Circulan por WhatsApp videos con música de película y tomas de dron. Miles de hombres rapados, en calzoncillos blancos, corren encorvados por los pasillos de la megacárcel que Nayib Bukele mandó levantar en pleno campo para cuarenta mil presos (la más grande del continente, que llegó a alquilar a deportados venezolanos enviados por Washington). Se sientan en el piso, en filas tan apretadas que hacen que no se distinga dónde termina una espalda y empieza la otra; las manos en la nuca, la cabeza gacha. Es raro que quien los reenvía agregue un comentario, porque el video ya trae el suyo incorporado y ese comentario es un aplauso.
Aplaudieron los salvadoreños, quienes en 2024 reeligieron con más del 80% de los votos a un presidente al que la Constitución le prohibía presentarse. Aplauden en Buenos Aires, en Lima, en Quito, y acá, además de algunos políticos efectistas, casi la mitad de los uruguayos le tiene simpatía, según Equipos. También se oye en la feria o en el boliche, donde “lo que precisamos es un Bukele”, se dice con la misma liviandad con que antes se decía “que vuelvan los milicos”.
Antes de despreciar ese aplauso hay que escucharlo. Viene de gente que vivió en barrios donde las maras cobraban peaje para cruzar una calle, que enterró hijos o los vio irse del país, y que hoy deja salir a los nietos a la plaza sin tener que rezar cada vez.
Moral viene del latín mores y ética del griego ethos, y las dos querían decir costumbre; fue el uso el que las separó. La moral es el conjunto de normas y creencias con que una comunidad decide qué está bien, el sentido común de una época con sus virtudes y sus prejuicios; de ahí sale el aplauso a Bukele. Con dos valores que casi todos comparten, el orden y la seguridad, cualquiera puede juzgar a un gobierno en lo que dura un informativo, aunque esa rapidez simplifique lo complejo y deje afuera a quien no comparte la costumbre.
La ética nació como la pregunta que se le hace a esa costumbre (por qué es así, hasta dónde, con qué consecuencias, a costa de quién) y por eso su oficio ha sido siempre el de aguar la fiesta.
En el Uruguay de 1913 una ley permitió a la mujer divorciarse por su sola voluntad cuando en buena parte del mundo cristiano el matrimonio seguía siendo indisoluble; pocos años después, la Constitución separó a la Iglesia del Estado y una ley de feriados rebautizó la Semana Santa como Semana de Turismo. Desde los púlpitos se habló de escándalo y de ruina de la familia, y esos mismos gestos son los que hoy muchos uruguayos exhiben, con cierto orgullo de pueblo chico, como prueba de que este país fue siempre distinto.
La costumbre se mueve también en el mapa, sin necesidad de salir del país. Lo que se condena en la puerta del almacén de un pueblo de Tacuarembó no siempre coincide con lo que se discute en un bar del Cerrito de la Victoria. La política elige una de esas morales, la entroniza como la del país y gobierna para ella, con lo que siempre queda alguien afuera. Si el tiempo pudo convertir aquel escándalo en identidad, también puede volver vergonzoso lo que hoy se festeja, de modo que contar cuántos aplauden nunca alcanzó para saber si tienen razón.
Bukele maneja otra biblia, más peligrosa que cualquier moral impuesta. El régimen de excepción salvadoreño se decretó en marzo de 2022 por 30 días, después de un sábado con 62 asesinatos; la Asamblea lo prorrogó más de 50 veces, hasta que la excepción se volvió el clima ordinario del país y terminó por darle la razón a Walter Benjamin, que en 1940, huyendo de otro régimen, escribió que para los oprimidos el estado de excepción es la regla. En esos años fueron detenidas más de noventa mil personas, muchas sin otra prueba que un tatuaje, vivir en el barrio equivocado o una denuncia anónima, y juzgadas a veces de a cientos en un mismo proceso. La organización no gubernamental salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario lleva contadas más de quinientas cuarenta muertes bajo custodia y sostiene que casi ninguno de esos muertos tenía perfil de pandillero; Amnistía Internacional advirtió en julio que el costo humano del régimen podría constituir crímenes de lesa humanidad.
Tampoco el origen del milagro es tan ordenadito como lo muestran los videos con las filas de presos rapados. Cuando Bukele asumió, en junio de 2019, los homicidios venían bajando desde hacía tres años y ya eran la mitad que en 2015. Después, como documentó El Faro, sus funcionarios negociaron en secreto con las maras y en 2021 Washington sancionó a dos de ellos por esas tratativas; aquel sábado de 62 muertos, según audios que publicó el mismo diario, fue la respuesta de las pandillas a un pacto que se había roto. La guerra empezó cuando se terminó el negocio. Y la cifra que hoy se exhibe como trofeo, 114 asesinados en 2024, la dio un fiscal puesto por el propio Bukele, en una cuenta que deja afuera a los muertos en enfrentamientos con la policía y los huesos que aparecen en fosas clandestinas.
Bukele maneja otra biblia, más peligrosa que cualquier moral impuesta. El régimen de excepción salvadoreño se decretó en marzo de 2022 por 30 días, después de un sábado con 62 asesinatos; la Asamblea lo prorrogó más de 50 veces, hasta que la excepción se volvió el clima ordinario del país.
En el camino fueron cayendo, uno por uno, los que tenían por oficio aguar la fiesta. En mayo de 2021, en su primera sesión, la nueva Asamblea oficialista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, para nombrar en su lugar al que años después firmaría los 114; los jueces nuevos le concedieron a Bukele el permiso para reelegirse que la Constitución le negaba y en 2025 esa misma mayoría la reformó para habilitar la reelección per sécula seculórum.
Ese mismo año una ley de agentes extranjeros gravó con un 30% el dinero que las organizaciones civiles reciben del exterior y empezó a asfixiar a las que todavía investigaban. La abogada Ruth López, que dirigía el área anticorrupción de la organización de derechos humanos Cristosal, fue detenida y la propia Cristosal terminó sacando a su equipo del país; decenas de periodistas y defensores de derechos humanos cruzaron la frontera hacia Guatemala, México o Costa Rica y hasta la asociación de periodistas salvadoreña se trasladó al exilio.
Nada de eso habría sido posible sin el aplauso de quien celebra que le recorten la libertad y termina aceptando una dictadura tutelada. Esa dictadura no necesita imponerse porque se va consintiendo recorte a recorte, cada uno razonable en su momento y hasta recibido con gratitud. El tutor vive de la minoría de edad del pupilo, de modo que la fecha de la emancipación nunca llega.
Acá el recorte se llegó a poner a votación. En 2019 casi la mitad de los uruguayos votó a favor de la reforma “Vivir sin miedo”, que proponía allanamientos nocturnos, cadena perpetua revisable y una guardia nacional integrada por militares; no llegó al umbral y el país siguió discutiendo la seguridad dentro de sus reglas, cosa que no siempre le reconocemos. Parte de lo que no pasó por las urnas entró al año siguiente por la Ley de Urgente Consideración, que endureció penas y recortó la libertad anticipada (y que en 2022 sobrevivió a un referéndum por un puñado de votos). Hoy Uruguay tiene 480 presos cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Sudamérica, con cárceles que el comisionado parlamentario describe año tras año en términos que en cualquier otro tema nos escandalizarían; la opinión pública rara vez se detiene a mirar cuántos de los que están adentro dejaron de estudiar antes de los quince (más de la mitad, según el último censo carcelario). La moral del orden se conforma con mirar el muro desde afuera y le deja a la ética la mala costumbre de asomarse.
Nadie que haya enterrado a un hijo le debe paciencia a un filósofo, ni hace falta pedirle al miedo que se calle. Lo que sí hace falta es mantener abierta, en medio de la ovación, la posibilidad de que alguien pregunte quién controla al que manda cuando el que manda juntó los votos para no tener que rendir cuentas.
Para ese momento existen los derechos humanos, porque contra un poder impopular cualquiera se anima a levantar la mano y lo difícil es hacerlo cuando el poder es aplaudido. En El Salvador la ovación ya tapó la voz del que pregunta; acá todavía se la oye, aunque cada vez haya que pararle más la oreja.
Por eso hay que aguar la fiesta ahora, para no terminar aceptando una dictadura tutelada.
Pablo Tailanian es integrante del Movimiento Socialista Emilio Frugoni.