¿Gato por liebre? Ley de Salud Mental y creación de un hospital judicial

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Los planteos del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a la prensa la semana pasada, en torno a que la Ley de Salud Mental estaría incluida en el presupuesto, son una buena noticia en la medida de lo que se viene reclamando desde hace tiempo. Sin embargo, la creación de un hospital judicial, sumando 100 plazas nuevas al hoy Hospital Vilardebó, lo vemos como un franco retroceso frente a lo que plantea la Ley de Salud Mental 19.529, ya que, en todo caso, define un rumbo represivo que está muy lejos de un modelo de abordaje de base comunitaria como el que se acordó impulsar para poder cerrar para 2025 –como marca la ley– las instituciones monovalentes en nuestro país.

En este sentido, vale aclarar que el Hospital Vilardebó, desde que comenzaron las propuestas de reforma en salud mental en la década de 1980, ha sido un lugar donde confluyen: la atención de lo que se conoce como pacientes agudos (aquellas personas que pueden transitar uno o más episodios que necesitan abordajes desde la psiquiatría con necesidad o no de internación), un centro de rehabilitación psicosocial y un centro de internación para lo que se conoce como pacientes judiciales.

Asimismo, parte de las políticas de desinstitucionalización que se comenzaron a aplicar en las diversas actualizaciones del primer Plan Nacional de Salud Mental (1996 y 2006) han dado como resultado que se haya logrado un mínimo histórico de internaciones en el Vilardebó donde, en 2005, llegaron a haber 100 camas ocupadas (Cano, 2015). En la actualidad ese número asciende a 300 camas aproximadamente. A su vez, la mitad son usadas para personas judicializadas, que por su condición de vulnerabilidad no pueden estar en una cárcel común.

Por lo tanto, el Vilardebó ya es un hospital judicial y decidir profundizar ese aspecto es una pésima señal que indica que el camino está más cerca de seguir manicomializando la atención que comenzar el proceso inverso, como está estipulado en la ley aprobada hace ya tres años, es decir, desmanicomializar. ¿Por qué no pensar en transformar el Vilardebó en un gran centro de referencia sociocultural y/o sociolaboral? ¿Será posible en este contexto implementar otro tipo de abordajes y no pensar en el encierro y la internación como uno de los recursos a los que se recurre con frecuencia? ¿Será posible diseñar espacios hospitalarios no sobrecargados de camas? Si la Ley 19.529 dice en sus artículos 37 y 38 que los mecanismos alternativos no deben bajo ningún concepto “reproducir las prácticas, métodos, procedimientos y dispositivos anteriores [...] con el objetivo del disciplinamiento, control y encierro”, ¿hacia dónde va la nueva propuesta de ASSE? ¿Consistirá en reproducir lo mismo que ya existe?

A su vez, cabe preguntarse: ¿las pésimas condiciones edilicias del Vilardebó pueden ser pensadas para un hospital judicial? ¿No han bastado todas las denuncias realizadas año tras año para entender que dicho nosocomio no contempla las condiciones para internaciones dignas y respetuosas de los derechos básicos de cualquier persona que necesite estar hospitalizada? ¿No sería mejor que en las unidades penitenciarias haya unidades de salud mental dado las megacárceles con las que aún hoy contamos?

Por otra parte, con la pandemia y específicamente ante la existencia de un foco de covid-19 en el Vilardebó, se tomaron medidas como el cierre de la emergencia y el no permitir ingresos nuevos, lo que llevó improvisadamente a habilitar otras puertas de emergencia (como la del Pasteur) o indicar internaciones domiciliarias, entre otras “soluciones”.

Vale recordar que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y la comisión de Contralor en Salud Mental realizaron fundadas consideraciones para, dadas las circunstancias, mantener y profundizar algunas de esas medidas que apuntan al cierre de los espacios asilares y monovalentes e ir –por razones humanas, de atención digna y de respeto a los derechos humanos de los usuarios, familiares y trabajadores– avanzando hacia el cierre del Vilardebó.¹ Por otra parte, un conjunto de asociaciones académicas y profesionales (Sindicato Médico del Uruguay, Coordinadora de Psicólogos, Sociedad de Psiquiatría) y varias organizaciones de la sociedad civil reclamaron cambios urgentes en las condiciones de atención en los hospitales psiquiátricos y en sus condiciones edilicias y sanitarias. También la Universidad de la República (Udelar) –cuyo peso académico y sensibilidad social son indudables– el 23 de junio se expidió sobre el asunto.²

Actualmente quedan artículos por reglamentar de la Ley de Salud Mental; uno de ellos –quizás el más importante– insta a elaborar un cronograma de cierre. Nos preguntamos: ¿con quién se está trabajando en el diseño de nuevos dispositivos y/o para fortalecer los existentes? Recordamos que en este proceso nadie ha sido convocado (y se ha solicitado ser recibido en varias ocasiones), violándose así la propia Ley 19.529, que plasma en su artículo 41 el derecho de los usuarios, familiares y organizaciones de salud mental y derechos humanos a participar en la gestión, diseño y evaluación de servicios y prestaciones en salud mental.

Hasta principios de este año, el proceso de trabajo ha sido amplio y participativo, se han realizado grupos de trabajo con diversas organizaciones sociales, gremiales y profesionales, asociaciones de familiares, de usuarios, la Udelar y la INDDHH. Con el cambio de gobierno desde varios colectivos venimos insistiendo en ser recibidos por las nuevas autoridades y retomar el proceso de diálogo y construcción tomando en cuenta a los diversos actores, cosa que no ha sucedido y que nos alarma sobremanera.

Hoy en Uruguay existen y han sido reconocidos varios dispositivos de inclusión y desarrollo socio-productivo-cultural-habitacional, que no sólo son valiosos para la recuperación de las autonomías y recomponer lazos que permitan a las personas afrontar las dificultades junto a iguales, sino que además permiten llevar adelante una perspectiva de salud mental integral y comunitaria. Creemos firmemente que estos deben ser tenidos en cuenta, a la hora de reconocer no sólo las buenas prácticas, sino para evitar comenzar siempre desde cero, como parece estar destinada la salud mental.

Cecilia Baroni, Ricardo Larrañaga, Irene Castro, Dulcinea Cardozo y Miguel Scapusio son integrantes del Frente Antimanicomial.