A esta altura parece ser una tradición montevideana: en cada elección departamental algún candidato a intendente realiza con mucho entusiasmo y otro tanto de demagogia un homenaje al inefable Domingo Tortorelli.
Recordarán que este personaje se presentó ante la ciudadanía por primera vez en las elecciones de 1942, con la fórmula presidencial Tortorelli-Anatolia Manrupe, que era su esposa.
En sus actos, a los gritos, proponía que en todas las esquinas se colocarían canillas gratuitas de leche; también la construcción de una carretera en bajada entre Rivera y Montevideo para que los camiones de carga ahorraran combustible. También proponía decretar una jornada laboral de 15 minutos.
Hoy, casi ocho décadas después, vemos cómo ante una crisis sanitaria a escala planetaria, las economías de todos los países del mundo, sin excepciones, se ven duramente afectadas.
Millones de personas perdieron temporal o permanentemente su empleo, otros ven reducidos sus ingresos y la casi totalidad de los empresarios ven gravemente afectada su rentabilidad y en muchos casos peligra su sobrevivencia.
En este contexto es que Laura Raffo, candidata a la IM por la coalición multicolor que desde el gobierno nacional ha dado insuficientes ayudas económicas a personas y empresas, promete exoneraciones por un año de todas las tasas y habilitaciones que pagan los comercios de barrio.
Por supuesto, cuando se va muchos puntos abajo en las encuestas y no aparece en el horizonte la posibilidad de gobernar es mucho más sencillo proponer exoneraciones urbi et orbi, menguando más aún la caja de una intendencia que se ha visto afectada por la pandemia y el recorte de partidas del gobierno nacional que ya anunció la OPP.
Pero ante esta promesa al vuelo, surgen preguntas de fondo: ¿está esto dentro de las preocupaciones de nuestras pymes? ¿Son estas tasas y costos municipales los más relevantes en la ecuación económica de un comercio montevideano?
En primer lugar como muestra vale un botón: este lunes 29 estuvimos junto a Daniel Martínez reunidos con asociaciones de comerciantes del Paso Molino, de Colón, de la Unión y del Grupo Centro. Allí se nos plantearon diversos temas que preocupan a nuestros comerciantes, entre ellos los vendedores informales.
En ningún momento los comerciantes con los que hablamos hicieron algún planteo sobre tasas o costos de habilitaciones municipales. Y quizás no estuvo dentro de los planteos porque dentro de la estructura de costos de una pyme, los “costos municipales” representan una ínfima parte frente a los costos que dependen del gobierno nacional.
Pongamos un ejemplo concreto, veamos el caso de Ana que tiene una panadería en el barrio Goes sobre la avenida General Flores.
Ana factura entre venta al público y a algunos almacenes y restaurantes en promedio $ 470.000 mensuales, tiene dos empleados y en su panadería consume bastante electricidad porque tiene horno eléctrico, fritadores, máquina de amasar, batidora, y una pequeña cámara.
Ana también paga BPS (por ella misma y por sus empleados), DGI, UTE, Antel y tributos municipales asociados a la actividad comercial, no tomamos en cuenta otros costos para simplificar el ejemplo.
En todos los datos se excluye el IVA.
Como vemos en los cuadros que acompañan esta nota, los que están asociados a la IM son una parte muy menor de su estructura de costos, costos que en condiciones normales eran asumibles, pero que hoy pandemia mediante se hacen muy difíciles de soportar.
La pandemia cambió la realidad de nuestros comercios y es fundamentalmente el gobierno nacional quien debería hacer los esfuerzos para ayudarlos.
Sería mucho más útil trabajar junto con Raffo para que nos ayude a convencer a sus compañeros de coalición que gobiernan a nivel nacional de no aumentar el IVA, o de dar ayudas que superen los magros 1.200 pesos a los trabajadores informales, o a generar pautas salariales que no impliquen pérdida de la masa salarial, o de no seguir adelante con un brutal recorte de gasto público que va a generar más efectos recesivos sobre nuestra economía.
Porque con estas medidas tomadas por el gobierno nacional va a ser muy difícil que los comerciantes puedan venderle algo a alguien.
Hay espacios para trabajar juntos, sin demagogia y sobre las cosas que de verdad afectan y les importan a los comerciantes montevideanos.
Trabajemos en propuestas ambiciosas sobre cambios en calles residenciales dándole impulso a la vida barrial. Avancemos en más casos como la peatonalización de 18 de julio acordada con Grupo Centro. Reduzcamos la burocracia y trabajemos junto al gobierno nacional para combatir la informalidad.
Podemos mejorar la calidad de vida de los montevideanos y ayudar de verdad a nuestros comerciantes, elevemos la mira para hacerlo.
Notas sobre costos municipales
Habilitación de locales comerciales e industriales: Los comercios lo pagan una vez cada 5 años y depende del tipo de comercio, por consiguiente, no es un tributo que se pague todos los años.
Adicional Mercantil a la Tasa General Departamental: Lo pagan todos los comercios que vendan bienes o servicios y se factura en forma bimestral.
Tasa Bromatológica: la pagan los comercios que fabrican, importan o manipulan alimentos y se cobra en función de las inspecciones y análisis que efectivamente se hace a las empresas comprendidas. No es, por lo tanto, una tasa de cobro mensual fijo y permanente.
Ya existe además una bonificación de hasta el 90% de la tasa para empresas con determinado monto de ventas, según decreto 37333.
Impuestos “al marketing y publicidad de los comerciantes”: El impuesto a la publicidad hacia la vía pública NO grava a la llamada publicidad en sede. Esto significa, que el nombre del local comercial, por ejemplo “Almacén Mi Barrio” no paga impuesto, en cambio, si al lado del ese cartel hay publicidad de una marca de alguno de los productos que vende, paga impuesto, pero es la marca, no el comercio.