El 28 de noviembre, en la plaza Julia Arévalo, ubicada en Avenida de las Leyes entre Agraciada y Colombes, un grupo de ex presas políticas, con el apoyo de la Brigada Andrés di Pascua, realizó una pintada del Mural de la Memoria. En ese mismo lugar, en setiembre de 2019, ellas lograron que se cediera el terreno y se colocara la piedra fundamental de un futuro memorial que se construirá allí cuando consigan los recursos económicos suficientes para hacerlo.
Bajo la consigna “Las mujeres construimos historia defendiendo la vida”, este grupo de ex presas políticas se viene reuniendo desde el año pasado reivindicando un memorial que identifique y reconozca por parte del Estado uruguayo y de la sociedad en su conjunto los aportes –hasta ahora invisibilizados– de las mujeres en la lucha contra el terrorismo de Estado.
De acuerdo a la exhaustiva información que registra el Observatorio Luz Ibarburu, de las 338 causas presentadas a la Justicia entre 1981 y 2020 por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, sólo un porcentaje mínimo han pasado la etapa de presumario, y mucho menos aún han recibido sentencia definitiva.
De todas las causas hasta ahora impunes, quiero hacer referencia a una de ellas: la denuncia que hizo un grupo de 28 mujeres ex presas políticas en 2011, algunas de ellas presentes en la pintura del mural que recién mencionaba. Esta constituye la primera denuncia realizada por mujeres que coloca específicamente la violencia sexual en tanto crimen de lesa humanidad. Recordemos que en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) condenó al Estado uruguayo por el secuestro y la muerte de María Claudia García y por la supresión de identidad de Macarena Gelman. Esta sentencia también obliga al Estado a investigar sobre las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, de acuerdo a lo que establecen los estándares internacionales en estos casos. Sin embargo, el Estado uruguayo sigue siendo particularmente ineficaz y ha habido escasos avances en este sentido. De acuerdo al Observatorio Luz Ibarburu, la cantidad de procesamientos luego de que el Estado uruguayo fuera condenado por la Corte IDH muestra la débil –por no decir casi inexistente– política estatal para cumplir las obligaciones internacionales.
Esta es la situación de la denuncia de las 28 mujeres que recién mencionábamos. Las ex presas denunciaron a más de 100 militares –de distintos rangos– y civiles, que estuvieron involucrados en prácticas sexuales aberrantes como la desnudez forzada, los manoseos, las violaciones con o sin penetración con objetos, animales, picana eléctrica, y que no eran prácticas aisladas, sino que su intencionalidad clara era la destrucción de las mujeres, pero también un mensaje de terror y disciplinamiento a la sociedad en su conjunto. Hasta el momento, el único procesado por esta causa es el ex militar Asencio Lucero Machado, que no fue condenado por torturas y violencia sexual, sino por reiterados delitos de privación de libertad, a pesar de que durante el interrogatorio en el juzgado penal en el año 2016 confesó haber torturado a mujeres dando detalles de la violencia física, psicológica y también de la violencia sexual.
Claramente vivimos en el mundo del revés. Este 10 de diciembre, 72º Día de los Derechos Humanos, en este y en tantos otros casos del presente y pasado, no tenemos mucho para celebrar.
Los denunciados y sus abogados y abogadas defensoras hacen uso y abuso una y otra vez de las distintas maniobras dilatorias (“chicanas”). En lo que se ha avanzado, sin embargo, y con éxito, es en las declaraciones públicas que hacen generales retirados y políticos de derecha y ultraderecha, quienes en los medios masivos de comunicación no sólo dicen que los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Uruguay durante el terrorismo de Estado no le interesan a nadie, sino que agravian al Poder Judicial poniéndose del lado de los torturadores, violadores y, por qué no decir, de los cobardes que, habiendo sido y siendo operadores del Estado, no enfrentan la Justicia.
Y volviendo a la denuncia por violencia sexual de las 28 mujeres, no sólo ocurre todo esto, sino que además son ellas las que por segunda vez luego de nueve años tienen que volver a presentarse a declarar, porque los y las abogadas de los violadores parece que no pudieron estar presentes cuando se les tomó declaración a las mujeres en 2011. Esto las vuelve a revictimizar y atenta por milésima vez contra sus derechos humanos y contra toda normativa internacional –y también nacional–, que establece que el Estado debe garantizar un trato humanitario y respetuoso de su dignidad y no exponerlas a que los horrores de la tortura y de la violencia sexual vuelvan al presente.
Claramente vivimos en el mundo del revés. Este 10 de diciembre, 72º Día de los Derechos Humanos, en este y en tantos otros casos del presente y el pasado no tenemos mucho para celebrar.
Laura Cafaro es diputada suplente e integrante del Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio.