El Partido Nacional (PN) acordó con Cabildo Abierto (CA) no votar el desafuero de Guido Manini Ríos por beneficios a corto plazo: la suerte parlamentaria del presupuesto nacional y las esperanzas abonadas en la cohesión de la coalición de gobierno. Para habilitar esto, el propio Manini debió pagar su cuota de costo político con un video en el que dejó constancia de sus razones para hacer lo contrario de lo que predicó desde que comenzó la campaña electoral: aseguró que se presentaría a la Justicia y se salió con la suya de no presentarse. La propuesta inicial de Luis Lacalle Pou era que la votación tuviera lugar recién después de aprobado el presupuesto, por diciembre. Pero Manini no soporta el desgaste de que el desafuero sea tema permanente de las preguntas de la prensa, por lo que se acordó que las formalizaciones se hagan a fin de este mes.
El costo a mediano plazo excede con mucho el de la política contingente y define cuestiones políticas y sociales de fondo para ambas agrupaciones. Traza el perfil ideológico de la coalición, pese a los esfuerzos de dos de sus integrantes, Ciudadanos y el Partido Independiente, que anunciaron una posición discrepante; tal es la potencia ideológica de lo acordado.
No lo reclama la Fiscalía por un delito contable o de índole policial. El PN acompaña la no presentación a la Justicia de Manini por su complicidad con delitos de lesa humanidad. Él es quien viene descalificando desde la primera hora a la Justicia, a la que ahora se le niega el presupuesto para que pueda funcionar debidamente. Es Manini quien pide la destitución del fiscal de Corte y alega una conspiración judicial con el solo objeto de dañar su autoestima, que está en congruencia con la pasada dictadura cívico-militar, sus propios planes presidenciales y la imagen de sí mismo que quiere proyectarles a sus acólitos. En vez de pronunciarse contra el terrorismo de Estado, Manini abusa del reglamento del Senado para defender a responsables de delitos de lesa humanidad, y además presenta un proyecto de ley para que no se juzguen esos delitos. En fin. Alberga Manini en sus filas a quien alega que la muerte en la tortura del médico Vladimir Roslik ocurrió en verdad por causas naturales, en momentos en que su viuda pide una nueva autopsia para probar la tortura. Y se demuestra que su segundo senador, Guillermo Domenech, fue abogado sumariante de la dictadura cívico-militar, en armónica congruencia con esta panoplia ideológica autoritaria, represiva, prodictatorial, justificadora de delitos de lesa humanidad y muchos, muchos más elementos que siguen saliendo de abajo de la piedra que Manini y su CA levantan con convicción.
A Manini, por más vericuetos reglamentarios que alegue para decir lo suyo y retirarse de sala al momento de votar, este episodio lo va a perseguir durante toda la vida política que tanto planificó. Pretendió jugar a hombre fuerte y enalteció valores que no supo mantener sobre la mesa. Y ahora está forzando la credibilidad de sus fieles (a ellos se dirige su video, con ellos es su compromiso, y a la coalición ni la nombra) al ir en contra de lo que por diez meses les reiteró que sería la conducta de alguien que proclama y ofrece su rectitud, en contraposición a la siempre frágil confianza de la ciudadanía en los políticos. Ahora debe convencerlos de que él no es uno más de los peores de esos políticos, pese a la evidencia contraria.
Por su parte, el PN asume el costo de refrendar esta conducta para conservar la coalición. Lo hace en su debilidad política y no sólo numérica –no llegó a 29% de votos–. Al hacerlo, pasa un umbral ideológico del que difícilmente haya retorno.
El apoyo del Partido Nacional a Guido Manini Ríos no sólo significa poner a la histórica divisa del lado de quienes proyectan en la actualidad la dictadura de hace medio siglo: implica confiar plenamente en la banalidad del electorado y desconocer cómo funciona la política en el país.
Un partido político con muertos por la dictadura –Cecilia Fontana de Heber y Héctor Gutiérrez Ruiz entre ellos–, de perseguidos –notoriamente, Wilson Ferreira–, de presos, exiliados y oprimidos en territorio uruguayo por vivir en dictadura, y con el pathos heroico que reiteradamente supo invocar la divisa, dejó de ser lo que era para unirse con el checato propósito de dar este aval a Manini.
En materia de política contingente, Lacalle Pou cumplió con el viejo dictado de la ciencia política y se puso al frente de la coalición que formó a partir del impulso que le dio Julio María Sanguinetti, sin reparar en costos. Tenía alternativas a “la situación muy compleja en que esto lo deja”, según el politólogo Adolfo Garcé, que afirma sobre el costo político: aun “haciendo cuentas de corto plazo, para los blancos hubiera sido mucho más conveniente acompañar al Frente Amplio, a Ciudadanos y al Partido Independiente en la posición de suspender los fueros al líder de CA”.
El PN entero optó por cuidar los votos parlamentarios de Manini, en desmedro de los propios en las urnas. Las tres semanas entre la decisión, tomada apenas Manini plasmó su compromiso en el video del lunes 7, y la fecha de fin de mes en que se concretará la votación bien pueden ser espacio temporal para calmar las opiniones a favor del desafuero que se adjudican a grupos de la juventud nacionalista.
Pero, aunque se logre aquietar discrepancias y estas no se expresen en disidencias internas, el PN entero cruza puentes que no deberían admitir retorno político. El ancestral caudillo Luis Alberto de Herrera, con todo su pragmatismo, no hubiera aceptado este acuerdo. Lo hecho no sólo significa poner a la histórica divisa del lado de quienes proyectan en la actualidad la dictadura de hace medio siglo: implica confiar plenamente en la banalidad del electorado y desconocer cómo funciona la política en el país.
A Jorge Batlle lo acusaron de ser responsable de la “infidencia” sobre la devaluación del dólar en abril de 1968, karma que arrastró toda su vida política. 50 años después, se editó un libro –una investigación de Raúl Ronzoni– que lo exime de responsabilidad en el asunto e identifica a los responsables. En ese caso, no había acusación judicial; en el de Manini hay una imputación fiscal que lo esperará en la puerta del Legislativo. Y es claro que Manini no tiene argumentos jurídicos a su favor, por más que aludan a ellos, pues lo hacen con un mero entretejido jurídico de legos.
Estar del otro lado de la grieta que sigue separando de la dictadura a la verdadera gente de bien sigue siendo definitorio. Y el tema es político. Que la coalición pague a cabalidad este costo dependerá de cómo actúe al respecto la oposición, y luego el electorado.