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Opinión Posturas

La autoridad que cesa: Artigas, León XIV y la inteligencia artificial

“Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana”. 213 años después, esa frase alcanza a las decisiones que hoy confiamos a las máquinas.

La frase de abril de 1813 pertenece al ser oriental: es un patrimonio que se hereda antes de entenderse. El viernes 6 de noviembre, frente al monumento de la plaza Independencia, León XIV la invocó ante quienes gobiernan. 12 palabras contienen una teoría del poder legítimo, y la inteligencia artificial (IA) reabre su sentido. La autoridad viene de alguien y responde ante alguien. Emana y cesa: el pueblo que la otorga conserva el lugar desde donde la retira.

El Papa llevó a la IA el criterio de Juan Pablo II, según el cual el trabajo está “en función del hombre”: el desarrollo tecnológico ha de ampliar las capacidades humanas sin reducir a quien trabaja a “una simple pieza prescindible”.

Inteligencia artificial sin firma: quién decide por nosotros

La digitalización permitió representar y transmitir contenidos, del texto al video. Con la IA, el cambio es de otra naturaleza: confiamos a sistemas digitales operaciones asociadas al intelecto, como clasificar o recomendar, y sus resultados intervienen en nuestras decisiones.

Un algoritmo ordena qué noticia vemos primero y qué currículum gana atención. Otros sistemas pesan en la evaluación de solicitudes. Algunos aprenden de datos sobre nuestra conducta. Ese aprendizaje les enseña a reconocer patrones; la autoridad para decidir sobre nosotros tiene otro origen. Una huella de conducta no es una firma.

Hay selecciones que excluyen a una persona sin mostrarle los criterios, y respuestas automáticas que cierran un trámite sin vía de revisión. En esos casos calla la segunda mitad de la frase de Artigas. El anonimato de la máquina importa menos que el de quien decidió usarla, a quien el procedimiento deja, a menudo, fuera de alcance.

El Papa nombró una amenaza concreta para quienes trabajan. Más allá del empleo, un riesgo menos visible toca al juicio: la posibilidad de examinar una decisión y exigir razones a quien la tomó. Una máquina clasifica en segundos; las consecuencias siguen perteneciendo a las personas e instituciones que adoptan sus resultados. El procedimiento llega a ocultar al responsable; su deber de responder sigue intacto.

Uruguay, del viento a los datos

Uruguay convirtió una decisión pública en infraestructura. En la plaza, el Papa destacó la matriz eléctrica del país. En 2025, el 98% de la generación fue de origen renovable. Esa transformación nació de políticas sostenidas por distintos gobiernos. La entrada de la tecnología en la vida de las personas pide esa capacidad institucional.

Hay selecciones que excluyen a una persona sin mostrarle los criterios, y respuestas automáticas que cierran un trámite sin vía de revisión. En esos casos calla la segunda mitad de la frase de Artigas.

El artículo 16 de la Ley 18.331 protege a las personas frente a decisiones con efectos jurídicos que las afecten significativamente, basadas en tratamientos automatizados destinados a evaluar aspectos de su personalidad. Ante una valoración de su comportamiento fundada únicamente en un tratamiento de datos personales que traza su perfil, la ley permite impugnarla y conocer los criterios y el programa utilizados. El país cuenta, además, con una estrategia nacional de IA y con un observatorio de su uso en el Estado. Una garantía se mide ante un caso concreto.

Que las máquinas ayuden a decidir; que la decisión siga siendo discutible: una revisión humana capaz de modificar el resultado, al alcance de quien reclama, e información comprensible sobre los sistemas que utiliza el Estado y los responsables ante quienes acudir. Revisar cuesta tiempo, y en ese tiempo aparece lo que la velocidad ignora: quien debe responder.

De Tres Cruces al algoritmo

El Papa afirmó que “el carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto”. La discusión sobre el poder que delegamos en las máquinas pertenece a ese espacio común. Se comparta o no una fe, una capacidad técnica, por veloz que sea, carece del derecho a concederse a sí misma el gobierno de nuestras vidas.

En 1813, la presencia soberana era una asamblea reunida en Tres Cruces. Su eco más modesto es hoy un gesto: una persona que reclama, y una autoridad que debe explicar sus razones y, cuando corresponde, retirar lo resuelto.

La máquina ejecuta una operación. La autoridad responde ante quien la otorgó, y, ante esa presencia, cesa.

Jimmy Baikovicius es ingeniero y ensayista uruguayo de filosofía política, tecnología y conflicto. Recientemente publicó el libro La razón sitiada.