Reincidencia en cárceles uruguayas alcanza el 70%, según informe inédito del Ministerio del Interior

En Uruguay nunca se había medido la reincidencia en cárceles, aunque siempre se dijo que rondaba el 70%. Por eso, en abril de este año el Ministerio del Interior (MI) se propuso medir este indicador. Para definir cómo medir la reincidencia se debe llegar a una definición técnica, pero también política. Es un indicador complejo de construir, que implica no sólo el diseño de sistemas de información acordes, sino un conjunto de acciones tendientes a poder construir este dato, que sea fiel a la realidad y que tenga utilidad para la construcción de políticas criminales, carcelarias y pospenitenciarias.

Este jueves, la cartera presentó los resultados de este trabajo y aportó los datos que arrojó la investigación. Inicialmente, y como elemento clave, se presentó la definición: “La reincidencia delictiva alude a la comisión reiterada de conductas delictivas y es utilizada para evaluar la efectividad del sistema penal en cuanto a sus capacidades de reinserción y rehabilitación. Ya sea interpretada desde una perspectiva de seguridad pública (la reiteración de un comportamiento delictivo), desde una perspectiva jurídica (la reiteración de una condena) o desde una perspectiva penitenciaria (el reencarcelamiento), la reincidencia delictiva constituye un criterio central e imprescindible para medir el éxito o fracaso del sistema penal y de la política criminal”.

A pesar de que parece una definición obvia, no existe una definición universal sobre la reincidencia y eso hace que la operacionalización sea compleja y dependa de las necesidades, los intereses y los objetivos de las instituciones que desarrollen y utilicen el indicador. “Como se planteó anteriormente, la reincidencia delictiva contiene diferentes dimensiones y opera en el contexto de políticas criminales diversas y no necesariamente coherentes entre sí, tanto respecto de las etapas de actuación del sistema penal como de las instituciones que contribuyen a su diseño y ejecución, cada una de las cuales aplica la reincidencia según los términos de su mandato y necesidades”, se plantea en el documento elaborado por el MI.

Estas dificultades de definición hacen que las tasas de reincidencia sean difíciles de comparar entre países porque justamente parten de definiciones teóricas y operativas diferentes, además de aplicarse prácticas variadas de registro. La decisión metodológica que se use en cada país debe estar precedida por la definición de los objetivos que se quiera medir.

“Con el objetivo de definir, calcular e institucionalizar el indicador, el MI puso en marcha un equipo de trabajo compuesto por representantes de la División de Estadísticas y Análisis Estratégico, la División Sistemas de Información y la Dirección Nacional de Libertad Asistida”, indicaron, y agregaron que, a su vez, se emprendió una serie de reformas técnicas de los sistemas de información del ministerio, en particular de los sistemas que maneja la cartera: el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) y el Sistema de Gestión Carcelaria (SGC). Para discutir la metodología también se convocó a representantes de la academia, del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

La definición y el objetivo

Se definió la reincidencia como la “proporción de liberados en un año calendario que, tras su primera excarcelación, vuelve a prisión por haber cometido algún nuevo delito en los seis meses, uno, dos y tres años posteriores”. En este caso, se planteó la creación de un indicador sobre reincidencia penitenciaria que puede calcularse a partir de 2019.

Se definió como objetivo que “al centrarse en los privados de libertad que vuelven a ser privados de libertad luego de reincidir, este indicador refleja la problemática asociada a delincuentes de mayor peligrosidad que cometen los delitos más graves”. Entre otros aspectos, este indicador permite evaluar el grado en que se logra evitar el reingreso de personas que pasaron por la cárcel.

Metodología

Para medir este indicador se consideró a las personas, tanto varones como mujeres, mayores de 18 años, que fueron liberadas de todas las cárceles del país en un año calendario. Se tomaron en cuenta todos los delitos y se consideraron sólo aquellas personas que tienen una cédula de identidad uruguaya.

Se excluyó a los excarcelados por sobreseimiento o por declaración de inimputabilidad, a quienes fueron recluidos en instituciones de salud mental y a los condenados por delitos o faltas no punibles con privación de libertad.

Como fuente de información se recurrió a los ingresos y egresos registrados en el SGC. Se tomó en cuenta la fecha de liberación de cada persona y se evaluaron distintos períodos de tiempo, algo fundamental porque se observan diferencias importantes conforme pasa el tiempo. Se consideraron cuatro períodos de seguimiento: seis meses, un año, dos años, tres años.

La reincidencia penitenciaria se calcula considerando cuántas personas reinciden durante un período de seguimiento determinado y se divide entre la cantidad de personas liberadas por año. Ese resultado se multiplica por 100 y arroja el dato final.

Resultados

Se consideraron como datos las excarcelaciones de 2019, a los efectos de tener un período de seguimiento de hasta tres años. En 2019 fueron excarceladas por primera vez 5.661 personas, en 2020 fueron 6.294 y en 2021, 6.526.

La primera conclusión es que la reincidencia aumenta conforme pasa el tiempo: de las personas excarceladas en 2019, el 29,2% reincidió en los primeros seis meses desde su primera excarcelación, el 44,1% en un período de un año, el 58,7% en un período de dos años, y el 65,6% en un período de tres años. Desde el MI se destaca que “es importante notar que la curva de crecimiento tiende a aplanarse, por lo cual es esperable que en años subsiguientes se estabilice en torno al 70%”. Este dato es coincidente con las estimaciones que se hacían previo a este estudio.

La reincidencia es mayor en los varones que en las mujeres. Si se toma en cuenta la reincidencia a un año, en 2019 los varones reincidieron 45,1% y las mujeres 24,9%. En tanto, en 2020 la reincidencia de varones fue de 47,9% contra 28,9% en el caso de las mujeres y en 2021 fue de 46,4% y de 23,6%.

Este fenómeno también varía según la edad: a mayor edad la reincidencia disminuye. Las causas del desistimiento del delito pueden ser varias y no hay datos específicos que puedan confirmar por qué se da esta reducción drástica en la reincidencia. La mayor reincidencia, que supera el 50%, se da entre los 18 y los 37 años. A partir de los 38 años empieza a bajar acentuadamente hasta los 48 años, que llega a 20%. Luego de esta edad, continúa descendiendo hasta ubicarse por debajo del 20%.

Cuanto más jóvenes son las personas liberadas, mayor es el aumento en el porcentaje de reincidencia que se produce cada vez que se extiende el período temporal de seguimiento. La mayor reincidencia se da en las personas de 18 a los 37 años en un período de seguimiento de tres años, llegando a superar el 70%. Cabe destacar que esta cifra es importante porque los varones de estas edades son la mayor población del sistema penitenciario.

Si se considera la nacionalidad de las personas que reinciden, los uruguayos lo hacen levemente más que los extranjeros.

El MI considera que existe una relación negativa entre la duración de la pena y el porcentaje de reincidencia a un año de la excarcelación. Esto significa que “a medida que disminuye la duración de la pena, aumenta el porcentaje de reincidencia”. Esta relación se sostiene en todos los años analizados. “Una hipótesis es que la mayor parte de la reincidencia se explica por personas que en plazos cortos cometen un alto número de delitos de baja gravedad”, explicaron.

Al separar a los liberados de 2019 en categorías, se observa que a los tres años la mayor reincidencia la presentan los varones de 34 años de edad o menos que cumplen penas iguales o menores a seis meses. En cambio, la menor reincidencia la presentan los varones y mujeres de 44 años de edad o más que cumplen penas iguales o mayores a 24 meses.

Medir la reincidencia es fundamental para construir políticas

En una conferencia de prensa, Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del MI, afirmó que “hoy es un día importante del que capaz que todavía no somos conscientes” porque “es un día que en el futuro vamos a recordar como el principio, quizá, de cambios que se vienen a lo mejor postergando desde hace mucho tiempo”.

“En el MI siempre hablamos de cifras: hablamos de tasas de homicidio, cifras de rapiña, denuncias de hurto. De hecho, creo que a veces le damos una importancia un tanto desmedida a cómo se mueven las cifras y eso hace que estemos más pendientes de lo urgente que de lo importante. Sin embargo, esta es la primera vez que vamos a hablar de un indicador que es fundamental, quizás el más importante de todos si lo pensamos desde el punto de vista de una política pública”, señaló. ​

Explicó que hay dos razones para otorgarle esa importancia: “Por un lado, porque vamos a ver ahora que detrás de la mayor parte de las violencias y de los delitos que sufrimos en Uruguay está justamente la reincidencia, es decir, la enorme mayoría de los delitos que se cometen en Uruguay los cometen personas que han reincidido y que incluso han pasado ya por nuestro sistema de justicia. Segundo, porque [la reincidencia] es el indicador que refleja la efectividad de todo el sistema de justicia, es decir, cuando la Policía disuade, cuando atrapa, cuando la Fiscalía investiga, cuando el Poder Judicial sentencia, cuando en el INR [Instituto Nacional de Rehabilitación] trabajamos con los presos”.

Según Sanjurjo, “en el fondo, lo que estamos intentando siempre es que estas personas no cometan nuevos delitos, es decir, que no reincidan”. Por eso, “el hecho de que recién ahora el Estado uruguayo empiece a medir un indicador tan elemental como este tampoco es casualidad, es decir, esta presentación en realidad se debió haber hecho hace décadas, como en otros países se mide desde hace décadas. Y el hecho de que nadie lo hiciera, de que nadie lo haya hecho, nos dice un poco sobre cuánto nos cuesta auditar nuestro propio trabajo”.

“Si no medimos la reincidencia, muy difícilmente la vamos a poder bajar también”, sostuvo. “Ahora, la importancia de este indicador no sólo se debe a un tema de transparencia, sino que también se debe a los cambios que va a empezar a promover. Este indicador tiene que convertirse gradualmente en el objetivo primordial, en el objetivo final, en el norte de todas las reformas del sistema de justicia”, manifestó.

Luego de esta introducción, presentó parte de los resultados y se centró en un dato fundamental: la reincidencia se estabiliza alrededor del 70%. Y lo simplificó más aún: “Dicho de otra forma, significa que el 30% de todas las personas que pasan por el sistema penitenciario desisten de delinquir en el futuro, mientras que el 70% lo hace de nuevo”.

Sanjurjo detalló que si se desglosan los datos, prácticamente 85% de los varones menores de 34 años que tienen penas menores a seis meses delinquen nuevamente dentro del primer año. “¿Qué significa esto, o cómo lo podríamos interpretar desde un punto de vista de política pública? Todos nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a aquellas personas que reinciden más. A los hombres menores de 35 años con penas cortas”, expresó. Agregó que “a ellos tiene que ir dirigida toda la batería del Estado para lograr que no reincidan”. “Si logramos eso, el delito se va a reducir de manera significativa”, aseguró.

Sanjurjo continuó explicando el tema en una rueda de prensa donde reiteró que la reincidencia es un indicador fundamental y que “es difícil bajar el delito si no se baja la reincidencia”. “Es imposible, diría yo, bajar la reincidencia si no se la mide”, enfatizó. En este sentido, reafirmó que “esta es la primera vez que el Estado uruguayo mide la reincidencia delictiva” y que “es increíble que hayamos tardado tanto”. Dijo que esto es algo que habla de “la valentía de este gobierno”, porque implica “auditarse a sí mismo”. “Porque, al final, esto de lo que estamos hablando, la reincidencia delictiva, es la efectividad de todo el sistema de justicia”, señaló.

La conclusión del análisis de este indicador es clara para el representante del MI: “Todas las baterías del Estado, todas nuestras políticas públicas, todos nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a eso, a los hombres jóvenes que tienen entre 18 y 35 años, sobre todo a los que cometen delitos de poca gravedad –por eso tienen pocas penas también, o penas bastante cortas–, y que entran y salen de prisión muchas veces hasta que luego, a los 44 o 45 años, dejan de delinquir”.

Tal como se indica en el informe, no se puede hacer una comparación con lo que ocurre con la reincidencia en otros países porque “las penas son distintas, porque la población privada de libertad es distinta, y por la forma en la que trabaja el sistema de justicia”. Por eso, “es muy difícil comparar un país a otro” y también es complejo saber si estamos peor que otros países teniendo un 70% de reincidencia.

Según Sanjurjo, “lo que sabemos es que es un número muy negativo”, por eso remarcó que “sólo el 30% de las personas que pasan por nuestras cárceles desisten de delinquir nuevamente”. “Eso nos tiene que interpelar a todos, porque evidentemente no es sólo un problema de este gobierno ni de los anteriores, sino de nuestra sociedad y de cómo tratamos a estas personas y los esfuerzos que hacemos para rehabilitarlas”.

Respecto del fracaso del sistema, resaltó que “tenemos un núcleo muy duro de personas que vienen de la marginalidad, que tienen problemas de drogadicción, que tienen un bagaje detrás, y nuestras prisiones hoy, lamentablemente, no les dan una respuesta”. En este sentido volvió a enfatizar por qué este indicador es fundamental: “Porque tiene que ser el norte para todas las transformaciones que se den en el sistema de justicia de hoy en más”. “Tenemos que empezar a lograr saber cuál es el indicador, cómo se mide la reincidencia, según qué módulo carcelario, según qué programa de rehabilitación, para poder afianzar y para poder empezar a saber qué funciona y qué no funciona para bajar la reincidencia y para bajar el delito”, concluyó.