La idea de que los sectores populares votan necesariamente por la izquierda resiste mal la prueba de las urnas. Las elecciones presidenciales de Brasil volvieron a recordarlo. Aunque Lula logró la reelección, Flávio Bolsonaro reunía el 42% de las intenciones de voto válidas entre quienes tenían ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos. Lula seguía siendo mayoritario en ese segmento, pero no monopolizaba su apoyo. Además, un análisis territorial mostró que Bolsonaro había superado el desempeño electoral de su padre en todos los grupos de ingresos, incluidos los más pobres.
¿Por qué una parte de los votantes de bajos ingresos elige opciones conservadoras o de derecha radical? La pregunta suele plantearse como si actuaran contra sus propios intereses. Pero ¿quién determina cuáles son esos intereses? Para unos, la prioridad es proteger el ingreso presente; para otros, dejar atrás la dependencia y mejorar su posición futura. A esas aspiraciones materiales se suman la religión, las identidades políticas y las convicciones culturales. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay muestran distintas combinaciones de estos factores.
Un mapa de lealtades cruzadas
En Argentina, Javier Milei obtuvo el 55,65% de los votos en la segunda vuelta de 2023. Su respaldo no provino únicamente de los sectores acomodados. Un análisis publicado en POSTData identificó una ruptura parcial de la tradicional asociación entre voto popular y peronismo. Para numerosos electores de clases sociales menos prósperas, el candidato libertario encarnaba la posibilidad de cambiar un sistema en el que ya no confiaban.
En Paraguay, el Partido Colorado conserva una base que atraviesa las clases sociales. Su capacidad de movilizar entre 1,2 y 1,3 millones de votantes se apoya en lealtades transmitidas entre generaciones y en redes territoriales de intermediación y favores. Para una familia de escasos recursos, vincularse con el partido gobernante puede significar acceso a contactos y oportunidades concretas.
Uruguay ofrece el contraste más revelador. En las elecciones nacionales de 2024, el Frente Amplio superó el 70% en los barrios montevideanos de Casabó y La Paloma-Tomkinson, mientras que en Carrasco apenas alcanzó el 22,4%. Son resultados por territorio, no mediciones del ingreso de cada votante. Aun así, expresan una geografía social reconocible. Como en Paraguay, las identidades partidarias y la presencia sostenida en la vida de las comunidades importan; la diferencia es que en Montevideo esos vínculos en buena medida favorecen a la izquierda. La clase influye, pero no actúa sola; la acompañan lealtades identitarias y territoriales.
Entre la asistencia y la aspiración
Los programas sociales pueden consolidar lealtades. En setiembre de 2026, Datafolha encontró que el 53% de quienes recibían Bolsa Família o convivían con un beneficiario pensaba votar por Lula en la primera vuelta, frente al 28% que apoyaba a Bolsonaro. La asociación no prueba que las transferencias compren votos, pero muestra su relevancia electoral. Resulta llamativo que, poco antes de los comicios, Lula anunciara un reajuste del 15% para compensar la inflación acumulada. En 2022, Jair Bolsonaro también había ampliado las ayudas de Auxílio Brasil: la competencia por el voto asistido no pertenece a un solo campo ideológico.
La ayuda reduce carencias reales y puede abrir oportunidades, pero plantea preguntas incómodas sobre su administración y sus límites. Una auditoría del Tribunal de Cuentas de Brasil estimó que el 22,5% de las familias beneficiarias no reunía los requisitos en 2023. Aunque ello no implica necesariamente fraude, revela fallas importantes en la distribución de recursos públicos. Además, aun cuando la ayuda llega correctamente, aliviar la pobreza no significa garantizar un empleo de calidad o una trayectoria de ascenso social.
Las investigaciones comparadas muestran que, cuando los debates sobre sexualidad y valores familiares adquieren protagonismo electoral, las diferencias culturales pueden debilitar la influencia de las preferencias económicas sobre el voto.
La asistencia tampoco condena inevitablemente a sus beneficiarios a la dependencia. Un estudio longitudinal sobre Bolsa Família halló que el 45% de quienes habían recibido ayudas en la infancia accedió al trabajo formal al menos una vez entre 2015 y 2019, aunque en condiciones generalmente peores que las de otros trabajadores. Es un dato que contradice la idea de una dependencia inevitable, pero también un recordatorio de lo difícil que resulta progresar.
Las aspiraciones de las nuevas generaciones muestran que la subsistencia no es suficiente. Según una investigación realizada en Brasil en 2026, el 88% de los jóvenes espera alcanzar una situación económica mejor que la de sus padres, y el 64% considera el salario el principal criterio para elegir un empleo. Una política capaz de impedir que alguien caiga en la miseria no necesariamente satisface su aspiración de prosperar.
Las derechas ofrecen otro horizonte: autonomía económica, emprendimiento y movilidad social. En este sentido, la retórica de políticos como Milei contra la “casta” interpela a quienes observan la distancia entre el discurso igualitario de ciertos dirigentes y los privilegios asociados al poder. Que esas promesas puedan cumplirse es otra cuestión; para el votante, la expectativa de cambio puede competir con la seguridad de una prestación.
El costo de las certezas ideológicas
Las preferencias económicas no determinan las convicciones culturales. Una persona puede defender la redistribución de la riqueza y, al mismo tiempo, discrepar sobre las posiciones de la izquierda sobre la familia, la educación sexual o determinados asuntos internacionales. El conflicto aparece cuando estas causas se presentan como partes inseparables de una misma identidad política.
Según Datafolha, en 2026 el 45% de los brasileños se situaba a la izquierda o centroizquierda en cuestiones económicas, mientras que el 52% se inclinaba hacia la derecha o centroderecha en asuntos de comportamiento y orden social. Las investigaciones comparadas muestran que, cuando los debates sobre sexualidad y valores familiares adquieren protagonismo electoral, las diferencias culturales pueden debilitar la influencia de las preferencias económicas sobre el voto.
Algo semejante ocurre con las posiciones internacionales. En octubre de 2026, el Frente Amplio reclamó al gobierno una postura más firme en solidaridad con Palestina. Sin embargo, una encuesta de 2025 reveló que el 62% de los uruguayos no tenía una opinión formada sobre la guerra en Gaza. La defensa de los derechos de los palestinos es una postura legítima, pero cabe preguntarse hasta qué punto una causa internacional debe convertirse en un criterio de identificación política para ciudadanos cuyas preocupaciones inmediatas pueden ser muy diferentes y relacionadas con la situación interna.
El riesgo no reside en defender derechos o expresar solidaridad, sino en que los sectores más militantes traten cualquier discrepancia como una falta moral. Ese reflejo resulta especialmente contradictorio en movimientos que reivindican la tolerancia y el pluralismo. La cuestión de fondo no es por qué los pobres dejan de votar por quienes prometen ayudarlos, sino por qué deberían sentirse obligados a hacerlo. Ninguna fuerza política tiene garantizada su lealtad solo por proclamarse defensora de sus intereses.
Oleg Kraev es periodista especializado en relaciones internacionales, doctor en Filosofía y profesor de la Universidad MGIMO de Moscú.