El 5 de enero, en la sección Rurales del diario El País, se publicó un extenso reportaje en el que el empresario agropecuario Gerardo Zambrano opina, como hace todos los años en esta fecha, sobre todos los temas del acontecer nacional: diagnostica la situación económica del país, pronostica el futuro y profundiza en opiniones políticas sobre el gobierno, el Frente Amplio (FA), la oposición y, por supuesto, sobre los candidatos.
Zambrano tiene buen ojo para los negocios, y no porque conozcamos su situación patrimonial –no la conocemos–, sino por la amplia actividad empresarial que despliega a lo largo del país y que es pública. Desde aquel Zambrano que trabajaba como empleado en la firma Victorica al hombre de negocios dedicado a la comercialización de haciendas, lanas, a los negocios inmobiliarios urbanos y rurales, que incursiona desde hace algún tiempo en la comercialización de insumos agropecuarios y que también es productor rural. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que la expansión de su empresa coincide temporalmente con estos últimos 14 años de gobiernos del FA.
Aquí tenemos la primera paradoja: alguien que ha sido muy crítico, y que en este último reportaje no escatima calificativos contra el gobierno, al punto de que afirma que la situación del país es un total desastre, ha tenido su mayor crecimiento empresarial (y seguramente patrimonial) bajo administraciones del FA. Se argumentará que es en base al esfuerzo personal, a su inteligencia y a la constricción al trabajo; seguramente sea así, pero eso no basta para prosperar en forma sostenida. Y menos en un rubro como este: se requiere algo más.
Se requiere, por ejemplo, un país que genere un escenario adecuado, que proporcione un clima de negocios confiables, con garantías jurídicas, financieras y credibilidad sostenida en el tiempo. Aunque les pese a muchos, eso es algo que han brindado los gobiernos del FA; en particular, y a instancias de una figura clave como Danilo Astori, una estabilidad macroeconómica que genera la estabilidad social y política, tan escasas en estos tiempos en la región.
No se hacen negocios inmobiliarios e inversiones millonarias en dólares en un país que sea un un desastre o que esté gobernado por una manga de incompetentes aferrados al poder. Seguramente parte de la prosperidad de su empresa haya tenido que ver con la valorización de las tierras de los últimos años: en Uruguay la hectárea pasó de tener un precio promedio de 386 dólares en 2002 a 3.098 dólares en 2018, según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Diea). En ese período los negocios inmobiliarios en tierras fueron por un valor de 12.749 millones de dólares, según la misma fuente citada. Podemos decir que el valor de la tierra en 16 años se multiplicó por más de nueve veces. Esto seguramente se deba a varios factores, entre ellos la calidad de los suelos y la valorización de lo que allí se produce, pero también es consecuencia de la calidad del país y de su gente, la infraestructura, las garantías institucionales y las políticas aplicadas. Nada de esto sucedería si gobernaran unos inadaptados de izquierda que nada entienden de políticas económicas y sociales, si viviéramos en un país caracterizado por la inestabilidad o si reinara la corrupción, como se está tratando de instalar.
Por el contrario, la izquierda en el gobierno, retomando las mejores tradiciones democráticas del Uruguay, ha permitido que el país creciera con distribución y justicia social, generando una sociedad que se caracteriza por ser la más equitativa de América Latina. Uruguay posee el mayor ingreso per cápita de América Latina, con 17.000 dólares, lleva un ciclo de crecimiento sostenido que supera los 14 años, encabeza los listados del mejor salario mínimo (468 dólares), tiene cobertura universal de salud y registra la mayor formalización y cobertura de trabajadores aportando al Banco de Previsión Social (más de 1,5 millones). Tal como dijo el presidente Tabaré Vázquez hace unos días, la pobreza pasó de 32,5% en 2006 a 7,9% en 2017, siendo de menos de un dígito la cifra de indigencia. Hace pocos días se dio a conocer el índice de Democracia Plena establecido por The Economist Intelligence Unit y el único país de América Latina que está incluido es el nuestro. Está claro que todos estos indicadores no podrían calificarse de desastre.
Por suerte, Zambrano no tiene buen tino para la política, ya que en años anteriores ha dicho más o menos lo mismo sobre los gobiernos del FA. Incluso antes de las últimas elecciones, y explicitando una especial (y agresiva) animadversión contra el entonces presidente José Mujica, pronosticó una derrota segura del FA, ya que, según decía, el país no aguantaba más. La realidad demostró que estaba equivocado y el FA ganó, con mayorías parlamentarias.
La actividad política es bastante más compleja (y noble) que hacer negocios, donde lo que manda básicamente es el dinero. Sin embargo, muchos empresarios exitosos caen en la tentación de pensar que esa condición, de por sí, les otorga cierta autoridad para opinar de todo y, en particular, para hablar con desprecio contra los políticos (sobre todo si son de izquierda).
Lo que expresa el señor Zambrano tampoco es novedoso: es el mismo discurso de algunos sectores de los grandes intereses rurales que a finales de los 50 arremetió contra las políticas y las conquistas del batllismo. Fue el auge del ruralismo, que en alianza con el Partido Nacional y a caballo de una coyuntura de crisis, accedió al gobierno. No necesitamos explicitar ahora el fracaso de aquella experiencia y el enorme costo social que generó. Quizás algunos pretendan repetir la historia y por eso buscan inventar una crisis y un movimiento ruralista. Por suerte los tiempos que corren son otros: las crisis no se inventan y tampoco los líderes.
La entrevista a Zambrano arranca definiendo a los gobiernos del FA como corruptos y concluye que esa corrupción implantada sería lo que los apega al poder. ¿Alguien seriamente puede creer algo así? Zambrano se queja porque la fuerza política demoró en tomar resoluciones en los episodios concretos ya conocidos, pero nada dice del fallo del Tribunal de Conducta Política y de las severas sanciones contra los implicados. Que se demoró, puede ser, pero también muestra a una fuerza política que tiene las garantías de un funcionamiento orgánico donde todo se discute democráticamente. Para ver demoras y tímidos apercibimientos en casos muy recientes de inconducta, Zambrano también podría mirar hacia otras tiendas, en particular a la que pronostica como probable ganadora.
Porque en la entrevista no habla solamente del FA; también le da consejos (y hasta algún rezongo) a la oposición por no presentar una “propuesta seductora”, según dice. Todos quieren ser padres de la criatura y esta no nace. También les aconseja identificar al “enemigo” en lugar combatir al aliado. “Enemigo” es un término fuerte para las tradiciones democráticas y republicanas del Uruguay, con una cultura política más acostumbrada a hablar en términos de adversarios. Es un cambio de lenguaje significativo. Zambrano también habla y juzga a cada uno de los precandidatos; marca una clara preferencia por Luis Lacalle Pou, pero no escatima elogios a la interna del bloque opositor, incluso a Pablo Mieres a quien le recomienda cuidarse de Esteban Valenti por su origen comunista. Por supuesto, a los cuatro precandidatos frenteamplistas los descalifica alegremente.
La segunda parte de la nota está centrada en el agro. Lo primero que dice es que el sector “está en crisis”, aunque Vázquez no lo quiera reconocer.
Ahí mezcla todo. Es cierto que sectores como la lechería y el arroz pasan por momentos difíciles, el primero por una caída fuerte de los precios internacionales, hoy recuperándose, y el segundo por precios estancados, y en ambos casos por un aumento de costos internos. También es verdad que el año pasado hubo una sequía que afectó los rendimientos de la soja y dejó a ese sector comprometido. Pero también es cierto que se han buscado (y se siguen buscando) soluciones para revertir esas situaciones. Hubo una amplia refinanciación a las deudas bancarias del sector agrícola de secano; en la lechería se acaba de implementar el fondo de garantía del sector que permitirá refinanciar a largo plazo, se tomaron también medidas como la de permitir que los productores arroceros, lecheros, frutícolas, hortícolas que no tributan Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas también puedan descontar el IVA del gasoil, así como una rebaja significativa en las tarifas eléctricas, medida extensiva a los sectores industriales que procesan la leche y el arroz. Se han aplicado además otras medidas, como los programas de apoyo al desarrollo rural y subsidios, al que se han volcado 50 millones de dólares, y la reducción de aportes patronales a productores familiares de menos de 200 hectáreas. Cambió la forma de acceso a la tierra para pequeños productores y asalariados rurales mediante el Instituto Nacional de Colonización, para lo que se han destinado más de 200 millones de dólares. Se extendió la electrificación rural a los lugares más lejanos y se construyen alrededor de 1.000 viviendas por año para pobladores del medio rural por medio de MEVIR. Se han invertido más de 80 millones de dólares para que el país tenga un sistema de trazabilidad universal y confiable, a diferencia de otros países, donde sólo lo aprovechan los productores de élite.
Todo se ha hecho con el objetivo de atenuar una tendencia mundial hacia la concentración de la tierra. Y eso no se combate con discursos ni decretos de prohibiciones de venta de tierras (si el FA hubiera tomado ese camino sería acusado de violar libertades), sino con medidas para beneficiar a los pequeños y medianos productores.
Zambrano elogia a los autoconvocados y los alienta a seguir en ese camino. Segunda paradoja: los autoconvocados hablan del problema de los altos costos, tema real en un país que se precia de ser uno de los que distribuye con más equidad de América Latina, pero uno de los costos relativos más altos es la intermediación, particularmente del ganado. En un país donde cada novillo se vende 2,5 veces antes de llegar a faena y donde los costos de intermediación van de 3% a 9% según el sistema empleado, debería pensarse en cómo quienes están en ese negocio, si tanto les preocupa el tema costos, podrían aportar algo a reducirlos.
Aunque reconoce que es la situación “menos peor”, Zambrano también afirma que la ganadería está en crisis. Es cierto que este sector, que ocupa la mayor parte del territorio y a la mayoría de los productores, tiene problemas de baja rentabilidad, pero lejos está de una crisis. Una prueba es la formidable respuesta productiva que está dando en los últimos años. Ha tenido un crecimiento sostenido de la producción: en 2018 se batió el récord de extracción, con una faena cercana a las 2.400.000 cabezas y una exportación en pie de 405.603 cabezas, mayoritariamente terneros. Se exportaron productos de origen cárnico por 1.960 millones de dólares, de los cuales 1.600 fueron de carne bovina; se colocaron en el exterior 450.000 toneladas, algo impensado para un sector en crisis que opera en un país que es un desastre.
Esto tiene mucho del aporte del productor y su familia, pero también de un país donde se dan las condiciones para que eso ocurra. En un país que es un desastre no funcionarían las cadenas de comercialización y las cadenas de pago; han funcionado tan bien que ya no recordamos los problemas cíclicos que había con la industria frigorífica, el corte de la cadena de pagos, productores y consignatarios que se clavaban y fundían por haciendas no liquidadas. Eso dejó de ocurrir porque se generó un sistema fuerte, con reglas claras y controles, en el que las políticas del gobierno mucho tienen que ver. La respuesta que el país dio a la mayor demanda de carnes fue posible porque teníamos mercados habilitados, una industria fuerte, estatus sanitario, trazabilidad y un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que orienta, supervisa y hace que sucedan las cosas. Por eso, cuando se denosta al ministro Enzo Benech esto parece, por lo menos, un exceso.
Comentaré brevemente una de las opiniones de Zambrano sobre las tareas inmediatas que debería hacer el nuevo gobierno, entre las que ubica el combate al PIT-CNT como la primera, ya que lo acusa de todos los males, al igual que al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Es una señal clara de su aspiración de liquidar los Consejos de Salarios; quizás esté molesto por el éxito de la última ronda de negociación colectiva recién cerrada, que terminó siendo la más grande de la historia de Uruguay. Hubo quienes apostaron y trabajaron para que fuera un fracaso y para generar un fuego que hiciera arder la pradera, pero se terminaron rompiendo los dientes: se logró más de 90% de acuerdos entre patrones y trabajadores. Eso mostró la madurez de las relaciones laborales que se han construido en el país y que también es parte de su activo. Lamentablemente, dentro del mínimo porcentaje que tuvo que laudar el Poder Ejecutivo está el sector rural, ya que las gremiales patronales abandonaron la mesa de negociación.
Finalmente me referiré a una última y tercera paradoja. Cuando se trata de hacer buenos negocios y promover la captación de inversionistas, la misma empresa que dirige el señor Zambrano, como otras que operan en esa área, se olvidan del país del desastre y de la crisis del agro, y se concentran en mostrar las bondades que tienen Uruguay y su agro.
Esperamos que una vez más el señor Zambrano se equivoque en sus profecías políticas. Y si quiere, que siga haciendo buenos negocios.
Gustavo Guarino es ingeniero agrónomo y fue diputado de la Alianza Progresista por Cerro Largo.