En Uruguay se construyeron con éxito cinco coaliciones de derecha durante el último siglo: 1916, 1929, 1958, 1999 y 2019. Algunas vehiculizaron una alianza entre la derecha político-partidaria y la derecha económico-social (1916, 1929, 1958 y 2019) mientras que otras fueron coaliciones político-partidarias (1999). Todas plasmaron en coaliciones electorales de veto a las amenazas percibidas desde los gobiernos progresistas. En la totalidad de estas coaliciones de derecha, el herrerismo cumplió un papel central. Y lo vuelve a cumplir hoy, con la mega-coalición de derecha formada a principios de noviembre de cara a la segunda vuelta electoral entre dirigentes de cinco partidos, con cuatro componentes ideológicos clave: el neoliberalismo, el neoconservadurismo, el corporativismo militar y la fisiocracia.
Neoliberalismo
Mientras en los 90 el neoliberalismo fue ideología hegemónica en la región en la clase dirigente, entró en crisis en el siglo XXI con el “giro a la izquierda”, convirtiendo su pelea en una lucha de retaguardia. Desde mediados de esta década volvió por sus fueros.
Un primer componente ideológico de la coalición de derecha referida es precisamente el neoliberalismo, que coloca al mercado como mecanismo central de la distribución de la riqueza bajo el entendido que el efecto “derrame” (trickle down) es automático y que el Estado es ineficiente. Para los neoclásicos las “fallas de mercado” dadas por monopolios, monopsonios y carteles, atentan contra la eficiencia en la asignación de recursos aunque son excepcionales y siempre son preferibles frente a las “fallas de Estado” que llevan una ineficiencia tan radical que pone en riesgo el sistema y la institucionalidad.
Ana Zerbino, asesora en economía del ex candidato colorado a la presidencia Ernesto Talvi, lo dijo en términos tajantes: “El mejor asignador de los recursos es el mercado”. Y agregó: “Talvi también es liberal y cree mucho en la iniciativa privada, pero obviamente que hay espacio para el Estado de Bienestar, que es atender la protección social de las personas más desfavorecidas. A aquellos que no han logrado la autosuperación personal, por distintas razones, hay que asistirlos, pero no perder el foco de que las personas tienen las capacidades, y lo que hay que darles son los medios y las posibilidades”.
En las pocas palabras de Zerbino hay muchos supuestos y la enunciación de otra de las posiciones clásicas del neoliberalismo: el Estado de Bienestar liberal-residual. Entre los supuestos, se cuentan los siguientes. Primero, la división de las personas entre “responsables” y “no responsables”: las primeras son quienes logran superar personalmente los riesgos que implica vivir en sociedad mientras que las segundas son quienes no han logrado superar por sí mismos las situaciones de riesgo. Segundo: para Zerbino la responsabilidad por el riesgo no es social sino individual. La sociedad no tiene cuota de responsabilidad por no haber dotado a las personas de una estructura de oportunidades beneficiosa ni de un portafolio de activos suficiente para poder lidiar con el riesgo social: enfermedad, vejez, desempleo, etcétera. El único responsable es el individuo. Por eso es que se cree con derecho a responsabilizar a ese individuo por su falta de “autosuperación personal”. Tercero: hay una división de tareas entre el mercado y el Estado, que Zerbino explícita de manera perfecta. Quienes pueden acceder a la compra vía mercado de bienes sociales (como salud, educación, seguros y cuidados), deben hacerlo. O sea, el mercado cubre los “riesgos buenos”, el de los sectores ricos en ingreso y capital. El Estado, en cambio, deberá cubrir los “riesgos inaceptables” o “riesgos malos”: los de quienes cayeron por debajo de un mínimo. Cuarto: el supuesto de la intervención residual del Estado. Para la derecha neoliberal la intervención del Estado debe darse en defecto del mercado y la familia: sólo es concebible en los casos en que haya “fallas de mercado” o “fallas de las familia”, manifestadas en la ausencia de “votos monetarios” y en la protección de sus miembros, respectivamente. Quinto: el concepto de Estado de Bienestar queda implícitamente despojado de uno de sus principales objetivos: producir cohesión social y una “sociedad de semejantes”. Si los hijos de los adultos ricos y clasemedieros concurren a instituciones de enseñanza privada mientras que los hijos de los adultos pobres concurren a instituciones de enseñanza estatal, ¿dónde van a interactuar los diferentes sociales? ¿Dónde se va a producir ese cemento entre personas procedentes de diferentes clases sociales? ¿Pensaron los economistas Talvi y Zerbino en estos temas? La educación, como decía Ruben Kaztman, es el principal melting pot que se han dado las sociedades modernas, y por lo tanto su importancia para la cohesión social es de primera importancia. El punto es que la cohesión social para la producción de una sociedad de semejantes, le es indiferente al neoliberalismo. En breve, de las palabras de Zerbino se desprende un adiós al Estado de Bienestar de inspiración universal: el que no señala al humilde en recursos con una “tarjeta de pobre”, el que brinda iguales prestaciones a todos, independientemente de su posición en la estructura de estratificación social.
Asimismo, el neoliberalismo forma parte del núcleo herrerista noventero, del programa actual del Partido Nacional y de sus propuestas electorales. Una de ellas, destacada por su líder, plantea un programa económico vertebrado por un “shock de austeridad”: en concreto, un ahorro de 900 millones de dólares por año. Agrega un “shock de competitividad” dirigido a dos sectores del agro que denomina “agro exportador”, principalmente ganadero, y “agro doméstico”, que abarca desde la lechería hasta la agricultura familiar. En cuanto a las negociaciones tripartitas en los consejos de salarios, el programa del Partido Nacional postula que bajo los gobiernos del Frente Amplio hubo un desbalance en favor del trabajo y en detrimento del capital: “El gobierno debe ser capaz de generar confianza y reciprocidad entre trabajadores y empleadores. En los últimos años se han acumulado episodios que ponen en cuestión este equilibrio y que, en consecuencia, erosionan la legitimidad del sistema”. Y pone el ejemplo ocurrido a propósito de la ley de negociación colectiva donde el Partido Nacional se hace eco de la queja del sector empleador ante el comité de libertad sindical de la OIT, que cuestiona varios aspectos de esa norma. Suma un segundo ejemplo: “la conducta seguida por el gobierno en relación a las ocupaciones de los lugares de trabajo”.
Por su parte, la asesora en economía del candidato blanco Luis Lacalle Pou Azucena Arbeleche dijo a 77 días de las elecciones internas: “La idea es que en los siguientes años el empleador sea el sector privado”. Por su parte, el asesor en seguridad social de Lacalle Pou Rodolfo Saldain sólo concibe profundizar la reforma de mercado en el área de la seguridad social. El herrerismo, a través de Saldain, no sólo desaconseja suprimir el esquema de ahorro para la jubilación sino que sostiene que hay mucho campo para ampliar en el segundo pilar de capitalización; o sea, el pilar que individualiza el riesgo social. No hace referencia, sin embargo, al pilar a cargo del Estado, que es solidario.
Además, la intención de Lacalle Pou, como lo ha manifestado a los medios, es mantener a raya a la demanda social. Esa actitud tiene que ver con la clásica línea de razonamiento neoliberal. Según ésta, el Estado no puede recibir ni mucho menos dar cuenta de la demanda social, so pena de recalentar la economía, poner en riesgo la “gobernabilidad” y derivar hacia la crisis. El corolario es simple: el Estado de Bienestar genera disfunciones graves en la gestión democrática por lo que se impone reducirlo en tamaño y funciones, so pena que las presiones hacia la mayor igualdad deriven en la “deslegitimación de la autoridad”. Ésta fue una conclusión a la que arribaron tres cientistas sociales de renombre en el famoso —y escueto— Informe de la Comisión Trilateral (Crozier, Huntington y Watanuki, 1975). El herrerismo sigue esa tradición, acaso sin saberlo: forma “parte del aire” que ha respirado.
Lacalle Pou, como diputado, votó en contra o no votó (por no estar en sala o por estar de licencia) un amplio repertorio de leyes, entre las cuales se encuentran las de índole social, precisamente las que fortalecen el Estado Laboral y el Estado de Bienestar: ley que amplía los Consejos de Salarios a trabajadores rurales y domésticas, ley de creación del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), ley de jornada de ocho horas del trabajador rural, ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género, ley de creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), ley de creación del fondo de garantías de créditos laborales, ley de inmuebles urbanos vacíos y degradados, ley de creación del fondo de garantía de créditos laborales ante la insolvencia del empleador, y el proyecto de ley de creación de la Universidad de Educación.
Neoconservadurismo
En los hechos, todos los dirigentes de la región y del mundo que defendieron principios neoliberales en economía fueron también neoconservadores en el terreno cultural, salvo excepciones como Jorge Batlle. Esta condensación de ideologías proviene de Estados Unidos, donde intelectuales como Samuel Huntington, Irving Kristol y Michael Novak eran tan conservadores como neoliberales. En América Latina todos los gobernantes neoliberales fueron a la vez neoconservadores, además de declararse católicos: Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Saúl Menem, Fernando Collor de Mello, Alberto Fujimori, Hugo Bánzer Suárez, entre otros.
En efecto, el neoconservadurismo, cuyos planteos barren el arco que va de la política a la cultura, ha mantenido en los hechos afinidades electivas con el neoliberalismo en cuanto a despolitizar a la ciudadanía, desplazándola de la política al mercado (neoliberalismo) o a la tríada familia-patria-religión (neoconservadurismo). Además, la retracción hacia lo privado o “privatismo civil” es compartida por ambas ideologías aunque desde lugares distintos. El neoconservadurismo, con antecedentes en políticos como Barry Goldwater, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se planta en el terreno de las ideas. Y habla del orden social como correlato de un plan divino; defiende la seguridad pública, la autoridad, la familia, la tradición, la herencia, las jerarquías sociales, la patria y el regreso a la religión. Y condena la rebelión juvenil por ser un disolvente familiar y moral, el socialismo, el comunismo, el feminismo, la agenda de derechos y la ciudadanía multicultural.
El líder de la coalición de derecha, Lacalle Pou, votó contra leyes que abrieron una nueva agenda de derechos multiculturales en Uruguay: ley del matrimonio igualitario, ley que regula la producción, venta y consumo de cannabis, ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley integral para personas trans y ley de concubinato. Lacalle Pou no se encontraba en sala o estaba de licencia cuando se aprobaron las siguientes leyes de ciudadanía post-materialista: ley contra la violencia hacia las mujeres basada en género, ley de adopción para parejas homosexuales y ley de identidad de género.
El segundo socio más importante de la coalición conservadora, después del Partido Colorado, es Cabildo Abierto, un partido liderado por un militar retirado cuya primera fila está constituida de uniformados. El neoconservadurismo no lo oculta su programa ni sus voceros. El candidato a vicepresidente de Cabildo Abierto manifestó con ironía su malestar respecto a la agenda posmaterialista de derechos con un ejemplo: “Dentro de poco nos van a imponer una ley por la que la homosexualidad sea obligatoria”. Un semanario publicó una entrevista en que un diputado electo por Cabildo Abierto disparó contra el conjunto de derechos multiculturales: contra la despenalización del aborto (“yo estoy en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar […] si te gustó, bancátela”), contra la educación que contempla la legitimidad del matrimonio igualitario (“tengo amigos gays y son excelentes personas, acepto su decisión, la respeto, pero no la tomo en un punto de valor como para educar a mis hijos”), contra el derecho que le asiste a los menores de elegir su identidad de género (“Creo que los trans son tan orientales como yo y tienen los mismos derechos, del primero al último. Pero los menores no pueden elegir eso”), contra la “ideología de género” (“en esa educación que les dan a los niños en los libros y en las guías aparecen materiales que dicen que todos somos iguales, que todos podemos ser varón o nena, y no es así. El varón es varón y la nena es nena”) y contra el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo (“hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera hace lo que quiere y después dicen ‘vení, sacámelo, total, no pasa nada'” en referencia a la legalización del aborto); contra la ley de regulación del mercado de la marihuana (“la marihuana recreativa es una puerta para drogas más pesadas”) [Búsqueda: 7/11/2019]. En este mismo sentido —pongo sólo un ejemplo— el programa de Cabildo Abierto arremete contra la ley de despenalización de la marihuana y propone “derogar aquellos aspectos de la ley Nº 19.172, normas y decretos respectivos, en cuanto a la plantación, cultivo, cosecha, industrialización y distribución de cannabis psicoactivo para su dispensación en farmacias, para uso personal”.
Por otra parte, el programa de Cabildo Abierto pone su acento en la patria. Por ejemplo, en materia de calendario nacional dice: “promover actos culturales relacionados con las fechas Patrias”, así con mayúscula-minúsculas. El programa también enfatiza la familia como “primera y más importante fuente de identidad”. Asimismo propone “un salario maternal para la mujer que al tener su tercer hijo prefiera renunciar a su trabajo y quedarse en el hogar para su mejor crianza”, de aplicación para aquellas familias con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos nacionales. Sobre todo, el programa de Cabildo Abierto arremete contra lo que llama “ideología de género”: en ese sentido propone “revisar los programas y textos de educación inicial y primaria que contengan conceptos de la ideología de género y las guías de abordaje de la educación sexual”. También es contrario a la educación sexual implementada por los gobiernos de izquierda. Por eso propone “realizar una evaluación profunda acerca de las políticas y programas de educación sexual y reproductiva existentes”.
En materia de seguridad pública, el neoconservadurismo también dice presente. El programa del Partido Nacional plantea “la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados”. Otros puntos que el programa del Partido Nacional incluye —vetados después por miembros de la coalición— son: excluir del régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico, homicidio simple, homicidio agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad y secuestro; la pena perpetua revisable para delitos gravísimos y la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de estupefacientes.
Corporativismo militar
El tercer componente ideológico es el corporativismo militar. Cabildo Abierto, si bien fue votado también por civiles, constituye un partido militar, donde las decisiones las toman hasta el momento uniformados. Entre las propuestas programáticas de corte corporativas se encuentran: “crear dos nuevos liceos militares en la zona oeste y este”; “incorporación a la Armada Nacional de recursos aéreos y marítimos con la tecnología necesaria para el patrullaje de las aguas territoriales”; “impulsar un desarrollo sostenible de la Aviación Civil y la Infraestructura Aeronáutica”; “fomento de la Marina Mercante Nacional y la promoción de una Red Nacional de Cargas Fluviales con la participación de agentes privados y estatales”; “derogar la Ley Orgánica Militar N°19.775 aprobada en julio de 2019 proponiendo una nueva Ley Orgánica […] que deberá ser parte de una Política de Estado y surgir de la discusión y análisis por parte de todo el Sistema Político e Integrantes de las FFAA [Fuerzas Armadas]”; “establecer una nueva escala salarial para las FFAA” en la que un soldado reciba la “remuneración correspondiente al mínimo establecido para el sector público en la Ley N° 19.355 de presupuesto para el período 2015-2019”; “dotar a las FFAA del material necesario para el cumplimiento efectivo de sus Misiones de control de los espacios terrestre, marítimos y aéreos”. Lo dice el programa de Cabildo Abierto.
En el mismo sentido de mantener las prebendas corporativas de la “familia militar” se manifestó Lacalle Pou, que ya había votado contra dos leyes aprobadas por el Frente Amplio que intentaban poner límites al corporativismo: contra la reforma a la ley orgánica de las fuerzas armadas y contra la reforma de la caja militar.
Algunos de los voceros de Cabildo Abierto manifestaron afinidad con “animales políticos” regionales de ultraderecha, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuyo discurso es nacionalista, militarista, religioso, anticomunista, antifeminista, contrario a la inmigración y tan enemigo de la ciudadanía multicultural como favorable a un concepto marcial de orden. El líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, concurrió a la asunción de mando de Bolsonaro en Brasilia, en un gesto que nadie replicó en el sistema de partidos (Novick y Verónica Alonso fueron menos osados). Cabildo Abierto tiene propuestas descoloridas en materia económica pero su acento está puesto en el orden, la jerarquía y el “combate a la corrupción”.
Su corporativismo militar lo emparenta —aunque siempre es riesgoso hacer estos saltos— con movimientos políticos anti-marxistas como la Acción Francesa, también católica, nacionalista, militarista, contraria a propiciar la inmigración y enemiga de la democracia, el socialismo, la República. Los exponentes de Cabildo Abierto se han declarado, en cambio, partidarios del sistema democrático. Y a diferencia de la Acción Francesa, no alientan grupos de choques callejeros pero sí inducen a los típicos pánicos morales de las ultraderechas militares anticomunistas: si gana el FA habrá “2.000 uruguayos asesinados” en cinco años, aseguró Manini Ríos en un gimnasio de Minas, departamento de Lavalleja (la diaria, 11 de noviembre de 2019).
Fisiocracia (y algo de historia)
Por último, el otro componente ideológico presente —aunque paradójicamente invisible— que pulsan los dos principales socios de la coalición opositora es el elemento fisiócrata. La fisiocracia sostiene en grandes líneas el carácter sagrado de la propiedad, en particular de la propiedad sobre la tierra; la creencia en que el único sector de la economía realmente productivo se encuentra en el sector primario; la certeza de que los sectores de la economía se dividen en productivos y parásitos, dado por los sectores rurales y urbanos, respectivamente; la convicción de que hay un conflicto entre las clases “productoras” y quienes defienden a las clases “parásitas”, responsables de crear empleo público, presión fiscal y legislación social; y el deber de combatir a los representantes institucionales de ese parasitismo social. A diferencia del planteo de Adam Smith en La riqueza de las naciones, según el cual la riqueza se produce gracias al trabajo humano, para los fisiócratas históricos y actuales, la riqueza la produce un sector de la economía en particular: la tierra.
Hay una larga tradición de coaliciones de derecha fisiócrata contra gobiernos progresistas en la materia. El herrerismo actual y el talvismo no son los primeros. Voceros de ambas corrientes han sostenido un discurso que se hace eco de este tipo de ideología condensada en el movimiento “Un solo Uruguay” y en otros gremios rurales, para cuyos integrantes lo único importante es la actividad rural. Uno de los asesores de Ernesto Talvi dijo en entrevista a radio Uruguay en marzo de este año: “hay que partir de un acuerdo público-privado en cuanto a que el agro es prioridad y se lo ve como un trampolín para ir a un nivel más alto de exportaciones del país”. La idea de que “si el agro cae, después se cae todo lo demás”, del mismo asesor, sintoniza con el discurso herrerista histórico y actual. Además voceros de la coalición también han dicho que el incremento del empleo público resulta “peligroso” porque lo carga el sector primario. Esta línea argumental es de larga data. Lo repaso de forma breve.
La primera de esas coaliciones socio-político-partidarias tuvo lugar en 1916, y en ella estuvo presente la ideología fisiócrata nunca asumida conscientemente por sus protagonistas. Una alianza integrada por el Partido Nacional —liderado por Luis Alberto de Herrera—, el riverismo colorado —encabezado por Pedro Manini Ríos— y la Federación Rural fue la responsable de obturar la continuación del “país modelo” impulsado por el batllismo y sus dos socios minoritarios (Partido Socialista y Partido Liberal). Nacionalismo, Riverismo y Federación Rural defendían lo mismo: la estructura concentrada de la tierra, los intereses primario-exportadores y un proyecto de país basado en el sector primario. El supuesto era fisiócrata: el sector primario era el único generador de riqueza porque los restantes eran sectores parásitos. Éste es el núcleo del pensamiento de las clases dominantes rurales y de los partidos que expresan sus intereses. Además, esta coalición de derecha fisiócrata logró impedir la extensión al trabajador rural del repertorio de derechos laborales y sociales, vigente para los trabajadores de la industria y los servicios urbanos. Luis Alberto de Herrera, que tildaba al batllismo como “La Gran Comuna” escribió en un informe de la Federación una apología de la estancia y del estanciero y una condena elíptica al batllismo y el socialismo: “la estancia grande o chica, siempre irradió honradeces y virtud patriarcal”. Y luego “se pretende llevar el contagio de las verbas socializantes al espíritu del paisano […] Envenenarlo se quiere con demencias ácratas, volviéndolo airado contra el estanciero, que siempre fue su providencia, y contra la estancia, puntal de su propia vida y también de la nacionalidad” (L. A. de Herrera, La encuesta rural, 1920).
La segunda coalición tuvo lugar en 1929, en respuesta al segundo impulso reformista del batllismo que propuso salario mínimo, un sistema de retiro jubilatorio, una reforma agraria (“tierras para el pueblo”), nuevos impuestos, etcétera. La resistencia a este impulso lo protagonizó una coalición sociopolítica y partidaria más amplia que la de 1916. Por el lado de los grupos corporativos dominantes, la Federación Rural logró nuclear en el Comité de Vigilancia Económica a los representantes de las clases dominantes: la cámara de comercio, la cámara de industria, la cámara mercantil de productos, las cámaras de comercio extranjeras y a todas las “fuerzas vivas”, a excepción de la Asociación Rural que no politizó sus demandas, como lo establece Gerardo Caetano en El asedio conservador. Pero la derecha social convergió con la derecha partidaria para abortar este segundo tiempo reformista: herreristas, riveristas y la Unión Cívica sumaron fuerzas a esta iniciativa de las clases altas rurales. En esta oportunidad reapareció con fuerza el discurso fisiócrata. Además de rechazar más impuestos y nuevas leyes sociales “inconsultas”, las clases altas se asignan ser las personas “laboriosas” y “productoras”. La relación entre campo y la ciudad se percibía como el conflicto entre los productores laboriosos contra los “parásitos” urbanos, escribe Germán Rama en La democracia en Uruguay.
La tercera coalición de derecha fisiócrata en 1958 la integró una vez más el herrerismo como socio del ruralismo de Benito Nardone contra la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y crecimiento del Estado de Bienestar impulsado por el segundo batllismo de Luis Batlle Berres. Fueron tres los actores clave de la ISI: Estado, empresas industriales nacionales y trabajo sindicalizado. El Estado actuó como pivote de este triángulo. Financió el crecimiento industrial a través de subsidios, reintegros, prefinanciamientos, protección arancelaria y para-arancelaria, tarifas preferenciales a la importación de insumos o bienes de capital, etcétera. Al mismo tiempo instaló empresas públicas, nacionalizó e incorporó a la órbita estatal empresas extranjeras, proveyó capital para obras básicas de infraestructura (lo que también benefició indirectamente a las empresas), fomentó el crecimiento de una burocracia civil y militar y extendió de manera enérgica el Estado de Bienestar. Por su parte las empresas industriales dirigidas al mercado interno iniciaron un período de auge expresado en el crecimiento sostenido del PBI industrial en el PBI nacional. Estuvieron dispuestas a conceder aumentos de salarios a los trabajadores porque podían trasladarlos a los precios frente a la protección aduanera. Por último, el trabajo formal urbano y sindicalizado fue igualmente beneficiario de este modelo así como el empleo público a través de una política de ingresos y la ampliación de la legislación laboral y social.
En el caso del segundo batllismo hay que contar la extensión de las asignaciones familiares, el salario por maternidad, la generalización de las jubilaciones, los seguros de desempleo para algunos sectores, vacaciones pagas, entre otros logros. El sector agro-exportador financia este triángulo de la ISI aunque mantiene cuotas clave de poder: la renta sobre la tierra, la vinculación económica con el extranjero y el prestigio propio de los sectores acaudalados. La particularidad de la ISI en Uruguay fue que integró al universo del bienestar a más del 70% de la población, según lo escribió Fernando Filgueira en El largo adiós al país modelo.
Este modelo de país fue atacado frontalmente por el herrerismo: Herrera calificó de “garrapata prendida al pecho de la nación” al gobierno. El pecho de la nación eran las clases altas rurales, claro. Por su parte Nardone cuestionó al gobierno en términos duros: “El Sr. Luis Batlle le está costando demasiado caro al país” (citado por Nahum, Cocchi, Frega y Trochon). El resultado fue que esta alianza entre Herrera y Nardone en el marco de un Partido Nacional reunificado se impuso a un Partido Colorado debilitado y que tras la muerte de su líder, entró en una deriva neoliberal, conservadora y golpista.
Por último, la coalición electoral blanquicolorada de 1999 para anticiparse al triunfo del Frente Amplio no tuvo elementos fisiócratas. Jorge Batlle, demócrata en el plano político, neoliberal en el plano económico y liberal de izquierda en aspectos culturales, no vehiculizó en sus discursos elementos de esa índole.
De vuelta el “inquietismo”
El conjunto de estas coaliciones conservadoras condensan el “inquietismo” de las clases altas ante los avances sociales: desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, la canción ha sido, sigue siendo la misma. A principios de siglo Herrera se quejaba que el batllismo había transformado al Uruguay en una suerte de Comuna de París: “caducó el concepto de la propiedad inviolable […] y empezó entonces el movimiento en favor del proletariado, protección a las huelgas y difusión de todos los programas máximos y mínimos del socialismo”.
Hoy los reclamos son similares. Una vez más una novel coalición conservadora reacciona contra los logros en varios planos de gobiernos de izquierda. Sería imposible sintetizarlos en pocas palabras. Durante los tres gobiernos del Frente Amplio el país mejoró sustantivamente en los planos laboral, social y fiscal; en materia de desarrollo, con una nueva matriz energética; y sumó un portafolio de derechos para las minorías, antes ignoradas. Baste decir que los logros en estas y otras materias, han sido reconocidos por una batería de rankings internacionales que colocan al país a la cabeza de la región y en el podio mundial.
Fernando Errandonea es sociólogo (UdelaR), profesor de Historia (IPA) y docente en UdelaR