Frankenstein es un personaje de ficción creado a partir de la unión de partes de diferentes cuerpos humanos, que durante un experimento adquiere vida. Este personaje llegó a inspirar posteriores creaciones en novelas, series televisivas y películas.
Seguramente su creadora en 1816, la novelista Mary Shelley, nunca soñó que 303 años después también inspiraría la creación de una coalición política.
Pero a diferencia de aquel Frankenstein, los creadores de esta obra multicolor del siglo XXI se han esmerado para que no tenga, en su apariencia exterior, la monstruosidad del personaje original. No debe asustar. Todo lo contrario, debe estar cuidadosamente maquillado, presentable, “producido”, como dicen los jóvenes. Resumiendo, debe ser para “vivir sin miedo”.
Otros, en estos días, desde tiendas que bregan por continuar al frente del Poder Ejecutivo, se esfuerzan en sacarle el maquillaje a algunas partes de este Frankenstein. Nosotros intentaremos hacerlo sobre uno de sus aspectos, que extrañamente no ha estado en el debate pero que creemos que es importante visualizar.
Debo reconocer que eso presenta algunas dificultades, principalmente por el habilidoso zurcido invisible que reemplazó los costurones del personaje de Shelley.
Esta suerte de cirugía restauradora que pretendemos hacer pone especial atención en un aspecto esencial para la vida democrática: la llamada “agenda de derechos”. También es parte de la imperiosa necesidad que debemos tener los ciudadanos de contar con aquellos elementos que nos permitan definir de la mejor manera posible nuestras opciones electorales.
No es ninguna exageración hacer notar que lo que importó para la construcción de esta suerte de Frankenstein electoral es la estética a partir de la cual se disimulan u ocultan los costurones de lo que se presenta a los ciudadanos como la hoja de ruta que recorrerán los que pretenden gobernarnos durante los próximos cinco años. Julio María Sanguinetti no tuvo inconvenientes en confesarlo el 7 de noviembre en el programa En Perspectiva: “No era tan sencillo imaginarlo porque hay posiciones bastante encontradas, hasta estéticamente”.
¿Cuál es el problema estético?
Que Pablo Mieres opinaba sobre Guido Manini Rios no hace muchos días: “[el presidente Tabaré Vázquez] ni siquiera lo castigó, que debió haberlo hecho, lo digo con total convicción, cuando después de que lo relevan por aquella tremenda carta de ataque al Poder Judicial, porque el Poder Judicial actuó contra los represores, contra los torturadores durante la dictadura, una especie de defensa de aquello [...] integrar una coalición con Cabildo Abierto es muy difícil [...] Cabildo Abierto es la derecha”.
Defender a los torturadores y a la dictadura es apenas un problema de estética, que se resuelve amagando con no salir en la foto y finalmente saliendo.
No es ninguna exageración hacer notar que lo que importó para la construcción de esta suerte de Frankenstein electoral es la estética a partir de la cual se disimulan u ocultan los costurones de lo que se presenta a los ciudadanos como la hoja de ruta que recorrerán los que pretenden gobernarnos durante los próximos cinco años.
Días antes de la primera vuelta electoral, todos los candidatos, convocados por la organización que nuclea a familiares de desaparecidos, debieron pronunciarse por un aspecto puntual de la agenda de derechos: la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos. Entre ellos, la principal figura del partido colorado, Ernesto Talvi.
Este, al igual que los otros precandidatos, se habría comprometido a no abandonar esa búsqueda. No sabemos si en esa reunión se les pidió a los candidatos un compromiso en otro aspecto fundamental de la agenda de derechos: llevar adelante una política de persecución criminal a los violadores de los derechos humanos en el llamado “pasado reciente”.
Sin embargo, a la salida de esa reunión, Talvi debió responder a una oportuna pregunta de un periodista sobre el tema de la Justicia. El candidato colorado respondió que eso se haría en el marco de la ley de caducidad, que es una norma que fue ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades. Y para que no quedara ninguna duda de que la impunidad es lo que se promete, aclaró que el hallazgo de los restos de los desaparecidos no debía tener efectos generales, sino particulares para los familiares.
¿Cuáles son los efectos generales que Talvi no quiere que genere el hallazgo de restos de un desaparecido?
Los que puede y debe sacar el sistema judicial desde el punto de vista de las responsabilidades penales.
Seguramente por un problema de estética, esto no es lo que se dice en el punto 10 del acuerdo multicolor referido a la agenda de derechos. Se dice, por un lado, que se mantendrán las leyes que han sido votadas en los últimos años en beneficio de grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, por su origen étnico o por su orientación sexual, pero nada se dice de las leyes que se han votado para encarar los efectos de la aplicación del terrorismo de Estado y así cumplir con las obligaciones internacionales a las que está obligado el Estado uruguayo.
Finalmente establecen el compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Dicen que se servirán de todos los instrumentos jurídicos disponibles para avanzar en esta búsqueda. Más allá de que sobre este tema no hay que hablar de compromiso, sino de obligación, uno de los instrumentos legales es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, que justamente obliga al Estado uruguayo a algo más que a la búsqueda de los restos de los desaparecidos: indica la necesidad de establecer responsabilidades penales.
El 9 de octubre, el inefable Mieres declaraba en Radio Uruguay que si el Partido Independiente votaba mal en la primera vuelta, “el cambio se puede ir para la derecha y ser un cambio conservador”. No le fue bien, por lo que optó finalmente por rumbear hacia allí.
Raúl Olivera Alfaro es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT y coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.