende en 1973 fueron los signos más sobresalientes de que el subcontinente americano estaba condenado a ser el patio trasero de Estados Unidos, sometido a la dominación de las grandes empresas multinacionales y de las élites nacionales conniventes con ellas. Estaba, en síntesis, impedido de pensarse como conjunto de sociedades inclusivas centradas en los intereses de las grandes mayorías empobrecidas.
La Revolución sandinista significaba el surgimiento de una contracorriente auspiciosa. Su significado resultaba no sólo de las transformaciones concretas que protagonizaba (participación popular sin precedentes, reforma agraria, campaña de alfabetización que mereció el premio de la UNESCO, revolución cultural, creación de servicio público de salud, etcétera), sino también del hecho de que todo esto se realizó en condiciones difíciles debido al cerco extremadamente agresivo de los Estados Unidos de Ronald Reagan, que supuso el embargo económico y la infame financiación de los “contras” nicaragüenses (la guerrilla contrarrevolucionaria) y el fomento de la guerra civil. Igualmente significativo fue el hecho de que el gobierno sandinista mantuviera el régimen democrático, lo que en 1990 dictó el fin de la revolución con la victoria del bloque opositor, del que, además, formaba parte el Partido Comunista de Nicaragua.
En los años siguientes, el Frente Sandinista, siempre liderado por Daniel Ortega, perdió tres elecciones, hasta que en 2006 reconquistó el poder, manteniéndolo hasta hoy. Sin embargo, Nicaragua, como por lo demás toda Centroamérica, estuvo fuera del radar de la opinión pública internacional y de la propia izquierda latinoamericana. Hasta que el pasado abril las protestas sociales y la violenta represión llamaron la atención del mundo. Pueden contarse ya muchas decenas de muertes causadas por las fuerzas policiales y por milicias adeptas al partido del gobierno. Las protestas, protagonizadas inicialmente por estudiantes universitarios, apuntaban a la displicencia del gobierno ante la catástrofe ecológica en la Reserva Biológica Indio-Maíz causada por el incendio y por la deforestación e invasión ilegales. Se sucedieron después las protestas contra la reforma del sistema de seguridad social, que imponía recortes drásticos en las pensiones y gravámenes adicionales impuestos a los trabajadores y los patrones. A los estudiantes se unieron los sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil.
Ante las protestas, el gobierno retiró la propuesta, pero el país estaba ya incendiado por la indignación contra la violencia y la represión y por la repulsa causada por muchas otras facetas sombrías del gobierno sandinista, que entretanto empezaron a ser más conocidas y abiertamente criticadas. La iglesia católica, que desde 2003 se “reconcilió” con el sandinismo, volvió a tomar sus distancias y aceptó mediar en el conflicto social y político bajo condiciones. El mismo distanciamiento ocurrió con la burguesía empresarial nicaragüense, a la que Ortega ofreció sustanciosos negocios y condiciones privilegiadas de actuación a cambio de lealtad política. El futuro es incierto y no puede excluirse la posibilidad de que este país, tan masacrado por la violencia, vuelva a sufrir un baño de sangre. La oposición al orteguismo cubre todo el espectro político y, tal como ha ocurrido en otros países (Venezuela y Brasil), sólo muestra unidad para derribar el régimen, pero no para crear una alternativa democrática. Todo lleva a creer que no habrá solución pacífica sin la renuncia de la pareja presidencial Ortega-Murillo y la convocatoria de elecciones anticipadas libres y transparentes.
Los demócratas, en general, y las fuerzas políticas de izquierda, en particular, tienen razones para estar perplejos. Pero tienen, sobre todo, el deber de reexaminar las opciones recientes de gobiernos considerados de izquierda en muchos países del continente y de cuestionar su silencio ante tanto atropello de ideales políticos durante tanto tiempo. Por esta razón, este texto no deja de ser, en parte, una autocrítica. ¿Qué lecciones se pueden extraer de lo que pasa en Nicaragua? Ponderar las duras lecciones que a continuación enumero será la mejor forma de solidarizarse con el pueblo nicaragüense y de manifestarle respeto por su dignidad.
Primera lección: espontaneidad y organización. Durante mucho tiempo las protestas sociales y la represión violenta ocurrieron en las zonas rurales sin que la opinión pública nacional e internacional se manifestara. Cuando las protestas irrumpieron en Managua, la sorpresa fue general. El movimiento era espontáneo y recurría a las redes sociales que el gobierno había promovido con el acceso gratuito a internet en los parques del país. Los jóvenes universitarios, nietos de la Revolución sandinista, que hasta hace poco parecían alienados y políticamente apáticos, se movilizaron para reclamar justicia y democracia. La alianza entre el campo y la ciudad, hasta entonces impensable, surgió casi naturalmente y la revolución cívica salió a la calle asentada en marchas pacíficas y barricadas que llegaron a alcanzar 70% de las carreteras del país. ¿Cómo es que las tensiones sociales se acumulan sin que se noten y su explosión repentina tome a todos por sorpresa? Ciertamente, no por las mismas razones por las que los volcanes no avisan. ¿Puede esperarse que las fuerzas conservadoras nacionales e internacionales no se aprovechen de los errores cometidos por los gobiernos de izquierda? ¿Cuál será el punto de explosión de las tensiones sociales en otros países del continente causadas por gobiernos de derecha, por ejemplo, en Brasil y Argentina?
Segunda lección: los límites del pragmatismo político y de las alianzas con la derecha. El Frente Sandinista perdió tres elecciones después de haber sido derrotado en 1990. Una facción del Frente, liderada por Ortega, entendió que la única manera de retornar al poder era haciendo alianzas con sus adversarios, incluso con aquellos que más visceralmente habían hostilizado al sandinismo, como la iglesia católica y los grandes empresarios. Respecto de la iglesia católica, la aproximación comenzó a principios de la década de 2000. El cardenal Miguel Obando y Bravo fue durante buena parte del período revolucionario un opositor agresivo al gobierno sandinista y activo aliado de los contras; apodó a Ortega “víbora moribunda” durante toda la década del 90. Pese a ello, Ortega no tuvo pudor en aproximarse al cardenal, al punto de pedirle en 2005 que oficiase el matrimonio con su compañera de muchos años, Rosario Murillo, actual vicepresidenta del país. Entre muchas otras concesiones a la iglesia, una de las primeras leyes del nuevo gobierno sandinista, todavía en 2006, fue aprobar la ley de prohibición total del aborto, incluso en casos de violación o de peligro para la vida de la mujer. Esto, en un país con alta incidencia de violencia contra mujeres y niños. Por otra parte, la aproximación a las élites económicas se produjo por la sumisión del programa sandinista al neoliberalismo, con la desregulación de la economía, la suscripción de tratados de libre comercio y la creación de sociedades público-privadas que garantizaban jugosos negocios al sector privado capitalista a costa del erario público. Se produjo también un acuerdo con el ex presidente Arnoldo Alemán, considerado uno de los jefes de Estado más corruptos del mundo.
Estas alianzas garantizaron cierta paz social. Y debe destacarse también que en 2006 el país estaba al borde de la quiebra y las políticas adoptadas por Ortega permitieron el crecimiento económico. Se trató, sin embargo, del crecimiento típico de la receta neoliberal: gran concentración de riqueza, total dependencia de los precios internacionales de los productos de exportación (en particular café y carne), autoritarismo creciente ante el conflicto social causado por la extensión de la frontera agrícola y por los megaproyectos (por ejemplo, el gran canal interoceánico, con financiamiento chino), aumento desordenado de la corrupción, empezando por la élite política en el gobierno. La crisis social sólo fue atenuada gracias a la generosa ayuda de Venezuela (donaciones e inversiones) que llegó a ser una parte importante del presupuesto del Estado y permitió algunas políticas sociales compensatorias. La situación tendría que estallar cuando los precios internacionales bajasen, hubiese cambio de política económica en el principal destino de las exportaciones (Estados Unidos) o se evaporase el apoyo de Venezuela. Todo eso ocurrió en los últimos dos años. Mientras tanto, terminada la orgía de favores, las élites económicas tomaron sus distancias y Ortega quedó cada vez más aislado. ¿Puede un gobierno continuar denominándose de izquierda (y hasta revolucionario) a pesar de seguir todo el ideario del capitalismo neoliberal con las condiciones que este impone y las consecuencias que genera? ¿Hasta qué punto las alianzas tácticas con el “enemigo” se transforman en la segunda naturaleza de quien las protagoniza? ¿Por qué las alianzas con las diferentes fuerzas de izquierda parecen siempre más difíciles que las alianzas entre la izquierda hegemónica y las fuerzas de derecha?
Tercera lección: autoritarismo político, corrupción y desdemocratización. Las políticas adoptadas por Daniel Ortega y su facción crearon divisiones importantes en el seno del Frente Sandinista, y oposición en otras fuerzas políticas y en las organizaciones de la sociedad civil que habían encontrado en el sandinismo de los años 1980 su matriz ideológica y social y su voluntad de resistencia. Las organizaciones de mujeres tuvieron un protagonismo especial. Es sabido que el neoliberalismo, al agravar las desigualdades sociales y generar privilegios injustos, sólo se puede mantener por la vía autoritaria y represiva. Fue eso lo que hizo Ortega. Por todos los medios, incluyendo cooptación, supresión de la oposición interna y externa, monopolización de los medios masivos, reformas constitucionales que garantizan la reelección indefinida, instrumentalización del sistema judicial y creación de fuerzas represivas paramilitares. Las elecciones de 2016 fueron el claro retrato de todo esto, y la victoria del eslogan “una Nicaragua cristiana, socialista y solidaria” encubría mal las profundas fracturas en la sociedad.
De un modo casi patético, pero quizás previsible, el autoritarismo político fue acompañado por la creciente patrimonialización del Estado. La familia Ortega acumuló riqueza y mostró su deseo de perpetuarse en el poder. ¿La tentación autoritaria y la corrupción son una desviación o son constitutivas de los gobiernos de matriz económica neoliberal? ¿Qué intereses imperiales explican la ambigüedad de la Organización de Estados Americanos frente al orteguismo, en contraste con su radical oposición al chavismo? ¿Por qué buena parte de la izquierda latinoamericana y mundial mantuvo (y continúa haciéndolo) el mismo silencio cómplice? ¿Por cuánto tiempo la memoria de las conquistas revolucionarias opacará la capacidad de denunciar las perversiones que les siguen, al punto de que la denuncia llega casi siempre demasiado tarde?
* Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.
Boaventura de Sousa Santos es un sociólogo portugués.