A pesar del escaso lugar que la política internacional y las estrategias de inserción internacional tuvieron en la pasada campaña electoral de nuestro país, el actual gobierno parece estar determinado a avanzar en esa agenda en 2021. El presidente Luis Lacalle Pou ha mantenido reuniones con los tres mandatarios de los países socios plenos del bloque Mercosur, y el futuro del bloque ha estado dentro de la agenda.
El país reedita una discusión que no es nueva: estrategias de inserción internacional basadas en orientaciones liberalizadoras que privilegian las vías bilaterales en todas sus formas, o estrategias que privilegian las negociaciones como bloque de integración regional para avanzar regionalmente en esa inserción. Este planteo se reedita cuando el Mercosur está sumergido en una agenda externa de negociaciones cuya principal apuesta pasa por cerrar el tratado de libre comercio (TLC) con la UE.
El miércoles 21 de febrero, el presidente Lacalle Pou se reunió con su par de Paraguay en un encuentro que tuvo como principal punto de interés el futuro del Mercosur. La política internacional de los socios del Mercosur es una apuesta a la baja. Brasil, otrora jugador global en la región y en la arena internacional, no sólo se ha retirado formalmente de espacios de la gobernanza global, sino que ha retirado su participación de debates globales de gran interés y urgencia para la región. Los efectos que esta ausencia tiene en la subregión son enormes y no auguran respuestas soberanistas para un tema que tiene que empezar a discutirse a la luz del poder que los Estados y la política han tenido en la definición de futuros inclusivos y sustentables.
El TLC entre la UE y el Mercosur es un claro ejemplo de estas discusiones y del peso que tienen los paradigmas dominantes y la política en estas agendas. A pesar del rechazo de este acuerdo por cientos de organizaciones y movimientos sociales de ambas regiones, y por el Parlamento europeo y muchos de los parlamentos nacionales de ese bloque, el debate público sobre los riesgos de cerrar este acuerdo dista mucho de ser transparente, democrático y plural.
Como Redes-Amigos de la Tierra Uruguay venimos realizando un seguimiento y monitoreo a este acuerdo en particular y en general de la evolución de las agendas de libre comercio y de inversiones, con un claro foco puesto en cómo condicionan las políticas públicas, la potestad regulatoria, el goce de los derechos humanos y la justicia ambiental.
El tratado de libre comercio con la UE profundiza una matriz productiva fuertemente concentrada en productos primarios con modos de producción intensivos en el uso de la tierra, en la aplicación de agrotóxicos.
En una reciente publicación destacamos las diez principales razones por las cuales un acuerdo de estas características debe ser rechazado por sus impactos en la justicia económica, social, ambiental y de género.
1. Profundiza la inserción periférica de nuestra región
La UE niega de manera directa y explícita el principio del trato especial y diferenciado que constituye un pilar de las negociaciones comerciales a nivel global y que ofrece a los países en desarrollo la posibilidad de mantener algunas políticas activas de desarrollo imprescindibles para una inserción internacional con valor agregado, conocimiento, innovación, justicia social y ambiental.
2. Adiós a la diversificación de la matriz productiva
El TLC con la UE profundiza una matriz productiva fuertemente concentrada en productos primarios con modos de producción intensivos en el uso de la tierra, en la aplicación de agrotóxicos, fuertemente controlados por empresas transnacionales, con relaciones de trabajo precarizadas y malas condiciones en materia de salud y seguridad. Es además un modo de producción con nefastas consecuencias para el medioambiente.
3. Restringe el control público de los sistemas agroalimentarios afectando la soberanía alimentaria y la salud
Perdemos el escaso control público que tenemos de la cadena agroalimentaria. El acuerdo se concentra en la exportación de parte de nuestra región de productos primarios asociados a la alimentación de animales y personas. El sistema agroalimentario está fuertemente controlado por empresas transnacionales que imponen dinámicas de territorialización del capital cuyas consecuencias se pueden ver en el acaparamiento y concentración de tierras, en monocultivos a gran escala, en la expulsión de campesinos/as y productores/as familiares, en un consumo indiscriminado de agrotóxicos y paquetes tecnológicos que afectan la salud y medios de vida de quienes viven y producen en el medio rural.
4. Amplifica el poder del mercado sobre lo público
El acuerdo se alinea con las actuales agendas del libre comercio incorporando materias de negociación nuevas o las mismas de manera más agresiva. Un ejemplo es la inclusión en textos filtrados en 2018 y en el preacuerdo firmado en 2019, sobre empresas públicas, monopolios del Estado y compras públicas como materias de negociación. Si bien se supo que el capítulo sobre empresas del Estado estaría excluido de la actual versión del acuerdo, no existe una exclusión total y permanente de las empresas públicas. Es decir, nada asegura que una ausencia en los textos públicos actuales garantice que estos temas no estén incluidos de manera indirecta en las cláusulas de otros capítulos, ni que puedan volver a estar en la mesa de negociación por intereses políticos actuales.
Además, el acuerdo contiene disposiciones en materia de reglamentación nacional, transparencia y servicios que tienen por vocación expandir de forma expresa la frontera del mercado sobre lo público. Insistimos en que los compromisos asumidos deben analizarse de manera transversal sobre todos los sectores públicos o mixtos de los países para poder trazar conclusiones sobre las implicancias.
5. Mayor protección de la propiedad intelectual
La UE incluyó estándares más duros con relación a los derechos de autor y derechos conexos al extender a 70 años la protección de obras literarias y artísticas. Esto representa un aumento de 20 años de esa protección. La UE negocia además marcas registradas, diseños industriales, indicaciones geográficas, patentes, protección de la información no divulgada, variedades vegetales, etcétera.
La propiedad intelectual no es una cuestión menor en el acceso al derecho al desarrollo. Es harto conocido el control que los países desarrollados ejercen de los eslabones productivos con mayor valor agregado, innovación y conocimiento. El patentamiento de todos estos aspectos afecta principalmente el derecho al desarrollo de los países del sur global, ataca las posibilidades de acortar las brechas existentes en materia de conocimiento y acceso a la tecnología e imprime un acceso sumamente desigual en materia de salud y medicamentos. Avanzar en el patentamiento sólo restringirá aún más las posibilidades de los países del Mercosur de pensar un desarrollo soberano, transformador de la matriz productiva y redistributivo.
6. No garantiza la exclusión de los servicios públicos
Las actuales agendas de libre comercio incorporan materias y compromisos que van mucho más allá de lo que es el comercio de bienes y servicios. Esto significa que los compromisos en materia de servicios pueden alcanzar a los servicios públicos, los cuales deberían ser derechos humanos garantizados por el Estado. El TLC con la UE incorpora disposiciones en reglamentación nacional con medidas de aplicación general que afectan el mercado de servicios y por tanto afectan directa e indirectamente a los servicios públicos que son prestados en condiciones de competencia con privados e implican el cobro de una tarifa. Las agendas de libre comercio consideran que las formas en que se proveen en la actualidad los servicios públicos (con figuras público-privadas en muchos casos o con eslabones de la cadena sometidos a la competencia con el mercado) los convierten en servicios que operan bajo las normas del mercado, por tanto deben quedar cubiertos por compromisos de este tipo.
7. Condena al Mercosur a la injusticia ambiental
La expansión de la frontera agrícola en nuestra región es responsable en gran medida de una larga lista de impactos a la justicia ambiental y los derechos humanos. El acuerdo con la UE no propone un cambio de modelo de producción ni incorpora enfoques comprehensivos sobre los conflictos ambientales y las violaciones a los derechos humanos de comunidades. La desgravación de aranceles que algunos festejan del acuerdo acelera aún más la expansión de la frontera agrícola con un aumento indiscriminado de la producción agrícola y ganadera. En un contexto de pandemia como el que vivimos actualmente y para una región que no ha podido concretar el cambio de matriz productiva, este acuerdo profundiza de forma dramática los impactos a la justicia ambiental, exacerba la crisis climática y socava las posibilidades de alcanzar una recuperación económica justa y ecológica poscovid-19.
8. Maquilla de ambiental un acuerdo que no protege el ambiente ni las comunidades
La preocupación pública legítima por los impactos ambientales que implicará el acuerdo está siendo utilizada por mandatarios europeos para maquillar de verde el TLC. La Comisión Europea ve el debate como una oportunidad para aprobar el acuerdo sin revisar ni renegociar ninguno de sus aspectos económicos y comerciales medulares. Ningún protocolo ambiental podrá reducir ni mejorar los devastadores impactos que el acuerdo tiene para la clase trabajadora, los derechos humanos y la justicia ambiental. Este tipo de respuestas son falsas soluciones y fuertemente neocoloniales.
Se trata de una solución que es incluso peor que el maquillaje verde porque somete los asuntos ambientales y de derechos humanos de manera explícita a la lógica del libre comercio.
9. Hipoteca la construcción de una verdadera integración regional
El efecto del acuerdo en el proceso de integración impide que el Mercosur avance en compromisos regionales propios del bloque porque está cediendo compromisos como bloque a favor de la UE. La posibilidad de una entrada en vigor provisional, en forma parcial, para los socios conosureños que vayan ratificando el instrumento significaría, en los hechos, una ruptura del Mercosur y de sus perspectivas de constituirse en un espacio económico integrado. La experiencia de la región andina refuerza esta hipótesis. Los acuerdos comerciales de la UE no fortalecen la integración regional, la debilitan porque se asientan en bases de competencia.
10. Deja un saldo cero para la democracia
Este acuerdo tampoco innova en su opacidad y falta de transparencia. El texto acordado en julio de 2019 no es enteramente de conocimiento público. Los compromisos más importantes y de mayor sensibilidad pública aún hoy no son de conocimiento público. Desde que este acuerdo está en negociación, organizaciones y movimientos sociales y la población en general siguen esperando transparencia y debate público. Además, este acuerdo debe verse a la luz de los fuertes ataques a la democracia y los derechos humanos que se viven en la región del Mercosur. El secretismo y la falta de transparencia son enemigos de la democracia.
Natalia Carrau es integrante de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay.