El gobierno del Frente Amplio careció a veces de relato. Hubo narrativa política robusta en muchos temas, pero no alcanzó. Hoy, por el contrario, el torrente del relato oficial se cuela por todas las rendijas. El gobierno ha instalado verdades absolutas por la vía de repetirlas hasta el hartazgo. Verdades a medias, medias verdades, recortes de realidad o, simplemente, falsedades. Veamos algunas de ellas.
1. La ley de urgente consideración (LUC) fue pedida por la gente.
El presidente asumió la defensa de la LUC y ancló su legitimidad en la demanda ciudadana. No importa tener que debatir 500 cosas en medio de una crisis sanitaria que imposibilita las manifestaciones ciudadanas, porque tiene la legitimación del triunfo electoral.
Esto es falso. La LUC se ocultó deliberadamente. Se dio a conocer el 22 de enero, cuando hacía rato que habían ganado. Cualquier metainterpretación es embustera y peligrosa.
No hay un solo anuncio de campaña sobre la reforma del Código Civil, del Código de Comercio; el acceso a las áreas protegidas; la habilitación de los jardines de infantes; los cambios del Plan Ceibal o la Secretaría de Inteligencia del Estado, por citar ejemplos.
Cuando uno estira la interpretación de la voluntad ciudadana, puede darse de frente con los hechos. En esas mismas elecciones, la misma gente fue consultada y se expidió por el camino contrario al que recorre la LUC. 53% dijo no estar dispuesto a ceder al endurecimiento punitivo ni al Estado policial a cambio de la promesa de “vivir sin miedo”.
2. La seguridad se alcanza con más represión, más autoridad y más cárcel
Está instalado que los problemas de inseguridad se resuelven con endurecimiento normativo y empoderamiento policial y militar.
Ya en 1995 el entonces presidente Julio María Sanguinetti impulsaba la Ley 16.707, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, argumentando que se precisaban herramientas para atender la creciente inseguridad. Está claro que la receta no funcionó.
Más allá de las normas, lo que alarma es el reflejo, la respuesta que esta “verdad” valida. La derecha cava un poco más en el hoyo sin fondo de las soluciones mágicas, siempre represivas. Sólo queda huir hacia adelante. A la caja de herramientas del imaginario colectivo ya no le quedan más recursos que el endurecimiento del sistema, a pesar, incluso, de la porfiada devolución de la realidad.
Una vez aprobada la inflación punitiva de la Sección I de la LUC, será todavía más difícil volver de esa verdad en piedra. Lucirá más abierta la herida ideológica que consagra la falsa oposición libertad/seguridad, sacrificando la primera en aras de la segunda.
3. Lo militar en auxilio de la seguridad interior
La tercera verdad, naturalizada en el discurso y en la “LUC insignia”, es el recurso militar como una prolongación natural de la Policía. Confundir seguridad con defensa y atribuirle a esta última funcione de la primera es un camino doblemente peligroso. Primero, porque no está preparada ni formada para ello; segundo, porque no hay un modelo. Es el relato del no relato. Una transición pasando bajo el radar del debate imprescindible.
El señor ministro de Defensa Nacional declaró el 27 de abril en un programa en vivo que “seguridad y defensa son cara y contracara de una misma labor”, y allí mismo cristalizó una verdad tan falsa como distorsiva de los roles de la democracia republicana.
La LUC va dejando piedritas (arts. 1, 2 y 115) que asignan al Ministerio de Defensa Nacional tareas de seguridad interna que nada tienen que ver con “preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República en el marco de la Constitución y las Leyes” (art 1º, Ley 18.650, Ley Marco de la Defensa Nacional).
El propósito es fortalecer las atribuciones policiales y militares, y blindar su proceder. Sólo con este precio, la prometida seguridad empieza a costar carísima, basta una mirada informada de lo que vive hoy Latinoamérica.
4. Vamos a ser más libres
La libertad es un leitmotiv del relato oficial. En el discurso de asunción del presidente nos decía: “Si al final del período los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas”. Sin dudas un muy buen augurio. Pero, como pasa siempre, el diablo está en los detalles:
Seguridad: se legitima el uso de la fuerza para “disolver reuniones o manifestaciones que perturben gravemente el orden público” (art. 45) y se consagra el “deber de identificarse” “cuando la Policía lo requiera […] y si la persona careciere de documentación que acredite su identidad declarada, la Policía podrá conducirla a sus dependencias” (art. 50).
Como si fuera poco, advierte Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la LUC declara “ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios” (art. 448); faculta el uso de la “fuerza pública para disolver los piquetes” y, “en caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público” (art. 450). Estas disposiciones han enervado por unanimidad a la academia y nos han dado la certeza de que si algo no seremos, es más libres.
Inteligencia: la LUC ubica la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, en el ámbito de Presidencia de la República, y acentúa las nociones de secreto y reserva (arts. 122, 128 y 129), alejándola de la sujeción de los poderes Legislativo y Judicial. Huelga abundar en la dimensión del recorte de libertades que su aprobación representará; mucho más hoy, con el intenso volumen de información de que el Estado dispone sobre sus ciudadanos. Tal como sucede en otros temas, basta reparar en las noticias que llegan de Colombia, México o Brasil para dimensionar.
Libertad financiera: Nobleza obliga, esta es una “verdad” prometida como el cielo. Es falso que la Ley de Inclusión Financiera obligara a la gente común o a los comercios al uso de medios electrónicos, como se tergiversó intencionalmente. Sí promovió y estimuló su uso, con ventajosas consecuencias fiscales, de seguridad, de formalización y de combate al lavado de activos. La LUC restringe la posibilidad de acceder de forma gratuita a una cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico, con un conjunto de servicios financieros básicos también gratuitos. A su vez, elimina el pago electrónico preceptivo de los salarios, debiendo el trabajador acordar con su empleador el medio a utilizar. Libertad imaginaria si las hay, dada la asimetría por definición de las relaciones laborales (Sección IV).
El gobierno fue electo legítimamente, en elecciones libres y garantistas. Tiene el derecho –y el deber– de la iniciativa. Lo que no debería, porque no lo honra, es recostarse en la tristemente célebre receta de “una mentira repetida mil veces…”.
Mientras eso suceda, a los ciudadanos sólo nos queda Cuatro Pesos de Propina y su: “Sabe que no es verdad / toda la mentira / que llaman realidad, / y es suya la alegría / de saber mirar / a través de las burbujas…”.
Laura Fernández es abogada, integrante de Fuerza Renovadora y asesora parlamentaria.