El viernes de la semana pasada se presentaron los resultados del segundo censo nacional de personas privadas de libertad, realizado el año pasado. Analizar sus datos tiene, obviamente, gran importancia para mejorar la política carcelaria, pero también para identificar áreas prioritarias en la prevención social del delito, una tarea muy distinta de la prevención policial.
Evidencias y orientaciones
Según indica el informe final del censo, que se puede descargar del sitio web del Ministerio del Interior, las personas encuestadas tienen diferencias notorias con el conjunto de la población uruguaya. Son en promedio más jóvenes y muy mayoritariamente varones (92%), con menos años en el sistema educativo, al que más de la mitad dejó de asistir a los 14 años o antes. La identificación como afrodescendientes (20,2%) es casi el doble que en el total.
Un 20% estuvo en situación de calle durante la infancia o la adolescencia, y casi la cuarta parte fue institucionalizada en ese período de la vida, en el que 22% tuvo contacto con personas de su núcleo familiar cercano vinculadas con actividades delictivas o situaciones de violencia familiar. Casi la mitad cometió su primer delito antes de cumplir 18 años.
Con un enfoque de prevención policial, los resultados de la encuesta pueden llevar al refuerzo de la vigilancia y la disuasión directa en los barrios más pobres, con foco en la población de varones más joven y vulnerable. Desde este punto de vista, además, las personas con antecedentes recientes de privación de libertad son de especial interés, ya que 70% de ellas reincidía cuando se estudió esa variable por última vez, en 2023, y la mayor parte de las recaídas se produce en los primeros meses posteriores a la liberación.
La prevención social requiere, entre otras cosas, reducir la pobreza y la vulnerabilidad, las salidas del sistema educativo y los factores que llevan a la institucionalización temprana y a la violencia familiar, así como las características del sistema carcelario que favorecen la reincidencia. También es preciso aumentar las oportunidades laborales de calidad y fortalecer la solidaridad, la inclusión y la cultura del trabajo legal.
El censo indica, por ejemplo, que en los centros de reclusión de Montevideo y el área metropolitana más de la mitad de las personas privadas de libertad no habían salido al patio durante la semana previa a la entrevista. Cerca de la mitad de quienes no estudian y de quienes no trabajan expresaron su deseo de hacerlo, pero no tienen cupo. Una de cada tres no recibía visitas.
En el marco general de la política criminal, las dos dimensiones de la prevención son necesarias y también lo es la represión del delito. Un problema frecuente es que se contraponen, como si hubiera que concentrarse en alguna de ellas y descartar las demás.
Errores y malentendidos
Cuando se llevó a cabo el censo anterior, en 2010, había cerca de 8.800 personas privadas de libertad, 253 cada 100.000 habitantes; en 2025, eran más de 16.500, 480 cada 100.000. El fuerte aumento de la prisionalización, asociado con sucesivos aumentos de penas, no trajo consigo una disminución de la cantidad de delitos denunciados, que, por el contrario, mostró una tendencia ascendente durante la mayor parte de esos 15 años, según los datos oficiales.
Por otra parte, la alta tasa de reincidencia ya mencionada muestra que, como dijo a la diaria el flamante comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Daniel Radío, “las cárceles son criminógenas” y es mucho más probable que cometan delitos las personas que pasaron por una de ellas.
Radío comentó también que, a su entender, el aumento de penas protege en gran medida un bien simbólico, porque está extendida la creencia de que encarcelando a más personas hay más seguridad pública, “a pesar de que la realidad contundentemente desmiente eso”.
El comisionado entiende que parte de su tarea es contribuir a la modificación de prejuicios sociales como el antedicho. En ese sentido, cuestionó la creciente tendencia en el sistema partidario a elogiar el “método [del presidente salvadoreño Nayib] Bukele”, que atribuyó a un seguidismo motivado por las encuestas. Como estas indican que Bukele tiene altos niveles de popularidad en Uruguay, muchos dirigentes manifiestan públicamente que quieren aplicar sus procedimientos contra la delincuencia, y contribuyen a potenciar malentendidos graves.
Aun si alguien piensa que la seguridad pública puede mejorar con encarcelamientos masivos, sin las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, debería tener en cuenta que las maras salvadoreñas tienen muy poco que ver con el crimen organizado cuyo avance preocupa en Uruguay. Su área de actividad principal fue siempre la extorsión, aunque a veces trabajaran para narcotraficantes en tareas subalternas y manejaran la venta al por menor de drogas ilegales como parte de su control territorial.
Si todo el elenco político ayudara a explicar esto, sin decir lo que mucha gente quiere oír para ganar votos, estaríamos más cerca de encarar nuestros problemas reales de seguridad, incluyendo el del sistema carcelario.