Otra vez los caballos en la huerta

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El título de esta columna hace referencia al texto de Julio Castro “Los caballos en la huerta” (1961)

Esta semana se concretaron los cambios que estipula la ley de urgente consideración en los consejos desconcentrados. De esta forma se continúa con la línea de concentrar el poder y limitar la autonomía introducida por la Ley 14.101, llamada “ley Sanguinetti”, de antes de la dictadura.

Hace cinco décadas la derecha lo hizo a caballo de la doctrina de la seguridad nacional y de un proceso de deriva autoritaria que costó bastante caro a las y los uruguayos.

Hoy se eliminan los consejos de Primaria, Secundaria y UTU y se borra de un plumazo la representación docente en ellos. En el caso de Primaria, esto significa volver a la estructura del decreto de Lorenzo Latorre, cuando comenzaba la reforma vareliana; esta vez no es por la amenaza ideológica, sino por supuesta eficiencia.

Son años, lustros y tal vez décadas de machaque acerca de que el problema son los docentes. Esto no es ingenuo y no es exclusivo de Uruguay. Es la visión conservadora, autoritaria, regada por la tecnocracia durante años y que mira una parte de la realidad y oculta o ignora otra que es sustantiva para nuestros gurises.

Esta visión desconoce que la escuela pública en Uruguay hoy es una escuela con una propuesta integral. Pensemos en la educación física, las artes, la robótica y la programación, las segundas lenguas, la extensión del tiempo pedagógico en sus múltiples formas; todos esos cambios han sido abrazados y acompañados por los docentes, y también han sido pensados y propuestos por los docentes.

La escuela pública pobre para pobres es lo que teníamos hace 20 años. Los sectores medios con capacidad de pago solían pagar academias de segundas lenguas, arte y actividades deportivas cuando sus hijas e hijos concurrían a una educación pública empobrecida; hoy son propuestas que forman parte del proyecto de escuela que tenemos. Nos falta aún, pero este piso de derechos existe.

Correr a los docentes del gobierno es el primer paso para bloquear a un actor clave en la defensa de la educación pública, y por tanto en proteger a las infancias, tan castigadas desde todo punto de vista en nuestro país.

Señalar esto parece clave, más cuando gran parte de la ciudadanía no sabe qué acontece dentro de nuestras escuelas. Esto no implica abdicar de los desafíos que aún tiene nuestra educación pública y de las mejoras necesarias, tanto en los aspectos pedagógicos como de reconocimiento de nuestras maestras y funcionarios, de aprendizajes y brechas, pero vaya si Uruguay puede sentirse orgulloso de su escuela pública.

Desde hace años escuchamos que la educación está en crisis¹ y que los docentes bloquean los cambios. La crisis de la educación es un tema recurrente al menos en el último siglo, y lo de que los docentes bloquean es lisa y llanamente una falsedad (siempre participamos en minoría), pero además es la cruda manifestación de actores políticos que no entienden cómo se transforma la educación.

Establecer como problema la participación de los docentes es básicamente una falacia acerca de las formas de cambiar nuestra educación, pero además es desconocer trabajos académicos acerca del fracaso del “ordeno y mando” en las transformaciones educativas.²

Hoy nuestro mayor problema parece ser una mixtura dramática de demolición de derechos, repliegue del Estado, autonomía de los centros, autoritarismo incipiente y un marco de pandemia, que se sostiene por una alianza de derechas que está en el gobierno y que lisa y llanamente deja a nuestros gurises y docentes a la intemperie.

Al mismo tiempo que se elimina la participación de los docentes en los consejos y se centraliza el poder, cae la relación entre el presupuesto destinado a la educación y el producto interno bruto; caen los salarios de funcionarios y docentes; se vuelve a las versiones más autoritarias que han acompañado la destrucción del Estado de bienestar; se eliminan programas, planes o grupos con ninguna evaluación o evidencia, entre otras acciones de política, y todo esto bendecido por los actores del poder en nuestro país.

Uruguay cuenta con más de un millón de estudiantes que necesitan mayores aprendizajes, más equidad, mejores condiciones para aprender y mayor tiempo pedagógico, y lo mismo corre para quienes no están aún en el sistema educativo (primera infancia y jóvenes, fundamentalmente). Esto nadie lo niega a viva voz, pero las acciones de política lo hacen de hecho.

Durante décadas asistir a las aulas de la educación pública implicaba superpoblación, ausencia de materiales y hasta de bancos, baños o vidrios; optar por la docencia era someterse a salarios de hambre.

Muchos integrantes de la actual gestión administraban ese sistema público de educación. La ciudadanía cambió eso junto a los trabajadores y a gobiernos que algo escuchaban. Veremos qué nos deparan los próximos cuatro años, pero el inicio está sumando menos salario, menos escucha y visos de autoritarismo.

La demanda por la participación en los consejos en el caso del magisterio está en el acta fundacional de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria hace más de 70 años. Este reclamo histórico no se borra de un plumazo, por más que democrática y circunstancialmente estemos transitando este “alto de Viera” o accidente conservador que opta por silenciar a sus docentes.

La necesidad de la mirada docente, la voz de los docentes ha sido recomendada desde hace varias décadas por la Unesco, entre otros organismos internacionales, pero además está consagrada en el resto del marco legal de nuestro país que no han demolido aún. Los docentes y sus organizaciones (en nuestro caso, sindicales y técnico-docentes) son clave para la transformación de la educación.

El escenario instalado constituye un verdadero destrato al batllismo, que traslada los costos de transacción que tienen todas las políticas hacia las comunidades y, por tanto, hacia nuestros gurises. Esto nos vuelve a situar en un lugar en el que la deriva autoritaria está a la vuelta de la esquina, aunque ya se haya demostrado ineficaz para producir las transformaciones que necesitamos.

Esperemos no ir a un lustro perdido, y no por la pandemia.

Es la hora de la ciudadanía y del debate democrático sobre nuestra educación pública. Entre otros temas, por ello firmar para habilitar un referéndum sobre la ley de urgente consideración parece un acto saludable, ya que otra vez han metido los caballos en la huerta.

Pablo Caggiani y Gabriela Verde son maestros.