La Facultad de Ciencias Sociales (FCS) ha tenido en estas semanas el mayor nivel de exposición pública de los últimos años. No ha sido a partir de nuestra actividad académica ni de su relación con los temas de interés general, sino por la polémica sobre el uso de las instalaciones de la facultad –especialmente la sala de informática– por parte de aproximadamente 100 personas en situación de calle o de extrema vulnerabilidad.
El núcleo del interés de los medios hegemónicos por esta polémica reside en que ha funcionado, tomando la jerga informática, como un proxy. Un proxy es básicamente un intermediario, una conexión indirecta. Por ejemplo, se habla de guerras proxy cuando dos potencias disputan en un tercer país que sirve de escenario. Así, la discusión en la FCS se ha convertido en una maqueta a escala de un debate que existe a nivel macro: cómo se resuelve la convivencia entre personas que están de un lado y del otro de una brecha social que comienza nuevamente a agrandarse, o su otra cara, “la seguridad pública”.
A partir de esto se han generado dentro de la facultad interacciones entre personajes y posiciones sociales muy distintas, encuentros que en general la segregación territorial se ocupa de evitar. Pero también se hizo explícito un abanico de opiniones que de alguna manera representa a la diversidad ideológica de nuestra sociedad respecto de cómo tratar el problema. Los fenómenos que han devenido de este debate son por demás interesantes, más allá de que muchos medios han focalizado su atención –como siempre sucede– en los aspectos que más rinden a su lógica del espectáculo. Vale la pena, entonces, prestar atención a algunos de estos fenómenos y a cómo se articulan en función de la discusión general.
Desde que la facultad identificó esta problemática, en mayo de este año, se han sucedido eventos que van desde robos y numerosas situaciones de violencia de diverso tipo hasta problemas de salud. En atención a esto, se creó un grupo de trabajo que está desarrollando una serie de medidas que han ido creciendo en su nivel de intervención. Se comenzó con un conjunto de talleres para enmarcar pautas de convivencia y usos del espacio; se hicieron más estrictos los controles en términos de no tolerar ningún tipo de acoso o violencia, prohibiendo la entrada a quienes no respetaran esta premisa; se mejoró la cobertura de las cámaras de seguridad, y se plantea, para la siguiente etapa, otro conjunto de medidas entre las que se destacan la existencia diaria de talleres formativos abiertos en la sala de informática y una restricción de su horario de funcionamiento, el reforzamiento de la presencia institucional en el edificio para prevenir cualquier situación de violencia o acoso en apoyo al personal de vigilancia, el abordaje de la problemática en espacios curriculares, entre otras.
Sin embargo, este conjunto de iniciativas, entre muchas otras que han sido discutidas y resueltas en el seno del cogobierno, no han sido aceptadas aún por gran parte del demos de la facultad como un camino viable, o directamente se ha ignorado su existencia.
Este fenómeno de negación de la existencia de una política contiene un factor fácilmente identificable en el discurso macro sobre la seguridad y que funciona de la siguiente manera: si las medidas definidas no coinciden con una lógica punitiva o de exclusión (en la FCS, “echarlos a todos”; en la discusión pública, “meterlos a todos presos”), entonces “no se está haciendo nada”. Es decir, cualquier acción que no vaya al extremo de anular la convivencia para evitar el problema se transforma, según este discurso, en inacción. Esta es la primera falacia que hay que combatir: el conjunto de medidas que se vayan a implementar en una situación de esta complejidad debe responder a un equilibrio entre las posiciones y no a posturas intransigentes que se autovalidan colocando a las demás como ridículas o irresponsables.
Esto último se conecta con un segundo fenómeno, que consiste en la defensa del discurso de exclusión como el único camino responsable y la descalificación de cualquier otro como ingenuo, idealista o fanático. Esta segunda falacia, que no se encuentra sólo en este tema sino en muchas críticas al pensamiento de izquierda, remite a la mal utilizada distinción de Weber entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Es decir, la ridiculización de quien se guía por convicciones políticas frente a la madurez y el pragmatismo de quien conoce la realidad y actúa responsablemente en consecuencia. Es a esta caricatura a la que echa mano el discurso de exclusión para encontrar la fuente de su legitimidad. Así, acusando el carácter ideológico de su adversario (que sin dudas existe), trafica su propia ideología como simple pragmatismo y sentido de la responsabilidad.
En ese terreno, las posibilidades de diálogo y de acuerdo entre las partes son nulas. Es necesario develar el nivel de intransigencia que presenta el discurso de exclusión y de esa manera lograr llegar a un acuerdo que seguramente implique claudicaciones de todas las partes (que son más que dos), pero que sin dudas posibilitaría que nuestra facultad no caiga en el mismo nivel de simplificación en los que caen algunos medios, encabezados por el diario El País, cuya enardecida campaña de desprestigio a la universidad pública ya es a esta altura obscena.
El debate que se está desarrollando en la FCS tiene consecuencias directas sobre la discusión pública sobre la seguridad y la convivencia. Si se concede esta premisa, estaremos de acuerdo en que tanto la ética de la responsabilidad como la de la convicción indican que en este escenario tenemos la obligación de ser conscientes del lugar que como Universidad ocupamos. La situación puntual de una sala de informática, o de un conjunto de personas en situación de calle que no tienen a donde ir, implica, por un lado, la necesidad de buscar soluciones serias y no apresuradas a este problema, pero esta circunstancia también nos reclama que la universidad, en este caso por medio de la Facultad de Ciencias Sociales, dé muestras una vez más de la importancia que tiene para la cultura política y la buena discusión pública.
Santiago Pérez Castillo es asistente académico del decanato de FCS