Fue noticia en los medios la semana pasada la decisión del Consejo de la Facultad de Derecho de no pronunciarse sobre el proyecto de reforma constitucional promovido por un sector del Partido Nacional, tendiente a crear una Guardia Nacional, asegurar el cumplimiento efectivo de las penas para ciertos delitos, imponer la cadena perpetua revisable para determinados delitos y permitir los allanamientos nocturnos.
La mayoría que votó negativo el tratamiento del tema se conformó con las agrupaciones docentes Pluralismo y Espacio Docente Independiente y las de estudiantes y egresados Corriente Gremial Universitaria. Votaron en minoría, a favor de discutir y pronunciarse sobre la iniciativa de reforma, el Frente Zelmar Michelini en estudiantes y egresados, y las agrupaciones docentes Por los Principios Universitarios y Movimiento Universitario Renovador.
Antes de eso, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República había decidido someter a los servicios la consideración del asunto, a efectos de “impulsar, organizar y apoyar la realización de actividades que permitan un pronunciamiento adecuado en el referéndum para la reforma constitucional impulsada bajo la consigna ‘vivir sin miedo’, [...] solicitar a los servicios que comuniquen a la Comisión Ad Hoc y a este Consejo las actividades que vayan a realizar sobre la referida Reforma Constitucional con el fin de colaborar en su difusión”, y “exhortar a los Servicios que aún no se han pronunciado a que discutan el proyecto en sus respectivos Consejos o Comisiones Directivas”.
La resolución del Consejo de la Facultad parece revelar una especie de incomprensión de la dimensión central que tiene una reforma constitucional en un ordenamiento jurídico, en tanto se dirige a modificar el máximo instrumento normativo que regla las relaciones entre los poderes y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, amén de reconocer los derechos fundamentales de las personas.
Quedar al margen de todo entendimiento sobre un proyecto de esa magnitud por considerar, como argumentó la mayoría, que su contenido es “político” (¿hay algún sesgo del derecho que no sea político, o sea, que no configure cierto direccionamiento axiológico?; ¿es el derecho pura forma, desvinculada de cualquier contenido?), y recostarse en un desmedido afán aséptico termina, quizá sin quererlo (¿), dirimiendo las posiciones en favor de una aceptación pacífica de las propuestas reformistas, en tanto quedan sin ser confrontadas críticamente con mediaciones jurídicas indispensables.
Por otra parte, la resolución no solamente deja a la Facultad de Derecho por fuera de un debate nacional en el que era su deber aportar un punto de vista jurídico en disciplinas tan sensibles y esenciales como el derecho constitucional, el derecho penal y los derechos humanos, sino que ese mutismo y autoconfinamiento priva a la sociedad de una perspectiva calificada y única, y robustece cierta marginación e inoperancia que sufre Derecho en el concierto de la política universitaria.
No es menos preocupante la señal que da el máximo órgano de conducción de la Facultad desde el ángulo de la enseñanza del derecho, ya que el concepto que parece emitir es concebir el mundo de lo jurídico como un artefacto descontextualizado y disociado de toda peripecia humana.
Cualquier opinión a favor, en contra o cualquier matiz respecto del proyecto de reforma constitucional hubiese sido preferible a la opción asumida de no pronunciarse. Nadie se habría escandalizado por vivir y decir sin miedo lo que se piensa.
Hugo Barretto Ghione es profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho, Udelar.