“Hoy son los ciudadanos uniformados, mañana puede ser cualquiera quien quede expuesto a la arbitrariedad sesgada del magistrado de turno”, dijo el senador Guido Manini Ríos durante la media hora previa de la sesión del martes en la cámara alta. Paradójica afirmación hecha ante el Legislativo justo cuando las arbitrariedades de los uniformados recrudecen a niveles más que preocupantes, cuando las leyes se han modificado para ofrecerles garantías en el empleo de la fuerza y cuando son precisamente los “cualquiera” que se juntan en una plaza o tienen la desgracia de vivir en un barrio pobre los que (como siempre, y más que siempre) están expuestos a la prepotencia y el abuso.
A esta encendida defensa de los que cometieron crímenes de lesa humanidad y ahora, lentamente y de a gotitas, van siendo encausados, se sumó el anuncio de que su sector, Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, aspira a reinstalar la renuncia a la pretensión punitiva del Estado, yendo así contra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2011. A esta última cruzada del senador Manini no se opuso, al menos tan tajantemente como debería, el presidente de la República, quien se limitó a decir que el asunto no forma parte del “Compromiso por el país” detrás del que se alinearon los partidos que componen la coalición. Todo parece indicar que por un buen tiempo asistiremos a este forcejeo que se irá mechando con provocaciones más o menos escandalosas, con tergiversaciones y con discursos altisonantes mientras, como una gota persistente, seguirá cayendo el discurso de la legitimidad del uso de la violencia de Estado en los oídos de quienes esperan, apavorados y absortos, que alguien les prometa que va a poner las cosas en su lugar, sea lo que sea que se entienda por “cosas” o por “lugar”.
En este contexto, en el que todo el mundo dice que está muy bien que se siga buscando a los desaparecidos pero nadie dice dónde están, es habitual oír hablar de pacificación y es cada vez más frecuente hacer pasar la acción de la Justicia por venganza o por revancha, salteándose alegremente el hecho de que si estas cosas se están investigando y procesando hoy, después de tanto tiempo, es precisamente porque no se investigaron ni se procesaron antes. Y claro, no es sólo en Uruguay que la acción de la Justicia se demora: hace un par de semanas se informó que Bruno D, de 93 años, fue sentenciado en Alemania a cumplir dos años de prisión en régimen de libertad vigilada por sus acciones durante los años 1944 y 1945, cuando todavía no era mayor de edad. Parece un castigo excesivo para una persona tan anciana, pero es bueno tener en cuenta que del otro lado hubo más de 5.000 prisioneros asesinados, de todas las edades.
Para mostrar la improcedencia de la aplicación de las leyes contra el terrorismo de Estado, el senador Manini Ríos, así como lo había hecho antes el senador Raúl Lozano, también de Cabildo Abierto, se valió del ejemplo del ex soldado Leonardo Vidal, procesado con prisión por haber ametrallado por la espalda, en 1972, a Nelson Berreta, un militante tupamaro que, esposado, intentaba escapar corriendo. El Código Penal uruguayo no pena la fuga, porque se parte de la base de que no hay delito en la búsqueda de libertad. Sin embargo, el asesinato por la espalda es, para algunos, la respuesta razonable a una acción que la ley no considera ilegítima.
La reinstalación de la ley de caducidad no parece muy probable. Los expertos en derecho constitucional han advertido que iría contra la sentencia de la CIDH, y la coalición de gobierno no necesita comprarse un problema más en un contexto que ya se presenta suficientemente complicado. Pero es evidente que los compromisos de Manini Ríos con los militares lo obligan a mantener esta cuestión sobre la mesa, al mismo tiempo que trabaja para construir una imagen del Ejército y de las Fuerzas Armadas como reserva moral y auxilio de la nación en las circunstancias difíciles (algo que viene haciendo desde que era comandante en jefe, justo es decirlo). Seguirá, entonces, haciendo llamados a dejar atrás el pasado, a mirar hacia adelante poniendo hombro con hombro, y se lamentará de que se persiga a los ancianos que de jóvenes se ganaron la vida secuestrando, torturando y asesinando, cuando ha pasado tanto tiempo de esos hechos. Debería saber que hace apenas un año se anunciaba internacionalmente que un grupo de investigadores había establecido la identidad posible de Jack el Destripador a partir del análisis de ADN de una prenda de ropa encontrada en la escena de un crimen cometido en 1888. Es claro que el presunto Jack ya no está entre nosotros, y hasta es probable que esa evidencia no sea irrefutable. Pero hay algo que sí es importante, y es que se sigue investigando. Más de 100 años después, se sigue investigando.