El año pasado se puso en marcha la elaboración de una medición de la participación del sector cultural en la economía del país. Ya existe un antecedente que recoge la situación para 2009. Al trabajo se le llama Cuenta Satélite de Cultura (CSC) y las líneas que siguen son una evaluación de los contenidos publicados en la web, a partir de una medición realizada en ese año. El trabajo de procesamiento se realizó entre 2010 y 2012, y recayó fundamentalmente sobre el personal de la Universidad de la República (Udelar).
A nivel global, el informe sitúa el Producto Interno Bruto (PIB) cultural en un 0,93% del total de la economía. Sin embargo, se advierte una notable anomalía de presentación: mientras la síntesis de la presentación oficial menciona una facturación total de 500 millones de dólares, al sumar pormenorizadamente los subsectores relevados el monto efectivo asciende a unos 450 millones de dólares, generando exactamente 18.803 puestos de trabajo directos.
Desglose según sectores:
- Audiovisual: Concentra el mayor peso económico del estudio, con el 0,45% del PIB y ocupando 5.124 puestos de trabajo.
- Libros y publicaciones: Integra la industria editorial de libros y la prensa periódica, y aporta 0,21% del PIB y 3.745 puestos de trabajo.
- Artes escénicas: Abarca el teatro, la danza y los espectáculos musicales en vivo (respaldados por las planillas de recaudación de AGADU); aporta 0,09% del PIB y 3.529 puestos de trabajo.
- Formación cultural: Comprende la enseñanza artística especializada y técnica, y aporta 0,06% del PIB y 2.247 puestos de trabajo.
- Bibliotecas y archivos: Incluye los centros de documentación y repositorios; aporta 0,05% del PIB y 1.125 puestos de trabajo.
- Artes plásticas y fotografía: Comprende la creación visual, galerías y comercialización de obras; aporta 0,04% del PIB y 1.726 puestos de trabajo.
- Museos: Abarca las instituciones patrimoniales y museísticas, y aporta 0,02% del PIB y 1.095 puestos de trabajo.
- Música grabada: Restringida estrictamente a la edición, producción fonográfica y comercialización de soportes, aporta 0,01% del PIB y 212 puestos de trabajo.
Sin embargo, al restar el peso económico correspondiente al sector audiovisual y a los diarios y publicaciones periódicas —actividades de comunicación masiva e información general—, dicho PIB cultural desciende drásticamente a 0,33%.
La razón fundamental para cuestionar y excluir parcialmente dichos rubros radica en que la gran mayoría de los contenidos emitidos por estos medios no son culturales. En los diarios y semanarios, el espacio que ocupa el cine, el teatro, la música, los museos y el resto del patrimonio es una superficie marginal en relación con la política, los deportes y la actualidad general. En radio, las 24 horas de programación de AM y FM muestran un predominio cuantitativo de la música por encima de la palabra hablada; sin embargo, en términos de consumo, la palabra hablada concentra el mayor rating y la atención ciudadana prioritaria, reflejada elocuentemente en una pauta publicitaria abrumadoramente mayor en la franja matutina. En televisión -agrupando la abierta y la de abonados-, el tiempo de emisión de informativos, fútbol y entretenimiento supera masivamente a la oferta de cine, teleteatros y contenidos identitarios como el carnaval, el folklore, sitios de significación histórica, nacionales y del resto del mundo. La audiencia televisiva se vuelca hacia los informativos y el horario central, que va de 19 a 23 horas. La pauta publicitaria se concentra en este segmento horario y ella es la que financia al resto de la programación.
El cine quedó metodológicamente invisibilizado en su autonomía dentro de la Cuenta Satélite. Si bien el estudio registró y contabilizó la venta de entradas en las salas de cine, así como los servicios de alquiler y distribución de películas, su especificidad quedó atrapada y diluida. A esto se suma que el sistema de cuentas nacionales agrupó obligatoriamente al cine junto a la televisión abierta, la radio y los servicios de televisión para abonados (cable y satélite) en un bloque audiovisual masivo. Al computar la facturación íntegra de dichos soportes comerciales donde la programación de contenidos culturales y cinematográficos es estrictamente minoritaria, el peso real del arte cinematográfico queda sepultado bajo la lógica de la radiodifusión y toda la televisión.
A esta limitación se suma que el sistema de cuentas nacionales no cuantifica ninguna dimensión vinculada al patrimonio ni a las tradiciones e identidades, a excepción de los museos y archivos. Patrimonio y tradiciones culturales son reconocidos a nivel nacional e internacional como culturales. Que estas omisiones y sesgos existan y no se aclaren y corrijan responde a las limitaciones técnico-operativas de la fase inicial uruguaya y a la adopción de las guías conceptuales de organismos internacionales como la Organización Iberoamericana Convenio Andrés Bello y Unesco, que impulsan estas mediciones. Además de cumplir con las pautas internacionales, se debería informar de manera desagregada y como otro documento la participación de todas las artes, el patrimonio y las tradiciones culturales.
El estudio oficial de la Cuenta Satélite de Cultura expone una realidad estructural ineludible: el sector cultural uruguayo registra un déficit comercial superior a los 40 millones de dólares, un desequilibrio explicado íntegramente por los masivos flujos de importación del complejo audiovisual, centrado fundamentalmente en el pago de derechos de emisión de señales extranjeras de televisión. Cabe señalar que este perfil deficitario no constituye una anomalía aislada ni una falla de gestión evitable; al igual que ocurre en otros sectores de nuestra economía dependientes de la importación de bienes de alto valor agregado y especialización, este déficit es la consecuencia matemática y natural de la escala demográfica del país. Con una población reducida, Uruguay carece de la capacidad de mercado necesaria para sostener una producción local capaz de equiparar el volumen de contenidos internacionales que ya se encuentran amortizados en los grandes mercados globales.
Pretender equilibrar esta balanza a fuerza de producción doméstica desconoce las leyes básicas de la economía de escala y la demanda insatisfecha de una población que busca y necesita consumir bienes culturales variados. Complementariamente, al analizar el comportamiento de la oferta y el consumo en los medios de comunicación masivos, se advierte que la televisión para abonados resulta ser el soporte más sustancioso (donde la oferta de cine, series y documentales es muy baja), seguida por la televisión abierta, en la cual el horario de mayor peso comercial y sintonía ciudadana se integra en su inmensa mayoría por informativos, telerrealidad, entretenimiento general y magacines, relegando a una presencia estrictamente marginal o minoritaria a los contenidos propiamente culturales, identitarios o cinematográficos.
Se debe colaborar con información, pautas de desarrollo y formación para que quienes protagonizan la puesta a disposición de los servicios culturales puedan atender a la viabilidad, estabilizando balances y propiciando resultados financieros positivos.
Frente a esta evidencia estructural, la acción política del Estado no debe alarmarse por este déficit comercial ni intentar un proteccionismo inútil contra los flujos culturales internacionales. Por el contrario, la política pública debe asumir con madurez los límites de escala y enfocar sus escasos recursos allí donde el mercado por sí solo no llega: blindar, estimular y jerarquizar la creación propia de valor cultural —el cine, las artes escénicas, la literatura y el patrimonio—, aceptando que la importación de bienes culturales masivos es una contrapartida natural de nuestra inserción en el mundo global.
A modo de cierre
No se constatan proyectos, instituciones (museos, salas de espectáculos, otros) y organismos públicos —Ministerio de Educación y Cultura (MEC) e intendencias—, así como tampoco empresas del sector privado con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro que hayan utilizado los resultados de la Cuenta Satelital de Cultura para definir orientaciones de políticas públicas, realización de planificación estratégica o simplemente definir una programación.
La cultura es una experiencia humana gratificante. Para capturar la verdadera magnitud del arte, el patrimonio y la cultura más allá de su dimensión estrictamente mercantil o monetaria, economistas como David Throsby y Bruno Frey proponen un sistema de valores no económicos:
- Valor de legado: los ciudadanos contemporáneos pueden estar dispuestos a destinar recursos o a valorar un bien cultural no porque lo vayan a consumir directamente hoy, sino por el deber ético y cultural de legarlo a las próximas generaciones.
- Valor de existencia: es el valor que las personas otorgan al simple hecho de saber que un bien cultural, un monumento, una obra maestra o una tradición determinada existe, incluso si nunca van a visitarlo, consumirlo o interactuar directamente con él; el solo reconocimiento de que ese patrimonio forma parte del acervo humano aporta una utilidad intangible a la sociedad.
- Valor de opción: un individuo puede valorar mantener activo un museo, una compañía de teatro o una sala de cine independiente hoy, aunque no asista en el presente, porque valora la opción o la posibilidad de poder acceder a él en algún momento futuro.
- Valor educativo: es la capacidad intrínseca que poseen los bienes culturales y artísticos para transmitir conocimientos, fomentar el pensamiento crítico, estimular la sensibilidad estética y ampliar la comprensión del mundo y de la historia; el arte y el patrimonio actúan como vehículos de formación ciudadana y humana.
- Valor estético y artístico: referido a la belleza, la innovación formal, la maestría técnica y la profundidad expresiva contenida en una obra, constituyendo el núcleo cualitativo de la creación cultural; pasa por la capacidad de conmover, generar experiencias sublimes y trascender los estándares utilitarios.
- Valor histórico, simbólico e identitario: representa el anclaje que tienen los bienes culturales —como los sitios patrimoniales, las tradiciones, el carnaval o el folklore— en la construcción de la memoria colectiva y el sentido de pertenencia de una comunidad; estos funcionan como mojones de la identidad social, permitiendo a una sociedad reconocerse a sí misma, dar sentido a su pasado y proyectar su cohesión social en el presente.
La tesis central de Throsby y Frey frente a la economía convencional señala que la introducción de esta tipología de valores no económicos busca corregir los sesgos de herramientas como las cuentas satélites de cultura. La economía de la cultura advierte que el verdadero corazón de la cultura reside en estos valores intangibles, que escapan a la contabilidad nacional, pero explican por qué la sociedad otorga legitimidad y sentido al fomento del arte y el patrimonio.
Los deberes del sector público son promover estos valores, para lo cual es necesario racionalizar el gasto. A ello se suma un síntoma claro en la gestión de infraestructura: en el siglo XXI se abrieron en Montevideo 15 museos nuevos (públicos y privados) y se llegó en total a 42 instituciones, de las cuales salvo dos son de propiedad y financiación pública. Es necesario aumentar los salarios, tanto en el gobierno central (MEC) como en las intendencias del interior, equiparándolos a los de la Intendencia de Montevideo, y triplicar los fondos concursables y de incentivo fiscal para que actores privados con y sin fines de lucro generen oferta. Asimismo, se debe mantener y ampliar el acceso gratuito a servicios culturales en todos los sectores (público, privado con y sin fines de lucro), implementando políticas activas de subvención de audiencias.
Es fundamental exigir la publicación de información básica en cada servicio público: relacionar el costo de cada unidad (museo, sala, etcétera) con sus resultados reales de público, publicando de manera transparente las recaudaciones y la afluencia de espectadores de cada unidad privada con y sin fines de lucro. Estas prioridades informativas son estratégicamente mucho más importantes que el trabajo de la Cuenta Satelital. Contar con datos claros y sistemáticos de lo que sucede permitirá que la clase política, los responsables de servicios culturales de propiedad estatal, los gestores de organizaciones sin fines de lucro y los empresarios dispongan de orientaciones certeras sobre cómo está funcionando el mercado cultural gratuito y de pago. Las subvenciones y eventuales exoneraciones deben estar orientadas a la captación de nuevos públicos.
El rechazo manifestado a la encuesta económica no implica descartar esta dimensión; se debe colaborar con información, pautas de desarrollo y formación para que quienes protagonizan la puesta a disposición de los servicios culturales puedan atender a la viabilidad, estabilizando balances y propiciando resultados financieros positivos. En sintonía con esto, la formación en gestión cultural debe constituir una prioridad de política educativa, fortaleciendo el desarrollo de diplomas, tecnicaturas y especializaciones prácticas —donde instituciones como la Universidad Tecnológica podrían albergar un ciclo de formación intensiva de 12 a 18 meses—, apartándose de la sobredosis de posgrados con mucha carga teórica.
Manuel Esmoris es máster en Gestión Cultural. Exdocente de Marketing Cultural en Fundación Itaú, Udelar (FHCE) y UCU. Expresidente de la Comisión de Patrimonio.