Al momento de escribir estas líneas han pasado 269 días desde el domingo 1° de marzo.
Parecen años. Podríamos hacer un recorrido cronológico y repasar mentalmente las imágenes y relatos que nos han envuelto en estos meses en un estado de ánimo de excepcionalidad, incertidumbre y agotamiento.
Asistimos a un tiempo en el que se cuestiona abiertamente la institucionalidad, la pertinencia de la protección de los derechos humanos y se busca insistentemente identificar la “carga ideológica” que acompaña cualquier alegato en su nombre.
Nuestra democracia constitucional hoy se ve amenazada como si fuera una amplia plantación ante la voracidad de una manga de langostas. Es frágil, y en los últimos meses ha sido salvajemente atacada, con persistencia y temeridad. Los enemigos “silenciosos” de la agenda de derechos y de sus garantías, valiéndose de diversos mecanismos, recursos y relatos, alimentan diariamente, ¿sin darse cuenta?, un contexto proclive a las regresiones autoritarias.
El carácter autoritario de la coalición de gobierno es matizado por diversos medios de la mano de una estrategia de comunicación gubernamental exitosa que ha logrado “apagar” algunos fuegos, redirigir las discusiones y manipular a las audiencias.
¿Por dónde empezar a nombrar el conjunto de acontecimientos que nos atraviesan y que lesionan profundamente nuestra comunidad política?
¿Por qué el insistente cuestionamiento a instituciones como la Fiscalía General de la Nación o la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo atenta contra el Estado de derecho?
¿Por qué importa defender la laicidad y su potencia democrática cuando es torpemente utilizada para cercenar libertades como la sindical y la de expresión?
¿Por qué importa el juzgamiento de represores y violadores de derechos humanos y sus cómplices? ¿Qué está en riesgo cuando aceptamos los discursos negacionistas en el seno de nuestro Parlamento?
¿Por qué importa defender el orden constitucional y la no regresividad de derechos tutelados a partir de políticas públicas?
Cuando nos aprestamos a responder estas preguntas, surge la necesidad de atender nuevos cuestionamientos. Es abrumadora la sensación de no saber por dónde comenzar.
En el marco de las discusiones sobre el alcance del referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), se abre una importante ventana de oportunidad para defender en clave ciudadana el orden constitucional e institucional en riesgo.
¿Cuál es el alcance que debe tener la propuesta de resistencia popular ante una ley que no es resultado propiamente de un mero acto legislativo sino de la transgresión del orden constitucional?
La misma pregunta que, en su momento, desde diversos espacios hicimos a la bancada del Frente Amplio hoy se traslada al conjunto del campo popular. ¿Por qué discutir artículo por artículo o buscar consensos temáticos de un instrumento que en sí mismo está viciado y constituye una grave afectación de principios elementales del derecho?1
Lo que está en juego no es sólo la puesta en marcha de una serie de reformas estructurales, sino una forma de gobernar, de manipular las herramientas de la democracia representativa y avasallar los intereses del pueblo, transgrediendo la separación de poderes, desconociendo alevosamente el texto constitucional.
Los enemigos “silenciosos” de la agenda de derechos y de sus garantías, valiéndose de diversos mecanismos, recursos y relatos, alimentan diariamente, ¿sin darse cuenta?, un contexto proclive a las regresiones autoritarias.
El punto de partida para dar la batalla del boca a boca contra la LUC debe retrotraemos al 28 de abril, momento en que se desplegó una maquinaria arbitraria y compleja que impuso la discusión de decenas de proyectos legislativos en clave de urgencia; dichos proyectos, de gran variedad temática, suman 476 artículos, contrariando expresamente el artículo 168, numeral 7, inciso a del texto constitucional: “El Poder Ejecutivo no podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, ni enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado”.
Tal como dan cuenta las versiones taquigráficas del trámite parlamentario de la LUC, la mayoría de las delegaciones que concurrieron a la Comisión Especial para su “estudio” manifestó su total rechazo a la ley en forma y contenido;2 la instancia de discusión fue una plataforma para plantear las otras y verdaderas urgencias, nunca un espacio auténticamente deliberativo. La posterior aprobación de la norma da cuenta de lo que Roberto Gargarella ha llamado recientemente la “burla a la deliberación”: cuando las audiencias legislativas sólo buscan legitimar lo que ya se tenía decidido hacer de antemano; en este caso, legitimar un proceso legislativo viciado.
Luigi Ferrajolli advierte en su libro Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional: “La democracia constitucional está expuesta a constantes manipulaciones por las deformaciones de la representación política [...] Cuanto más se debilita la relación de representación, cuanto más se separan de la sociedad los representantes, tanto más esencial se hace el paradigma constitucional, es decir, el sistema de límites y vínculos, de separaciones y garantías, idóneos para impedir la degeneración burocrática y autoritaria [...] todos los derechos fundamentales también son poderes y contrapoderes sociales capaces tanto de equilibrar y limitar los poderes como de dotar de efectividad a la representación política”.
La cultura de derechos es incómoda porque se opone y desafía directamente a la cultura del poder. Estamos ante una encrucijada en la que en nombre de la democracia y de los propios valores en riesgo se nos quiere convertir en súbditos y clientes, desdibujando el rol que jugamos como sujetos de derechos y ciudadanas, ciudadanos.
Tenemos una responsabilidad histórica. Es tiempo de fortalecer nuestros vínculos, de apostar, más allá de las diferencias, a la unidad estratégica; el horizonte en disputa no es el referéndum de 20, 116 o 200 artículos, sino la defensa popular de la cultura de derechos, de nuestra democracia, ante la transgresión de límites y controles, ante una burda manipulación, en tiempos de pandemia, de lo que significan la representación política y nuestras instituciones.
Hay concesiones peligrosas.
Es necesario abrir la cancha a la participación que estos meses estuvo obturada.
¿Por qué renunciar al desafío de fortalecer y ampliar los límites de la ciudadanía democrática?
¿Qué es lo que está en juego si no libramos esa batalla?
Valeria España es abogada, magíster en Derechos Humanos y Políticas Públicas y socia fundadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.