Los objetivos económicos de la dictadura

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Se cumplen 47 años del golpe de Estado que se dio tras un proceso de medidas de seguridad continuas desde 1968, en el que se reprimió y militarizó a numerosos sindicatos y organizaciones estudiantiles, y se asesinó al primero de una larga lista de mártires del movimiento estudiantil: Líber Arce.

La dictadura y los años previos, con las medidas de represión al movimiento popular, tuvieron como principal resultado una sistemática violación de los derechos humanos que dejó miles de personas presas, asesinadas, desaparecidas, muchas más que debieron seguir el rumbo del exilio y miles de destituidos.

Vale entonces que nos preguntemos: ¿cuál es la base material de la sociedad sobre la que se asentó este proceso represivo?

El contexto de aquellos años

A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, varios libros analizaron el proceso económico vivido en la dictadura, entre ellos destaco tres, a mi juicio de lectura imprescindible para comprender el arranque del modelo LACE¹ (liberal, aperturista, concentrador y excluyente) que vivió Uruguay desde esos años hasta 2004. Esos libros son Tendencias recientes de la economía uruguaya, de Danilo Astori;² La política económica en Uruguay 1968-1984, de Jorge Notaro,³ y La crisis uruguaya y el problema nacional, de Octavio Rodríguez, Luis Macadar y Celia Barbato.⁴

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Quiero comenzar con una tesis desarrollada a partir de esos textos. La continuidad de la acumulación de capital dependiente en Uruguay, luego del prolongado estancamiento de la década de 1960, requería una rebaja sustantiva de los salarios reales. Y una rebaja sustantiva de los salarios reales en Uruguay, dada la fortaleza de las organizaciones sindicales y el desarrollo político de las organizaciones populares, requería alterar las condiciones institucionales democráticas y generar una dictadura que, vía decreto, garantizara la rebaja salarial y, vía represión, la inactividad sindical y popular.

El 28 de junio de 1968, el gobierno decidió no convocar a los Consejos de Salarios, dejando el ajuste salarial en manos del gobierno. El golpe de Estado se enmarca en el estancamiento de la economía uruguaya de los años 60 y el duro congelamiento de salarios de 1968, acompañados de un giro autoritario relevante. Buena parte del período comprendido entre 1968 y 1973 se gobernó bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. En 1971 asumió el gobierno colorado de Juan María Bordaberry, que decidió reducir los salarios reales con un ajuste que se encontraba muy lejos de la inflación que provocó la pérdida de salario real más grande de la historia del país, como queda claro en el gráfico 1.

El salario real

El gráfico 1 es claro respecto de la rebaja salarial. La línea punteada, que es la de tendencia, deja en claro dicha caída.

La fijación de salarios, sin Consejos de Salarios y con una represión muy dura sobre sindicatos, quedó en manos exclusivamente de los decretos del Poder Ejecutivo.

Los resultados en materia de salario real son consecuencia directa de lo que quiso el gobierno, o sea, hubo una decisión política de la dictadura de reducir los salarios para aumentar las ganancias y los ingresos del capital, deteriorando el nivel de vida de la mayoría de la población.

El destino de la pérdida salarial

Los años de dictadura hasta 1981 no fueron de estancamiento sino de crecimiento económico. La riqueza creció, la masa salarial se derrumbó, aumentó el plusvalor y enormes masas de ganancia transitaron hacia el capital. Aun con la crisis de 1981 a 1984, el producto interno Bruto (PIB) al final de la dictadura era mayor que el del inicio, y junto a ese mayor crecimiento de la riqueza, el salario bajó a la mitad.

El gobierno puso en práctica medidas para bajar salarios y para aumentar las ganancias del capital. Algunas apuntaron a incrementar sus ingresos, otras a reducir sus costos, más allá de la notoria reducción de los costos salariales.

Entre ellas destacamos como las más importantes:

Medidas económicas de la dictadura para beneficiar al capital

Medidas tendientes a aumentar los ingresos

• Concesión de reintegros (subsidios) a las exportaciones no tradicionales.
• Aplicación de una política cambiaria de ajustes periódicos mayores a la inflación que aumentó el valor de las exportaciones.
• Acuerdos comerciales con Argentina (Cauce) y Brasil (PEC) para garantizar mercados a nuestras exportaciones.

Medidas tendientes a bajar los costos

• Otorgamiento de financiamiento a tasas muy baratas.
• Exoneraciones fiscales a las ventas y a la reinversión de utilidades.
• Eliminación de recargos y demás gravámenes a la introducción de bienes de capital.
• Eliminación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas

Finalmente, en noviembre de 1979 comenzó a regir una reforma tributaria en la que se generaliza la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, se rebajan los aportes patronales a la seguridad social y se deroga el Impuesto a las Actividades Financieras y el Impuesto Único a la Actividad Bancaria, que gravaban la actividad financiera.

El gráfico sintetiza cómo creció la riqueza y cayeron los salarios, y, por ende, aumentó la ganancia del capital.

El cuadro nos muestra que mientras la economía crecía los salarios caían, y cuando la economía cayó los salarios también cayeron: es decir, privatización de ganancias y socialización de pérdidas.

Otra manera de ver este tema de la redistribución es a través de las transferencias entre el salario y la ganancia, o sea, entre el trabajo y el capital.

Siguiendo la metodología que surge del trabajo de Notaro⁵ podemos calcular dicha transferencia. La metodología aplicada mantiene constante la participación de los salarios en el ingreso nacional del inicio del período y calcula cuánto transfiere año a año, sumándolo en dólares, mientras hubo crecimiento económico del que no se beneficiaron los trabajadores.

La transferencia es del orden de 5.000 millones de dólares de 1981; ese fue aproximadamente el valor del PIB al fin de la dictadura y esa fue la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, trabajadoras y trabajadores perdimos en los años de dictadura ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya.

¿Qué pasó después?

Entre 1985 y 2004 no hubo cambios sustanciales en la evolución del salario real. Salvo en los tres primeros años de recuperada la democracia, cuando el salario real creció (en particular porque el primer gobierno democrático restituyó los Consejos de Salarios), luego permaneció casi estancado en la década de 1990 y en la crisis de 2002 volvió a caer prácticamente al nivel de 1984. Es decir, se consolidó la caída del salario real gestada hacia 1984. El gráfico 2 así lo muestra, como lo marca su línea de tendencia perfectamente horizontal, más allá de los vaivenes a lo largo de estos 20 años. Es claro además que, aun con el efecto de la crisis entre 1999 y 2004, el PIB –y, por ende, la riqueza– de 2004 era mayor que la de 1984. Es decir que en 20 años creció el producto y se estancó el salario.

Finalmente, desde 2005, con la restitución de los Consejos de Salarios, el salario real creció recuperando gran parte de lo perdido en aquellos años y acompañando el crecimiento del PIB. El gráfico 3 y su línea de tendencia lo muestran claramente.

Reflexiones finales

La caída del salario real era un factor cardinal del nuevo modelo de acumulación, y la dictadura fue su condición de viabilidad, porque la resistencia obrera no lo hubiera permitido en democracia. En las condiciones sociales y políticas de la sociedad uruguaya, una estrategia de tal naturaleza iba a encontrar una resistencia organizada y potente del movimiento obrero y de las organizaciones políticas de la izquierda.

Por eso, cuando la dictadura reprimió duramente a la izquierda y en particular a la principal fuerza de resistencia, que fue el movimiento obrero, lo hizo consciente de que era la única manera de consolidar un modelo de acumulación capitalista caracterizado por la exclusión y la sobreexplotación del trabajo, por lo cual la represión política, la concentración de la riqueza y la desestructuración social son partes de un mismo proyecto.

Daniel Olesker es economista y senador por el Frente Amplio.

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