En la nota “El regreso de la teología política”, publicada en la diaria hace algunas semanas, se examinó cómo actores políticos y económicos del ámbito internacional han recuperado categorías religiosas para intervenir en conflictos contemporáneos sobre migración, tecnología y guerra. La visita de León XIV a Uruguay permite observar otra manifestación de este fenómeno, con la singularidad que ofrece una sociedad cuya identidad republicana se construyó sobre una marcada separación entre Iglesia y Estado. Eso explica que las controversias sobre el impacto de este evento atraviesen las identidades partidarias, incluso en instancias de discusión parlamentaria, lo que vuelve necesaria una reflexión sobre el significado actual de la neutralidad confesional de las instituciones públicas.
Pensar esa neutralidad supone revisar el concepto de “secularización”. El sociólogo Néstor da Costa advierte que bajo ese término suelen confundirse fenómenos distintos: los que refieren a la vida religiosa en sí misma –la pérdida de influencia de las instituciones religiosas y la transformación de las prácticas espirituales– y los que conciernen al lugar que ocupa la religión en el orden comunitario, la diferenciación de las esferas sociales y la privatización de las creencias. En este último ámbito se inscribe la autonomía estatal, que exige imparcialidad confesional y neutralidad político-ideológica. Eso le permite al Estado garantizar la libertad religiosa sin identificarse con ningún credo, aunque no le impide favorecer ciertas concepciones morales religiosas que han calado en la sociedad y tienen derivas políticas concretas. En Uruguay, la separación entre la Iglesia y el Estado se consagró en la Constitución de 1918 y estuvo acompañada de una tendencia cultural a desplazar lo religioso hacia la vida privada; con el tiempo, la laicidad se volvió un componente de la identidad nacional. Hoy, en el marco de una nueva relación entre teología y política a escala internacional, esa tensión adquiere una forma nueva que devuelve lo religioso a la discusión pública local.
En “Religión y espacio público en el ‘laico’ Uruguay”, Da Costa sostiene que el modelo uruguayo contribuyó a construir una cultura en la que la expresión pública de las creencias llegó a percibirse como una anomalía, aunque el desplazamiento hacia lo privado nunca eliminó la presencia social de la religión: las prácticas se diversificaron y las organizaciones confesionales hallaron otras vías de intervención pública. Por eso, separación institucional y privatización cultural no son equivalentes, y un país puede tener un régimen laico y, a la vez, debatir la presencia de organizaciones religiosas en la vida política. La neutralidad confesional no equivale a indiferencia ética; una democracia necesita principios de igualdad, libertad y dignidad, aunque sus ciudadanos discrepen sobre las fuentes.
El problema aparece cuando una tradición pretende monopolizar su interpretación o cuando el Estado impone como obligatoria una fundamentación no compartida. Esos principios, que organizan la Declaración Universal de Derechos Humanos, obligan al Estado, pero no a las religiones. De ahí que su relación con los derechos humanos configure un campo de encuentros y conflictos: las instituciones confesionales pueden tanto ampliar derechos como contribuir a restringirlos. Ninguna es intrínsecamente emancipadora, porque eso exige ir más allá de la idea de libertad como mera ausencia de interferencias. Puede otorgarse la libertad de expresión a personas que carecen de las condiciones para el juicio autónomo, o reconocerse la libertad religiosa de todos mientras algunos grupos disponen de recursos institucionales muy superiores para difundir sus convicciones e influir en las decisiones públicas. La igualdad, entonces, no exige suprimir las diferencias, pero sí examinar en qué condiciones intervienen en la deliberación democrática.
En El derecho a educar y el derecho a la educación (1964), la pedagoga Reina Reyes ya había vinculado la laicidad con la democracia entendida como forma de vida. Es decir, la laicidad no se reduce a la ausencia de enseñanza confesional ni a una regla administrativa de neutralidad, sino que supone condiciones para desarrollar el pensamiento reflexivo, resistir presiones coercitivas y reconocer iguales derechos a quienes piensan distinto. La libertad, para Reyes, no es una propiedad abstracta del individuo, sino una capacidad cuya realización depende de condiciones educativas, sociales y afectivas. La laicidad adquiere así una dimensión positiva: proteger la autonomía de las personas frente a cualquier imposición, sea religiosa, estatal, partidaria o económica.
El pasado 9 de octubre, en el Palacio Legislativo y la Torre de las Telecomunicaciones, se celebró la actividad “Uruguay dialoga”, organizada por Parlamento y Fe –una red de formación religiosa para integrantes de los poderes públicos surgida en Argentina en 2008, cuyos vínculos con dirigentes uruguayos de distintos partidos reconstruyó una investigación publicada en Brecha–, con la presencia de varios representantes políticos y religiosos, entre ellos Rodrigo Goñi, Gerardo Amarilla, Silvana Pérez Bonavita y Álvaro Lima. El evento merece especial atención por sus características institucionales: lo que está en juego no es la fe personal de algunos legisladores, sino la actuación de una organización que declara entre sus objetivos acompañar espiritualmente a quienes ejercen responsabilidades públicas y que opera en ámbitos cercanos a la producción de decisiones estatales. Sus integrantes defienden el carácter plural de los encuentros y rechazan que vulneren la laicidad, mientras que sus críticos advierten sobre el riesgo de que la infraestructura de una república no confesional se use para promover proyectos religiosos particulares.
Ninguna de las dos posiciones resuelve el asunto por sí sola: una actividad religiosa dentro de una institución pública no demuestra una infracción constitucional, como tampoco su presentación como “diálogo” garantiza su neutralidad. Por eso, saber quién autorizó el uso de esos espacios y con qué recursos se realizó resulta decisivo para evaluar el caso.
La concepción de laicidad de Reyes permite evaluar el caso sin caer en una prohibición general de la presencia religiosa en la política: el problema no es que los legisladores se vinculen con organizaciones confesionales, sino si las condiciones institucionales garantizan transparencia de los objetivos y autonomía de las decisiones públicas. La presencia de Álvaro Lima, legislador del Frente Amplio –el único integrante de la bancada oficialista que no acompañó la ley de eutanasia–, complica cualquier explicación que reduzca el fenómeno a la oposición entre izquierda y derecha. Las convicciones conservadoras en temas como la sexualidad, la familia o el final de la vida pueden generar afinidades que atraviesan los partidos, sin borrar otras diferencias programáticas. Las identidades políticas, más que desaparecer, se reorganizan en torno a conflictos donde las definiciones religiosas sobre la persona, la autoridad y la libertad adquieren una importancia decisiva.
Si la laicidad consiste en proteger la autonomía de las personas frente a toda imposición, corresponde preguntar qué papel cumple el Estado como anfitrión de un jefe de Estado que es, a la vez, un líder religioso de alcance mundial.
La llegada de León XIV volvió a poner en movimiento esas afinidades cruzadas. El 28 de octubre, una delegación del Frente Amplio encabezada por Fernando Pereira, con el ministro Gonzalo Civila y la senadora Blanca Rodríguez, entre otros, se reunió con Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Pereira destacó la labor social de la Iglesia, reconoció afinidades entre preocupaciones de la izquierda y los planteamientos de León XIV sobre distribución, ambiente e inteligencia artificial, y valoró la inclusión de Casavalle, lo que confirma que religión y política no se ordenan en una oposición estable entre Iglesia conservadora e izquierda secular. Eso no elimina los desacuerdos: la Iglesia mantiene posiciones sobre aborto, eutanasia y autonomía individual que divergen de buena parte de la agenda de derechos del Frente Amplio. Pero esa falta de correspondencia automática es uno de los aspectos más interesantes del fenómeno: un dirigente agnóstico puede reconocer el valor de la doctrina social sin aceptar su fundamentación teológica; un legislador creyente puede coincidir con la Iglesia en bioética y discrepar con sus exigencias distributivas.
Esas coincidencias parciales se explican por el contenido de la doctrina social, que León XIV retoma en la encíclica Magnifica Humanitas. La doctrina social católica reconoce la propiedad privada, la iniciativa económica y el principio de subsidiariedad, que procura evitar que las organizaciones sociales sean absorbidas por estructuras estatales superiores. Pero esos principios no se aíslan del destino universal de los bienes ni de las obligaciones de solidaridad: la propiedad no es un derecho desligado de sus consecuencias sociales, y la libertad económica no justifica por sí sola relaciones que deterioran la dignidad humana. La doctrina no coincide plenamente con el liberalismo económico ni con las tradiciones socialistas: su especificidad es una antropología relacional que concibe a la persona como sujeto de derechos y, a la vez, como integrante de una comunidad de obligaciones recíprocas. Esa visión se pone a prueba ante la inclusión de Casavalle en el itinerario de León XIV. Ese territorio puede presentarse como escenario de caridad, espacio de evangelización, experiencia de organización comunitaria o expresión de desigualdades estructurales que exigen políticas públicas.
La visita de un papa es, ante todo, un acontecimiento para los fieles. Milton Tróccoli, presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, presentó la visita como una oportunidad de renovación religiosa y espiritual. Sturla destacó su potencial para transmitir esperanza y recuperar el sentido de la vida en una sociedad profundamente secularizada.
Son expectativas comprensibles, pero al confrontarlas con el contenido de la encíclica Magnifica Humanitas, es inevitable plantearse qué lugar ocupan sus exigencias económicas y políticas cuando la recepción privilegia la renovación espiritual. Sturla sostuvo que uno de los grandes dramas uruguayos es el vacío espiritual, al que vinculó con las adicciones y la pérdida de sentido. Eso no demuestra que desconozca las causas económicas o institucionales de esos fenómenos, pero el énfasis permite preguntarse qué sucede cuando lo espiritual adquiere primacía explicativa sobre las condiciones materiales de existencia.
La propia encíclica ofrece un criterio para pensar esa tensión. En su numeral 86, León XIV afirma que la doctrina social no es solo una palabra dirigida a la sociedad, sino también un examen de conciencia para la Iglesia, y reclama revisar relaciones y estructuras eclesiales, reconocer abusos de poder y establecer responsabilidades institucionales. Esa exigencia impide usar la doctrina para juzgar a gobiernos, partidos o empresas y pone así un límite a cualquier apropiación que pretenda convertir a la Iglesia en observadora moral de conflictos de los que ella misma forma parte. Esa autoexigencia remite a un planteo de Juan Luis Segundo en “Iglesia del pueblo o para el pueblo”, exposición presentada en Porto Alegre en 1980. Distinguía entre una Iglesia que actúa en beneficio de los sectores populares y otra en la que esos sectores participan como sujetos de su propia transformación. Una Iglesia para los pobres puede organizar recursos, acompañar la vulnerabilidad y desarrollar una labor social valiosa. Una Iglesia del pueblo obliga a preguntarse en qué medida quienes padecen las desigualdades participan en la definición de sus causas y en la construcción de respuestas. La diferencia desplaza el problema de la asistencia a la constitución política de los sujetos.
La visita de León XIV no termina en Montevideo. Uruguay es la primera escala de una gira de 12 días que sigue por Argentina y Perú, en un momento en que las alianzas políticas que parecían estables, dentro y fuera de la región, empiezan a resquebrajarse. Entre ellas, las que unen política y religión, analizadas en la nota previa “El regreso de la teología política”. La investigación de Brecha ha evidenciado cómo algunas redes evangélicas conservadoras locales mantienen relaciones con organizaciones del sionismo cristiano, corriente que interpreta acontecimientos de Medio Oriente mediante lecturas proféticas de la Biblia sobre Israel y Jerusalén. En declaraciones recogidas por esa investigación, el diputado nacionalista Pablo Abdala, al referirse al conflicto vinculado con Israel, asoció la victoria final con un designio divino expresado en las Escrituras, lo que ilustra cómo la dimensión religiosa incide en sectores políticos locales. Ahí está el problema teológico: una decisión humana, sujeta a controversia y responsabilidad, se presenta como cumplimiento de una voluntad trascendente. En esos casos, una interpretación religiosa de la historia puede convertirse en un fundamento de preferencias diplomáticas y territoriales muy definidas. No se trata de negar a los representantes el derecho a tener convicciones religiosas, sino de examinar qué ocurre cuando estas pretenden dar certeza absoluta a posiciones geopolíticas cuyas consecuencias afectan de un modo inmediato a poblaciones concretas.
En ese sentido, los criterios que valen para evaluar las acciones de Parlamento y Fe valen también para considerar la visita del papa. Si la laicidad consiste en proteger la autonomía de las personas frente a toda imposición, corresponde preguntar qué papel cumple el Estado como anfitrión de un jefe de Estado que es, a la vez, un líder religioso de alcance mundial: qué recursos públicos se destinan, qué espacios se ceden, en qué condiciones participan las autoridades y con qué transparencia se informa. Preguntarlo no es ver una amenaza en la visita, sino aplicar la misma vara a todos. Una república laica no debe ignorar lo religioso, sino reconocerlo como parte de la vida pública, sin habilitar que una convicción religiosa, presentada como verdad trascendente e inapelable, fuera de la deliberación política, se imponga a quienes no la comparten.
Martín Palacio Gamboa es docente, escritor, compositor, músico y artista visual, maestrando en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de la República.