Este año dio mucho que hablar sobre una de las temáticas que menos le gusta hablar a los uruguayos, la de los pueblos originarios. Esta explosión de la temática indígena (especialmente centrada en el acervo patrimonial arqueológico) se debió a una política pública cultural impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que impulsó como temática del Día del Patrimonio “Raíces Indígenas: pasado, presente y futuro”. Una demanda de larga data tanto de las comunidades indígenas como del gremio antropológico del país.
A esto hay que agregarle el hito para la historiografía nacional de la identificación de la partida de defunción de Laureano Tacuabé, uno de los charrúas llevados a los zoológicos humanos en Francia cuyo destino no se conocía. A raíz de este hallazgo, el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) y otras comunidades indígenas convocaron a un homenaje a Tacuabé el 23 de octubre, fecha de su muerte. Además, el senador Felipe Carballo presentó un proyecto de cambio de nombre del feriado del 12 de octubre para que deje de llamarse Día de la Raza y pase a ser el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Indígena y Afrodescendiente.
Estas actividades ayudaron a desmontar varios mitos reproducidos en el país sobre la cuestión indígena. Por un lado, que el mito de que el movimiento indígena es algo ínfimo, que agrupa a pocas personas y que estas personas son delirantes con un pensamiento precientífico -estereotipo construido por los antropólogos Daniel Vidart y Renzo Pi Hugarte y reproducido hasta el hartazgo por los medios de comunicación y el sistema político-. Quedó demostrado que hay centenas de activistas por todo el país que impulsaron actividades relacionadas con la temática y que el movimiento involucra a muchas personas organizadas en comunidades, clanes y de forma individual. Y que están por todo el país, prácticamente no hay departamento sin un colectivo o una familia indígena que realice activismo; no todos los movimientos y partidos políticos pueden hablar de esa capacidad.
También quedó de manifiesto que la cuestión indígena no es un tema de nicho, sino que es un interés general de la ciudadanía. Los sistemas dominantes en el país han interpretado que a la mayoría de la ciudadanía no le interesa la causa indígena y que ese es un tema de nicho. Pues se ha demostrado que a la ciudadanía le interesa el reconocimiento de las culturas indígenas y valora el patrimonio indígena como parte del acervo de la identidad nacional. Incluso un sector importante de la ciudadanía se pregunta por qué no ha había antes una reivindicación de la herencia indígena o por qué todavía no se reconoce a Salsipuedes como un genocidio.
A pesar de la aceptación masiva que generó esta política cultural, no tardaron en aparecer los reaccionarios racistas de siempre. Desde el ex presidente Julio María Sanguinetti hasta el intendente de Rocha, Alejo Umpierrez, acusaron de “charrulandia” la política del MEC, cuando no estuvo centrada en lo charrúa sino en los pueblos indígenas con toda su diversidad. Incluso se podría decir que los arqueólogos tuvieron más tratamiento mediático que las propias comunidades. A estos viejos defensores del estatus quo blanco y racista hay que agregarle la desinformación difundida por redes sociales. Uno de los más paradigmáticos fueron los bulos racistas sobre la performance “Retomada Charrúa en la Atenas del Plata” realizada por el Conacha en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Lo más sorprendente es que abogados egresados de esa casa de estudio fueron de los principales reproductores de estos discursos de odio. Difundieron información falsa y discursos discriminadores por redes sin investigar el contexto de la performance y la convocatoria realizada por la propia Udelar. Esto nos hace pensar que todavía falta mucho para que la Udelar sea una verdadera “universidad antirracista”.
El proyecto de Ley de reconocimiento indígena ya está ingresado en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República. La discusión ahora es si Uruguay, su sistema político, sus medios de comunicación y sus grupos dominantes van a aceptar reconocer a los pueblos originarios o van a seguir con la histórica política negacionista.
A estas reacciones conservadoras se le debe sumar la nota publicada por El País titulada “Charrúas: la etnia que era minoritaria, no originaria y la polémica por la matanza de Salsipuedes” el 18 de octubre. Mucha de la información falsa y las tergiversaciones que aparecen en esa nota ya han sido contestadas en el Capítulo de Uruguay del volumen I del libro Procesos de etnogénesis en América Latina. Dicho capítulo sirve para desmontar muchos de los discursos negacionistas de la presencia charrúa y, de forma más general, el libro permite entender los procesos de reemergencia étnica y etnogénesis que recorren el continente.
Esta reacción contra la visibilidad del mundo indígena del Uruguay deja en evidencia la precariedad de las políticas culturales impulsadas por el MEC si no tienen un soporte jurídico atrás. Estos reconocimientos serán puramente coyunturales y pasajeros si no hay una jurisprudencia que los normatice dentro del Estado y la sociedad. Pero ahí viene el gran problema de la cuestión indígena en el país: obligar al Estado a reconocer a los pueblos indígenas con su propia singularidad cultural y su propia autodeterminación, algo que el Estado ha negado desde su fundación, en 1830.
Entendiendo la importancia de la construcción de derechos específicos como pueblos indígenas, una articulación entre las comunidades del Conacha (Jaguar Berá, Danan Vedetá, Clan Chonik, Hue It Guidaí, Nderé Opatimar, Oyendaú, Charrúas de Colonia y Aquecha) junto a las comunidades que participaron de los primeros borradores (Guidaí Tekoha, Clan Rua La At, Grupo Guadaripir, Marquemos un Norte, Adench, Basquadé Inchalá y Clan Gauitase) impulsa un proyecto de ley de reconocimiento como pueblos indígenas. A partir de la presencia y preexistencia actual de los pueblos indígenas, se plantea el reconocimiento de las etnicidades históricas como Charrúa, Guaraní, Guenoa-Minuan, Chaná y otros. También se proponen mecanismos de reconocimiento, protección y salvaguarda de la memoria, la lengua, la cultura y el patrimonio. Pero lo más importante de todo, es que este proyecto de ley propone crear un sujeto de derechos que antes no existía en Uruguay. A partir de esta Ley, los indígenas vamos a existir en el Uruguay.
El proyecto de Ley de reconocimiento indígena ya está ingresado en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República. La discusión ahora es si Uruguay, su sistema político, sus medios de comunicación y sus grupos dominantes van a aceptar reconocer a los pueblos originarios o van a seguir con la histórica política negacionista. Ahora es el momento de demostrar si realmente la uruguaya es una sociedad democrática o en realidad es una democracia racista de blancos para blancos y de si se ha avanzado o si sigue reproduciendo su colonialismo interno.
Martín Delgado Cultelli es miembro del Consejo Directivo del Consejo de la Nación Charrúa y egresado del Título de Expertos en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid.