Hasta ahora, el oficialismo ha puesto de manifiesto discrepancias en al menos diez temas durante el tratamiento en la Comisión del Senado del proyecto de la ley de urgente consideración (LUC; ver editorial de la diaria del sábado); prometen ser más, a medida de que avance la agenda. Porque de hecho la coalición se plasmó en la primera semana de noviembre, tras el resultado de las elecciones de octubre, en torno a un punteo que luego sería sustituido por otro en enero, con lo cual ya se produjeron desacuerdos. El electo senador Guido Manini Ríos declaró que él apoyaba el primer acuerdo, y no el segundo. La manifestación de esta discrepancia tuvo la derivación de que la agenda parlamentaria pospusiera el tratamiento del desafuero de Manini, que él tanto quiere por razones inherentes a su propia carrera política, para después del tratamiento de la LUC; eso lo llevó a aceptar dejar sus votos prisioneros del trámite de esta última ley.
El anteproyecto de la LUC de enero surgió enteramente del programa del Partido Nacional, y en marzo hubo un tercero, ya pulido en parte de sus inconstitucionalidades, reiteraciones, errores crasos y demás. Así y todo, circuló un mes antes de ser oficializado su envío al Poder Legislativo, en el intento de aliviarlo de discrepancias en el oficialismo y de presiones de la oposición y de la sociedad civil que, con tino, se procuró atemperar. Este ritmo de textos y tiempos no fue una muestra de fortaleza, sino de debilidad política, cuyo reflejo principal es la cohesión de la coalición en la que se apoya –dígase de una vez– el gobierno del Partido Nacional, sustentado en coincidencias parlamentarias que le dan mayoría en ambas cámaras. Tan endeble es la coalición que ni siquiera una instancia orgánica de reunión y deliberación se ha dado.
El gobierno de Lacalle dio por bueno que con el envío de ese texto –proclive a ser una colcha de retazos por su extensión, temario y pretensiones, si se lo compara con el acuerdo de noviembre– estaban superadas las diferencias en el oficialismo y se aseguraba un diligenciamiento fluido a golpe de mayorías. Pero no. El tratamiento en comisión del texto del proyecto de la LUC puso de manifiesto fortalezas argumentales opositoras y discrepancias internas en la coalición. De esta manera, y entre otras modificaciones, el oficialismo cedió en la ubicación en el organigrama de la Secretaría de Inteligencia, que pasa de responder solamente al presidente a hacerlo al gabinete ministerial; pero seguiría sin el control del Legislativo, que demanda el elemental balance de poderes republicano.
La intención inicial del gobierno era que la LUC dominara la agenda política y expresara unidad de criterio en su alianza de gobierno. Ni lo uno ni lo otro. Las diferencias internas pasaron a ser tema noticioso.
Hay más hechos. El llamado a sala de cuatro ministros para explicar el contrato con UPM hecho por Cabildo Abierto es lo más parecido a una actitud opositora, y pone al gobierno en una situación incómoda: “Yo no lo hubiera hecho”, comentó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Otra debilidad oficialista fue que se derivó para un tratamiento legislativo ordinario el intento de permitir el acceso privado a la red digital, sabroso bocado, construido por Antel a fuerza de músculo propio. Y es interesante el manejo de la discrepancia interna respecto de la desmonopolización de combustibles. Inicialmente se lo retiró de la LUC; se cedió ante la negativa a votarlo de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, pero el 15 de mayo el Partido Nacional rompió el acuerdo y decidió mantenerlo; un hecho con inevitables consecuencias políticas.
La intención inicial del gobierno era que la LUC dominara la agenda política y expresara unidad de criterio en su alianza de gobierno. Ni lo uno ni lo otro. Las diferencias internas pasaron a ser tema noticioso, y negarle la cadena de medios a la central sindical fue un tiro que le salió por la culata al Ejecutivo, con el PIT promoviendo caravanas de autos, motos y bicicletas en Montevideo y presencia en el interior, con una masividad que sorprendió. Eso alentó a la oposición a retomar la calle, haciendo una concentración con distancia social contra la LUC ante el Parlamento, y el SUNCA está hoy arrinconando al gobierno con un rosario de paros departamentales en demanda del reconocimiento de la vigencia del convenio salarial del año pasado ante la imposibilidad física de discutir uno nuevo. La acción del gremio más poderoso se presenta como el inicio de un plan de lucha, enmarcado en el plan de movilizaciones con paros y actividades en junio y julio votado por el PIT-CNT.
El gobierno no tiene respuesta a la situación, y las posiciones se redelinean. Ignacio de Posadas, definido en su momento por Lacalle Herrera como “la espada mayor del herrerismo”, le reprochó a su hijo, hoy presidente (a quien el padre “solo le pidió que fuera herrerista”, según la leyenda), y en una columna periodística –para que quedara registro–, que no hubiese anulado los Consejos de Salarios; se interpreta que le restó así al presidente el poder efectivo del neoliberalismo en el país, fuertemente vinculado a grandes intereses económicos actuantes en el Uruguay. Los empresarios no quieren Consejos de Salarios en estas condiciones, pero no plantean alternativas. El SUNCA se está movilizando con la estrategia de lo paulatino in crescendo e imparable, y los planes económicos gubernamentales, pensados para un Uruguay sin pandemia, están entrando en una zona de incertidumbre.
Ya que no puede modificar la realidad que se le precipita, el gobierno decidió cambiar la agenda noticiosa. Tuvo que ceder en sacar el tema de la red digital de Antel de la LUC y pasarlo al proyecto de ley ordinario que favorece la concentración de medios de difusión. Así comenzó mayo, y, en represalia, al gobierno se le ocurrió cuestionar el Antel Arena, que dijo que había costado 100 millones de dólares y que se tardaría un siglo en amortizarlo, cuando en verdad costó 44, y tenerlo es estandarte de toda buena empresa telefónica, y sus actividades la ligan a la población. Se dijo, además, que estaba ubicado en el medio de la nada cuando está en el centro geográfico de la ciudad, en una zona a la que está ayudando mucho a recuperar. La senadora Carolina Cosse argumentó con eficacia al respecto, y el tema desapareció.
El domingo 8 un titular cual cañonazo de El País cuestionó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y el lunes, su director de secretaría, Nicolás Martinelli, anunció el inicio de una auditoría sobre los tres temas imputados desde el diario. Argumentando esos hechos señalados como probados, cuestionó la anterior gestión, y se refirió incluso a posibilidades penales. Culpable hasta que se demuestre lo contrario. La ex subsecretaria y hoy diputada Ana Olivera viene contestando en los medios, con paciencia docente, todas las imputaciones. Lo hace con una tesitura detallista, en referencia a un titular de prensa que promueve una auditoría interna, que, además, recién comienza y por lo tanto no hay nada probado. Lo que sí se sabe es que el subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat, fue acusado de graves hechos en su gestión como intendente de Flores, y tiene pendiente dar cuenta de licitaciones. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) no está en condiciones de revisar la situación del hoy subsecretario porque fue disuelta de hecho por el gobierno al no nombrar nuevas autoridades y al renunciar su director, Ricardo Gil Lavedra, el 30 de abril, tras esperar un mes para ser relevado. En todo caso, la pertinaz defensa por Olivera de lo actuado, las evidencias a las que se refiere en la transparencia de la transición y su disposición personal a no ampararse en los fueros de ser requerida por la Justicia están desarmando el ataque, dejándolo en una posición ideológica simplemente opuesta a la gestión. Ella dice que la atacaron para encubrir el recorte del Estado, tal como ejemplifica la evaporación de la Jutep.
Ante el reiterado fracaso de los intentos de adueñarse del relato y la prioridad noticiosa, el día 14 el propio presidente Luis Lacalle Pou anunció como logros propios de su gobierno aspectos del contrato con UPM2 que le ahorrarían al país 128 millones de dólares. Desmentido de inmediato por protagonistas uruguayos de esa negociación, él insiste en que el rey está vestido. Lo cierto es que falta información sobre esa suma: al menos 60 millones ya estaban en el contrato, aunque puedan diferir los términos en que UPM los invierte.
Cambiando la agenda noticiosa, y con anuncios del propio presidente en conferencia de prensa, él puede pretender mucho, como mostrar iniciativa, capacidad de liderazgo y de negociación, y querer frenar a Cabildo Abierto y su interpelación a cuatro ministros por UPM, pero solo desnuda anemia política. Son las consecuencias de esta las que pasaremos a ver.
Andrés Alsina es escritor y periodista.