Tras diez semanas consecutivas de femicidios y violaciones cometidos con suma crueldad, el 8 de marzo un periodista le preguntó al presidente peruano, Martín Vizcarra, sobre la pena de muerte para ese tipo de delitos. Vizcarra respondió: “Hay que evaluarlo, el tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso; vamos a tener el lunes una reunión con congresistas de las cuatro bancadas, así que vamos a analizar. Tenemos que redoblar los esfuerzos, aunque una sola medida no va a solucionar el problema”.
Al día siguiente el primer ministro, Vicente Zeballos, se reunió con algunos de los congresistas electos en los comicios extraordinarios del 26 de enero y, según algunos de ellos, sostuvo que las palabras del presidente habían sido “malinterpretadas” y que el Ministerio de Justicia aconsejó que “salir de los tratados internacionales no es la solución a un tema complejo estructural de violencia”.
Perú cerró 2019 con 166 casos con características de femicidios, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es 11% más que el año anterior. En paralelo, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, dijo en televisión: “La pena de muerte no constituye una medida adecuada para combatir la violencia contra las mujeres, los niños y los adolescentes. En todos los lugares donde se ha aplicado no se ha revertido la violencia, porque los delincuentes no leen el Código Penal. Es un debate inconducente, estéril. No se puede hacer política con los delitos o los criminales: hay un populismo penal que se ha instaurado con el gobierno de [Alberto] Fujimori y continúa”.
Al día siguiente de las declaraciones del mandatario peruano, los principales diarios de Lima recogieron mayoritariamente el rechazo a una medida de esas características. Por ejemplo, el principal diario conservador, El Comercio, editorializó sobre el tema y señaló: “Queda aún más patente el afán distractor e interesado del presidente, en circunstancias en que la gran mayoría de la ciudadanía observa con inquietud y desconfianza la actuación del gobierno frente a la llegada del coronavirus”.
Rocío Silva Santisteban, congresista del izquierdista Frente Amplio, dijo en una entrevista en televisión que “al no rechazar la pena de muerte en el Perú ante el creciente número de casos de violencia hacia las mujeres, el presidente peruano está actuando de manera populista”. La parlamentaria destacó que uno de los focos del problema está en que los operadores de justicia –la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial– no tienen empatía con las víctimas, sino con el perpetrador. En casos recientes, como los del cuádruple asesinato de la educadora Jesica Tejeda y sus hijos y el homicidio y la desaparición de la activista feminista Solsiret Rodríguez, la Policía tardó en realizar diligencias que pudieron haber evitado los crímenes.
Al tercer día de la polémica Vizcarra fue consultado en rueda de prensa nuevamente por el asunto. “Como Ejecutivo nunca hemos planteado una iniciativa propia respecto de la pena de muerte. Eso está claramente en nuestras declaraciones”, contestó. En los dos años que lleva de mandato, el jefe de Estado peruano se coloca cada cierto tiempo en el lugar de la sociedad que se lleva bien con el autoritarismo.
Delincuencia y xenofobia
A mediados de febrero el ministro del Interior, Carlos Morán, planteó que para destinar más policías a la lucha contra la delincuencia retirarían el resguardo a los 130 congresistas del nuevo Legislativo. Luego de debates jurídicos, una nueva controversia y los reclamos de los parlamentarios –a quienes el Ejecutivo necesita para concretar la reforma política y judicial que en 2019 boicoteó la mayoría fujimorista del Congreso disuelto–, el presidente retrocedió. “No se ha definido eso, es una propuesta. La idea es mejorar la seguridad ciudadana a nivel nacional; para eso la Policía requiere más efectivos y hay que ver cómo todos podemos contribuir para que tengan más”.
Otras medidas, que lindan con la xenofobia, también han sido justificadas por el presidente. Perú es el país con más pedidos de refugio de venezolanos en el mundo: fueron en algún momento del año pasado más de 480.000, pero la Cancillería refiere que miles han ido a un tercer país o ya han retornado a Venezuela. Una de las medidas fue la creación en enero de una brigada especial de la Policía Nacional para combatir la delincuencia de bandas venezolanas. “No es que haya una fijación contra un tipo de delincuente, pero dentro de ello hay procedimientos que se aplican a los extranjeros diferentes a los nacionales”, fue su explicación a fines de enero. Además, el presidente ha participado en por lo menos un acto de expulsión de venezolanos del territorio peruano, transmitido en vivo por los principales canales de televisión y encabezado por el ministro del Interior. Los migrantes expulsados, indican las autoridades, habían ingresado con documentación falsa o tienen antecedentes policiales en su país.
También ha habido otras acciones menos visibles. A inicios de febrero y sin previo aviso, Vizcarra cerró la oficina de la Comisión de Refugiados, que evalúa las solicitudes en Lima, con la justificación de que se mudaría de lugar. Un mes después aún no había sido reubicada y, con las medidas de confinamiento obligatorio y estado de emergencia por el coronavirus, no hay fecha conocida para que vuelva a atender.
La actitud del Ejecutivo en relación con la migración venezolana no fue atípica: durante 2019 varios gobiernos regionales, municipales y provinciales anunciaron o aprobaron restricciones o prohibiciones a la presencia de migrantes venezolanos. Entre ellas están el empadronamiento previo para poder trabajar, penas más graves por infracciones de tránsito y la imposibilidad de reemplazar a un trabajador peruano por uno extranjero. La Defensoría del Pueblo y las fiscalías tuvieron que advertir que dichas medidas configurarían el delito de discriminación y quedaron sin efecto.
El coronavirus y el orden
El 16 de marzo entró en vigor un toque de queda entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana para contrarrestar la expansión del nuevo coronavirus. La restricción de las libertades personales de reunión y de libre tránsito se sumó al cierre de fronteras y al estado de emergencia. El día que entró en vigor la “inamovilidad social obligatoria” (toque de queda), un ciudadano que salió a tirar la basura a cinco metros de su casa en Lima Norte fue reducido y detenido por media docena de policías en moto y un patrullero. Una gran cantidad de peruanos justificó la acción de los agentes. “Muy bien la Policía, así va a aprender”. Este era el sentido común predominante en los comentarios de las redes sociales.
El viernes 20 de marzo la página de Facebook Cusco Chévere transmitió en vivo un patrullaje nocturno del Ejército en una localidad rural de esa región. Tituló la emisión: “Sorprendente Ejército hace cumplir toque de queda”. La nota comentaba las diferentes situaciones que se habían vivido. “Cierre su ventana, ¡tenemos orden de disparar!”, “Niño, cierra la puerta, tenemos orden de disparar”, “A ver, les doy diez segundos para que desaparezcan: ¡corran!”, eran algunas frases de los soldados a unos ciudadanos desconcertados. Los comentarios de los seguidores de la página eran de respaldo a los soldados por “dar una lección” a los “desobedientes”.
Pero quizá el caso más grave de los que se han hecho virales en la primera semana del toque de queda ocurrió el 21 de marzo en Sullana, al norte del país. El capitán del Ejército Christian Cueva abofeteó una y otra vez a un ciudadano, ya reducido, que estaba en la calle pasadas las ocho de la noche. “Te voy a perdonar la vida por esta vez”, gritaba el soldado mientras lo volvía a golpear. Ante la difusión en Twitter del video, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que rechazó el comportamiento del uniformado. La entidad declaró que hechos de esa naturaleza “no se condicen con el entrenamiento, esfuerzo y compromiso del personal militar en el cumplimiento de sus funciones”, y dispuso las medidas administrativas y legales “que correspondan”. Pese a ello, muchos peruanos opinan que no hubo ningún abuso, o que en estado de emergencia hay “excesos”, o que esa es la manera de hacerse respetar. Uno de los congresistas del Parlamento recién instalado, Daniel Urresti –general del Ejército en retiro y con un juicio pendiente por el asesinato de un periodista durante el conflicto armado interno–, respaldó públicamente la agresión de Cueva a la integridad del ciudadano que incumplió el toque de queda. Advirtió que ello baja la moral.
El populismo penal dialoga con el sector de la ciudadanía que cree en la mano dura. Esto hace recordar a muchos una época que debió haber enseñado los males de la violencia. El período comprendido entre 1980 y 2000 es hoy el telón de fondo sobre el que se mira Perú.
Jacqueline Fowks es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y magíster en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autora de libros sobre medios de comunicación y política. Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.