Recientemente el diario El País publicó dos editoriales dedicados a cuestionar los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre pobreza, y con ellos la seriedad de nuestro sistema estadístico nacional.
El 28 de mayo, El País tituló su editorial “Problemas con los datos de pobreza”. El copete de la nota comenzaba diciendo: “Estamos teniendo problemas con resultados estadísticos claves. Ya los hubo, y muy graves, con los datos del Censo de 2011...”. Esto ya merece una primera reflexión.
Quien efectivamente tiene problemas con los datos de pobreza es el diario El País, y los tiene porque le molesta que en un gobierno orientado en sentido contrario a los principios ideológicos que propugna se obtengan los resultado buscados. Los “graves problemas con los datos del censo 2011” son un invento absoluto del diario El País; no existe ningún informe técnico que sostenga semejante idea ni una valoración nacional o internacional en ese sentido. Es lisa y llanamente un invento de mala fe para deteriorar la confianza institucional.
A continuación se ofrece en este artículo un relato basado en una supuesta denuncia realizada por trabajadores del INE en una comisión parlamentaria, que según El País pondría en entredicho los datos recientes de reducción de la pobreza. Esa misma tarde, los trabajadores aludidos por el diario declararon que no puede deducirse de sus dichos que los resultados de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), con la que se mide la pobreza, haya tenido algún tipo de problema por el que se pueda poner en entredicho los resultados.
Lo tragicómico del asunto es que el artículo termina señalando: “Es tiempo de que la oposición exija responsabilidades políticas”. Quizás sería tiempo de exigirle responsabilidades políticas a la prensa de la oposición. Si bien el derecho a opinar debe ser sagrado en una sociedad democrática, no puede ser gratuito inventar sin más cualquier cosa con tal de ganar una batalla política.
El segundo editorial es del 7 de julio y se titula: “Datos confusos”. El copete del artículo dice: “Hay que romper con el discurso hegemónico izquierdista que quiere hacernos creer que el FA [Frente Amplio] ha sido exitoso como nadie en sus políticas sociales, y que los resultados han ido de mejora en mejora, como señala el INE con la evolución de la indigencia entre 2015 y 2016”. La frase mezcla intencionalmente dos cosas distintas para luego sembrar nuevamente dudas sobre los datos.
Que el FA haya sido exitoso como ningún otro partido en políticas sociales es una obviedad incontrastable. Basta buscar indicadores sociales de todo tipo y mirar el mediano plazo, por ejemplo 2005-2015 o 2017, y se verán mejoras sustantivas globales, que pueden presentar contraejemplos pero que no son la regla. La pobreza, medida por cualquier método –no sólo por el ingreso–, la indigencia, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el acceso a la salud y a la educación –aunque no sea satisfactorio aún en el segundo caso–, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, el cuidado, el empleo, el desempleo, el nivel de actividad, la mejora de las viviendas –aunque muy deficiente todavía–, el ejercicio de derechos en general, entre otros indicadores, muestran un avance sustantivo en los últimos diez años.
Esos resultados no necesariamente han mejorado año a año, pero muestran una tendencia inequívoca de mediano plazo, en la que no aparece un deterioro sustantivo en ninguna dimensión social. Y esto es así aun considerando algunos indicadores que han retrocedido respecto a los mejores momentos, como es el caso del mercado de trabajo de hoy en relación a 2012-2013, por ejemplo. Es indiscutible que la sociedad ha mejorado su nivel de vida, aunque todavía quedan grandes deudas por atender.
Nuevamente surge la interrogante de por qué meter al INE en el asunto si la indigencia cayó de 0,2% a 0,1%, o sea, pasó de ser nada a la mitad de nada, cuando la indigencia es una medida casi en desuso en esta coyuntura, que no se utiliza como referencia para hacer ningún tipo de política en el Uruguay de hoy –y ojalá nunca tengamos que volver a mirarla como lo hacíamos a comienzos de los 2000–.
El asunto viene por otro lado; quien escribe el editorial tiene en claro qué es la indigencia, pues lo muestra claramente con los argumentos que utiliza para intentar contravenir los resultados, pero de nuevo abusa del público no experto al mezclar distintos datos provenientes de distintas fuentes que no son comparables, como si lo fueran.
Quien se tome el trabajo de leerlo podrá ver que el razonamiento es el siguiente: si la indigencia indica que una persona no tiene ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente, entonces toda persona que haya tenido un problema de alimentación algún día del mes anterior o que participe de algún programa alimentario es un indigente.
El razonamiento es a todas luces ridículo, porque entre otras cosas podrían ser indigentes todos los niños que comen en los comedores de las escuelas o los militares que almuerzan en un cuartel, pero obviamente no es la intención del artículo llegar a algo sensato sino sembrar la duda sobre la institucionalidad estadística.
Para fundamentar el aumento de la indigencia que supuestamente contradice los resultados del INE y permite dudar de las estadísticas oficiales, El País señala un supuesto aumento de participantes en programas de alimentación del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que sólo se puede sostener si se decide no leer la parte metodológica del informe del que fueron sacados los datos, que explica que la razón del aumento de los participantes en instituciones que brindan alimentación obedece a que se contabilizan más instituciones en 2016 que en 2015 y no a la aparición de nuevas instituciones ni a la suba de participantes. Es en verdad una vergüenza la forma en que se pretende engañar a la gente manipulando información.
Entre otras cosas, es importante aclarar que no tiene por qué ser un indicador de aumento de la población en condición de carencia el hecho de que más personas participen de los programas sociales. Existe un principio razonable de protección social que inspira buenas políticas públicas que tiene que ver con sostener una oferta de programas que cubran los riesgos sociales con mejores dotaciones. En el caso de la alimentación, por ejemplo, Uruguay cuenta con una cobertura excelente de comedores escolares que ojalá pueda ampliarse junto con la oferta de tiempo extendido a todas las escuelas.
Por último, me parece importante destacar una manipulación, aun más compleja y mal intencionada, de la información provista por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la organización de la sociedad civil Educa Uruguay para el diseño de iniciativas en barrios carenciados. Esta fue expuesta recientemente en Radio Carve y en UyPress en forma inadecuada, y ahora vuelve a ser tomada por El País con una adulteración flagrante de los datos.
En el editorial de El País del 7 de julio se dice: “Un estudio del Mides publicado en marzo pasado y que abarca el período 2011-2017 fue muy contundente en sus conclusiones al punto de que Radio Carve, en su análisis, tituló: ‘Entre 2011 y 2017, en cuatro regiones de Montevideo, niños en casi 9 mil hogares no comieron al menos una vez al mes por falta de dinero’ y que ‘Ocurrió algo similar en los barrios Peñarol, Cerrito, Piedras Blancas, Maroñas, Punta de Rieles y Manga, donde viven casi 145.000 personas en total: allí, entre un 20% y un 44% de los hogares fueron los que se quedaron sin alimentos o dejaron de hacer alguna comida por falta de dinero durante algún día del mes’”.
Las notas metodológicas de este estudio señalan que en los relevamientos que realiza el Mides se consulta a los hogares, mediante tres preguntas, si tuvieron alguna situación de carencia alimentaria al menos algún día del mes anterior. Esos relevamientos se realizan en zonas de algunos barrios, y dentro de ellas sólo en algunas casas. Se eligen los barrios con peores desempeños sociales; dentro de ellos, las zonas con más carencias y, dentro de esas zonas, los hogares que se observan en situación de vulnerabilidad. Los datos en porcentajes de esas visitas no son representativos ni de las zonas ni de los barrios, por lo que no se puede hablar de que 20% o 44% de los hogares de un barrio ni de una zona tengan cierto problema. Además, esos números corresponden a la suma de los datos recogidos durante seis años consecutivos, por lo que, si tuvieran algún valor estadístico –que no lo tienen–, estaría multiplicado por seis. Su único valor descriptivo es para señalar a la mencionada organización de la sociedad civil que es una problemática presente en esas zonas, que debe ser considerada para hacer una intervención social, y no tiene ningún valor de representación ni objetivo de comunicación. Si el informe se hubiera hecho para ser difundido a un público amplio, abundaría en estos detalles o no se hubieran expuesto datos que puedan ser malinterpretados y carezcan de sentido informativo.
Volviendo al punto de inicio, que es la defensa de las instituciones y del derecho a la correcta información de la sociedad, es importante conocer de primera mano las cosas que están haciendo distintos actores sociales que deberían velar por el interés general, en una lucha por el poder político sin ningún tipo de reparos.
Día a día escuchamos la prédica sobre la pérdida de los valores constitutivos de la integración social y no pocas veces la asociamos con las acciones de los jóvenes pobres y excluidos. Sin embargo, la lección sobre la miseria humana una vez más la dan los que estadísticamente tienen todos sus dientes.
Juan Pablo Labat es licenciado en Sociología, magíster en Demografía y estudios de población, y director nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides.