La situación en Venezuela está que arde, y es muy importante comprenderla en sus múltiples dimensiones para evaluar las escasas opciones de solución, todas ellas riesgosas. No se trata sólo de considerar qué es lo mejor –o lo menos malo– para el sufrido pueblo de ese país desde un punto de vista humanitario, ni sólo de analizar legitimidades y consecuencias doctrinarias en función de principios jurídicos, ni sólo de tener en cuenta los intereses económicos y políticos que operan a escala venezolana e internacional. Todo eso y mucho más se ha puesto en juego de forma simultánea.
Cualquier persona tiene derecho a expresar su opinión a partir de un enfoque unilateral de los problemas o de un arranque emocional, pero las responsabilidades de quienes hablan en nombre de un Estado demandan un examen complejo y matizado de lo que sucede y lo que puede suceder. En ese sentido, corresponde aplaudir la declaración hecha el miércoles por los gobiernos de México y Uruguay.
No cabe la menor duda de que tanto el oficialismo encabezado por el presidente Nicolás Maduro como la oposición mayoritaria en el parlamento de Venezuela tienen desde hace tiempo cuentas pendientes con el respeto a la convivencia democrática y los derechos humanos. Pero lo más relevante ahora no es medir (¿con qué vara?) si son unos u otros los que han actuado peor, y tampoco es aceptable refugiarse en una presunta neutralidad de espectadores pasivos. La realidad actual es que ambos bandos han tomado cursos de acción que pueden conducir a una escalada de violencia, cuyo desenlace no dependerá, por cierto, de quién tiene hoy más razón cuando dice que es el legítimo presidente venezolano.
Sería óptimo que el conflicto se dirimiera mediante elecciones libres, y que todas las partes respetaran su resultado, pero en el volátil panorama actual, expresar de antemano cuándo y cómo debería ocurrir eso no contribuye mucho a crear condiciones para un diálogo productivo.
Ante tales circunstancias, es irreprochable la declaración conjunta mencionada. México y Uruguay “urgen a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela. Para alcanzar dicho fin, ambos países proponen un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al estado de derecho y los derechos humanos”. También reconocen que hay “partes involucradas” fuera de Venezuela, y las llaman a evitar acciones que agraven la situación, con una compartible voluntad de que sean los propios venezolanos quienes decidan su futuro.
En un continente americano en el que las peligrosas posturas del presidente estadounidense, Donald Trump, tienen creciente eco desde los gobiernos de derecha elegidos en varios países, es muy auspicioso que la cancillería de nuestro país pueda compartir un mensaje de cordura y prudencia con la de una potencia como México. Y resulta evidente, para quienes quieran verlo, que el modo de ubicarse elegido por ambos estados ante una cuestión como la venezolana, que tiene un enorme potencial de tragedia, muestra –por sí misma y por contraste– qué significa ser “progresista”.
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