Las prácticas de la psicóloga Gabriela Bazzano desde la asociación civil Seamos instalan un conflicto profundo, en un terreno en que la política no puede ni debe negociar.
Bazzano ideó, junto con otras personas, un procedimiento para eludir la intervención estatal establecida por las normas vigentes, y lo presenta como un acuerdo legítimo entre privados. Pero la gran desigualdad de poder entre las partes de ese presunto acuerdo lo hace intolerable.
Es una situación que se parece, en algunos aspectos, a la de los trabajadores que se resignan a la violación de sus derechos para obtener o mantener un empleo. Cobrar con evasión de aportes a la seguridad social, o realizar tareas sin que se cumplan las normas de seguridad, no son opciones verdaderamente libres. Hay, sin embargo, diferencias importantísimas en el caso de Seamos.
Una de esas diferencias es el extremo de indefensión de una madre pobre con discapacidad, ante personas que conocen de cerca y en detalle sus puntos débiles, poseen una capacitación profesional que pueden usar para manipularla, y además controlan el dispositivo que le da acceso a vivienda y trabajo.
Otra diferencia es que no se les escamotea a esas madres un beneficio jubilatorio futuro ni una protección contra eventuales accidentes, sino el derecho a la crianza de sus bebés, una oportunidad de realización personal y felicidad.
Que el Poder Ejecutivo haya decidido respaldar a Bazzano es sumamente peligroso. Tensiona pactos básicos de convivencia social y compromete el prestigio de las instituciones.
Las artimañas de este tipo suelen ser defendidas, en términos ideológicos, alegando que el Estado se entromete en asuntos que pueden resolverse mucho mejor sin su intervención. También es frecuente que se construya un relato para ocultar lo que realmente sucede: volviendo a la analogía laboral, hay quienes dicen que es la burocracia estatal, y no el empleador, quien quiere lucrar injustamente con el trabajo ajeno. En el caso de Seamos, la narrativa es que el Estado, y no Bazzano, quería separar a las madres con discapacidad de sus bebés.
Bazzano, enfrentada a múltiples cuestionamientos y repudios, sube la apuesta y anuncia su voluntad de replicar lo que hacía en Seamos mediante una política pública. Basta con considerar brevemente este propósito para que quede de manifiesto su inviabilidad. Las “familias articuladas” son, muy precisamente, una forma de evitar los requisitos y las garantías indispensables en las políticas públicas.
Es indeseable, y a menudo delictivo, que los particulares busquen ardides para sortear esos requisitos y garantías. Un autosabotaje estatal resultaría tan aberrante como escandaloso.
Que el Poder Ejecutivo haya decidido respaldar a Bazzano es sumamente peligroso. Tensiona pactos básicos de convivencia social y compromete el prestigio de las instituciones.
Si las máximas autoridades del país no recapacitan, quedarán alineadas en la defensa de prácticas que contravienen la doctrina internacional en cuestiones básicas de derechos humanos, subvierten el ordenamiento jurídico nacional y atentan contra valores muy arraigados en nuestro pueblo. De ahí puede ser muy difícil volver.