El rey desnudo: un gobierno antiuniversidad y anticiencia

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Hay consenso general sobre que la respuesta de Uruguay a la pandemia de covid-19 ha sido hasta ahora exitosa, y también sobre la importancia que en ese resultado ha tenido la comunidad académica y en primer lugar la Universidad de la República (Udelar). El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo al respecto: “Creo que el diferencial de Uruguay en esta pandemia ha sido la colaboración de la academia, de la ciencia”. Una de las acciones más aplaudidas del gobierno en relación con la pandemia fue la creación del Grupo Asesor Científico Honorario, formado por docenas de investigadores, que han puesto a disposición tiempo y capacidades para asesorar a un gobierno que los ha escuchado.

A fines de agosto, la Udelar había gastado 175 millones de pesos en el combate a la pandemia, derivados de otros destinos que no pudieron ser cumplidos debido a la emergencia sanitaria. Son bien conocidos algunos de sus aportes, como el diseño de kits de diagnóstico y la aplicación de estos test por parte de docentes que han reconvertido su actividad en laboratorios universitarios de Salto, Tacuarembó, Rocha y Montevideo (a la fecha, un tercio de los test realizados a nivel nacional).

Son menos conocidos otros aportes universitarios al esfuerzo nacional. Algunos ejemplos, entre más de 350 iniciativas: diseño y fabricación de hisopos e implementos de protección personal, sistema de descontaminación de mascarillas,¹ reparación de decenas de respiradores en desuso, apoyo psicológico a personas en condiciones de aislamiento, desarrollo de un kit serológico para detección de anticuerpos, análisis de aguas cloacales para vigilancia epidemiológca, construcción de modelos epidemiológicos, análisis de datos, apoyo de estudiantes y docentes en la atención sanitaria, fabricación y distribución de alcohol, prevención de la conducta suicida en tiempos de pandemia, estudios sobre el consumo de drogas en condiciones de aislamiento, promoción de salud en comunidad, apoyo al manejo de alimentos en ollas populares, impulso de sistemas de huertas autogestionadas, promoción de la educación física en condiciones de aislamiento. Es casi imposible imaginar un sector de actividad en el cual los universitarios no estén interviniendo con sus saberes y sus ganas para contribuir en este momento de emergencia nacional. Esfuerzos similares han surgido en el Instituto Pasteur (IP), el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y otros centros de investigación.

Pocas veces hemos asistido a una toma de conciencia tan masiva sobre la importancia de la ciencia nacional y de que vale la pena invertir en ella. El prestigio que han alcanzado nuestros investigadores se conjugó con el hecho de que, a diferencia de gobiernos como el de Donald Trump y Jair Bolsonaro, el uruguayo se apoya en la ciencia para tomar decisiones trascendentes relacionadas a la crisis sanitaria.

Es en ese contexto que el gobierno ha enviado la ley de presupuesto al Parlamento. Falta el trámite parlamentario y tenemos esperanzas de que se corrijan algunos de sus contenidos más dañinos. Pero analizar esa propuesta permite ver la concepción que sus redactores tienen sobre la importancia de la educación superior, la ciencia y la tecnología. Veamos algunos aspectos referidos a la Udelar, recordando que esa institución concentra 80% de la matrícula nacional en educación superior del país.

La Udelar es la única institución de educación pública que no recibe incremento en todo el quinquenio. Si ello se confirma sería muy grave. Señalemos algunas consecuencias.

Cuando la Universidad solicitó al Parlamento financiamiento para desplegar el programa de descentralización en 2010, habíamos calculado el presupuesto necesario para lograr que hubiera 12.000 estudiantes en tres centros universitarios regionales en 2015. El éxito de ese esfuerzo resultó en que hoy tenemos más de 20.000 estudiantes en el interior. Este presupuesto plantea cero incremento para los próximos cinco años. Ello implica riesgos grandes, pues la Universidad en el interior es aún muy frágil. Cada carrera depende allí de cuerpos docentes calificados pero pequeños. A veces de un par de docentes, cuya permanencia en el territorio depende de su acceso al régimen de dedicación total.

¿Cómo sostener condiciones de masividad que impliquen, por ejemplo, aumentar el número de grupos? Este año tomamos la decisión de completar la carrera de Medicina en el litoral norte. Tenemos 70 estudiantes cursando segundo año y prevemos tres veces más el año que viene. Un congelamiento presupuestal haría colapsar un montaje frágil, que se ha basado en el compromiso de los grupos docentes presentes en la región y la confianza en que recibiríamos un apoyo presupuestal este año. Si no hay recursos frescos, esa patriada peligra. El aporte de la Udelar al desarrollo es particularmente significativo en el interior, y se observa no sólo en la enseñanza sino también en una dinamización cultural, económica y social. Es un proceso que hay que consolidar y no fragilizar.

Un incremento nulo significa también no poder poner en marcha nuevas carreras que ya están aprobadas y que requieren algunos incrementos sobre la base de lo acumulado, entre ellas la licenciatura en Ingeniería de Medios y la de Administración en Sistemas de Información, ambas en Montevideo; la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos y la licenciatura en Computación, en Salto; la licenciatura en Economía Agrícola y Gestión de Agronegocios en Tacuarembó.

El programa de dedicación total (DT) financia la dedicación exclusiva de docentes muy calificados con un complemento salarial. Ingresar implica una evaluación rigurosa por pares externos; permanecer, evaluaciones regulares. Con un sueldo decoroso en un contexto de sueldos sumergidos, se ha convertido en el principal instrumento de retención de personal calificado en el país. Cada año ingresan unos 100 docentes, en general jóvenes que culminan sus estudios de posgrado y deciden dedicarse a la vida académica. En estos momentos hay 73 docentes cuyo ingreso a la DT se ha aceptado, que esperan ‒algunos desde hace un año‒ que existan recursos para ello. El mensaje es claro: no hay recursos para ellos ni para los cerca de 500 que ingresarían en el quinquenio.

El país ha impulsado con éxito la formación de posgrado invirtiendo millones en años recientes. En cada uno de ellos el país ha invertido unos diez años de recursos públicos (formación de grado y posgrado). Muchas veces ello incluye estadías en laboratorios de primer nivel en otros países. Son buenos y muchas veces les ofrecen quedarse a trabajar allí. No pocos deciden devolver a la sociedad que los financió, trabajando en aquello que saben. Este presupuesto les está diciendo: “Acá no hay lugar para ustedes, Uruguay no los quiere”. ¿Cómo se entiende que desperdiciemos una inversión de años y despreciemos esas capacidades, mientras en la misma ley se aumenta el presupuesto de Defensa en un país que no está en guerra con nadie?

Esta ley congela las becas justo cuando el país entra en una profunda crisis económica y social. Ampliar el acceso significa apoyar a los que más lo necesitan para que puedan estudiar. Más de la mitad de los estudiantes de la Udelar son la primera persona de sus familias que accede a la educación superior. ¿Queremos que ello siga siendo así?

Esta ley significa pérdida de poder adquisitivo del salario universitario, que es uno de los más deprimidos del sector público.² Al mismo tiempo, aumenta muy significativamente el sueldo de los presidentes de las empresas públicas, bajo el argumento de que es necesario que sean atractivos para tener a los mejores allí. ¿Ese argumento no es válido para los universitarios?

La ley de presupuesto contiene también aspectos no monetarios muy preocupantes. Entre ellos el artículo 526 que, deroga la autorización para colocar fondos destinados a inversiones edilicias en unidades indexadas, lo que permitía no perder el valor de dichos recursos como consecuencia de la inflación.

El artículo 528 exige que la Udelar obtenga un informe previo favorable del Poder Ejecutivo para realizar traspasos de sueldos a gastos e inversiones. Es una limitación inconstitucional a la autonomía universitaria: ¿con qué criterio alguien del Ministerio de Economía y Finanzas revisará y autorizará decisiones de la Udelar para cumplir los programas presupuestales aprobados por el Poder Legislativo? Así se complica la gestión y se limita la eficiencia en la ejecución del presupuesto. Expliquemos. Los cargos universitarios se ocupan por llamados abiertos y concursos. Son varios meses entre el informe de disponibilidad que habilita el llamado y el pago salarial una vez que la persona es nombrada en el cargo. Los fondos destinados a sueldos no utilizados durante esos meses se ejecutan como gastos e inversiones necesarios. Cuando se solicitaron fondos para la descentralización en 2010, se sabía que ello implicaba crear cientos de cargos. Haciendo uso del mecanismo antes explicado, se derivaron los recursos así ahorrados hacia la compra de equipamiento e inversiones que contribuyeron de manera fundamental a tener la plataforma universitaria que hoy existe en el interior. De no haber tenido esa posibilidad, hubiéramos debido solicitar un presupuesto mucho mayor. Ejecutar libremente esos traspasos nos permite ser eficientes en el uso de los recursos públicos. Así, la Udelar ejecuta cada año 99,9% de los créditos asignados y da cuenta transparente en cada rendición de cuentas.

Si se analiza la ley de presupuesto en relación al conjunto del sistema de ciencia y tecnología (CyT) del país, la situación es también preocupante. A excepción del Instituto Antártico Uruguayo y el IP, todas las demás instituciones se ven fuertemente afectadas. Se congelan los fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que se derretirán por falta de ajuste por inflación, y se recortan los Fondos Sectoriales, que se alimentan de partidas provenientes de otros sectores del Estado. Disminuye el presupuesto del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM), el INIA, el Parque Científico Tecnológico de Pando, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba). En el IIBCE se plantea una reducción de su personal científico. La afectación a la Udelar, que representa más de 75% de la ciencia nacional, congela el programa de dedicación total y limita los gastos e inversiones en CyT. La Secretaría de Ciencia y Tecnología desaparece y se subsume en el Ministerio de Educación y Cultura, que además reduce el presupuesto destinado a CyT. El impulso a la innovación nacional usando las compras del Estado se ve fuertemente debilitado debido a la restricción generalizada en gastos e inversiones, lo que golpea el naciente tejido de empresas innovadoras nacionales.

El artículo 621 elimina a la Udelar como posible beneficiaria de donaciones especiales que permiten deducción fiscal. Ese mecanismo nació para apoyar a la educación pública, pero ahora se dirige a apoyar la educación privada, que por cierto goza de importantes beneficios que no tiene la Udelar, como la exoneración de los aportes patronales. La Udelar recibe anualmente en el orden de 800.000 dólares por ese concepto.

En los últimos meses hemos asistido a una serie de señales contradictorias desde el poder político. El Decreto 90/20 generó gran preocupación en la comunidad académica ante la perspectiva de que la restricción fiscal destruyera capacidades construidas a lo largo de mucho tiempo. Luego de un período de diálogo se excluyó a parte del sector ciencia, tecnología e innovación de dicho decreto. Semanas después de ese anuncio tranquilizador, la ley de presupuesto incluye nuevamente numerosos recortes en áreas clave de la ciencia y la tecnología. Se destruye así cualquier certeza sobre la decisión del gobierno en relación con sostener este sector. Los vaivenes de la política desvían la energía de aquello en que hay que seguir trabajando. Las incertidumbres generan frustración y pérdida de incentivos en los investigadores.

La Udelar es la vía de acceso al conocimiento avanzado de 140.000 personas que hoy cursan estudios de grado, más otros miles en posgrado y educación permanente. A través de sus docentes y estudiantes sostiene parte sustantiva de la asistencia sanitaria en el Hospital de Clínicas, el Pereira Rossell, el Maciel y otros centros de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. El aporte de la Universidad al país se da en todas las áreas, de modo que es todo el pueblo uruguayo el que está siendo agredido cuando se cortan los recursos para la Udelar. El no incremento en una institución que crece permanentemente significa un recorte en la relación entre recursos y esfuerzo.

La Udelar tiene un compromiso inquebrantable con el país y con su pueblo. Lo ha demostrado por años. Quizás ello haga creer a algunos que aunque sea destratada de este modo, siempre seguirá cumpliendo sus funciones sin mayor problema. Es un error. La relación entre horas docentes y metros cuadrados respecto del número de estudiantes, que ya son muy bajas, seguirán cayendo, y será ineluctable la afectación sobre la calidad de lo que se haga. La Udelar deberá evaluar con cuidado qué deja de hacer ante estas circunstancias.

No debe creerse que el compromiso social y nacional de los investigadores es un cheque en blanco. La colaboración en el combate contra el coronavirus está impulsada por profundos sentimientos de compromiso social y altruismo, pero se responde a ello con desprecio.

Hace algunos años el presidente de la República se comprometió, junto a otros candidatos, a destinar 1% del producto interno bruto (PIB) a ciencia y tecnología. Según la Rendición de Cuentas de 2019 estábamos en 0,55%. Con este presupuesto terminaremos el quinquenio en una cifra mucho menor. Durante la campaña electoral, el presidente señaló a la educación como prioridad. Usando las cifras de esta ley de presupuesto y las previsiones gubernamentales de crecimiento, la proporción del PIB destinada a la educación habrá pasado de 5,17% en 2019 a 4,45% en 2024.

Analizar esta propuesta de presupuesto muestra que más allá de promesas y propaganda, el planteo del gobierno es antiuniversitario y anticiencia.