Treinta y Tres es un departamento donde históricamente ha existido un predominio del Partido Nacional. De hecho, las alternancias en el poder han ocurrido sólo tres veces: el Partido Colorado en dos ocasiones y el Frente Amplio en una. En las últimas elecciones departamentales, el Partido Nacional registró su mayor votación desde que existen fuentes fiables para su comparación, con 69,9% de los votos frente a 19,05% del Frente Amplio, y el Partido Colorado que alcanzó 2,6% de los votos válidos. Esto se traduce en 25 escaños logrados en la Junta Departamental por parte del oficialismo, mientras que los seis restantes corresponden al Frente Amplio. A esto hay que sumarle la obtención de los seis municipios en disputa por parte del Partido Nacional, en cuatro de esos seis con un porcentaje mayor a 90% de los votos.
Es preciso señalar que los gobiernos subnacionales tienen características que hacen que se genere una concentración importante del poder en el Ejecutivo. Estas características son diferentes a otros niveles de gobierno, principalmente a nivel nacional, y la discusión sobre la historia del proceso que llevó a esta situación y su conveniencia no es lo que me propongo a dar acá. Entre esas singularidades, se encuentran la facultad de reelección inmediata por parte del intendente, la posibilidad de múltiples candidaturas de los partidos políticos (casos que encontramos también a nivel de municipios) y la adjudicación de una mayoría automática en el Legislativo al lema ganador en los comicios.
En concreto, tenemos, por un lado, al oficialismo con una abrumadora mayoría legislativa y un amplio apoyo popular, y por el otro lado, a una oposición que tiene bastante limitada y comprometida su capacidad de incidencia política. Estas circunstancias se repiten del período anterior, aunque con una menor diferencia (la distribución de la Junta Departamental era de 21 para el oficialismo y diez para la oposición).
El problema que sufre la institucionalidad de Treinta y Tres nace de una serie de acciones por parte del Partido Nacional durante el período anterior, que la nueva administración está repitiendo, y que ha llegado a un punto de sistematización que se torna realmente preocupante. Que además, por si fuera poco, se fue agravando seriamente en el transcurso de la pandemia. Vayamos a los casos.
Desde el comienzo de la pandemia, la Junta Departamental fue la única del país que no ha logrado funcionar plenamente. De hecho, la gran parte del tiempo ni siquiera ha sesionado, y cuando lo ha hecho, fundamentalmente fue por cuestiones protocolares. Si nos ponemos a recordar, cuando se declaró la emergencia sanitaria las Juntas Departamentales de todo el país dejaron de sesionar, y a medida que pasó un poco el tiempo paulatinamente fueron retomando sus actividades alternando diversas formas de funcionamiento, con la virtualidad como protagonista. Treinta y Tres fue la triste excepción. Ya pasadas las elecciones departamentales del 27 de setiembre y tras varios meses de nulo funcionamiento, se retomaron las actividades para la asunción de los nuevos representantes electos y las autoridades de la Junta Departamental. Y en eso quedó. Tras unas pocas sesiones del pleno de la Junta Departamental y ya acercándonos a los 200 días de esta nueva administración, no se han conformado aún las comisiones correspondientes, y tras un nuevo aumento de contagios por covid en el departamento, se decidió pausar nuevamente el funcionamiento del Legislativo departamental. Otra vez sin aceptar formas alternativas de funcionamiento. Esto es consecuencia de una decisión política deliberada por parte del Partido Nacional que atañe directamente a la institucionalidad.
Treinta y Tres enfrenta un problema de calidad democrática. La pelota está en la cancha del Partido Nacional, que tiene la responsabilidad institucional de asegurar el pleno funcionamiento de los poderes.
Por otro lado, la Intendencia Departamental ha sido objeto de sistemáticas y continuas observaciones a lo largo de los últimos años por parte del Tribunal de Cuentas y de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), por diversas irregularidades en el uso indiscriminado y claramente excesivo de designaciones directas por parte del Ejecutivo, gastos extrapresupuestales y contratos laborales precarios, que violan diversos artículos del TOCAF, la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 86 de la Constitución. Estas observaciones no tienen carácter sancionatorio y su lugar de estudio es el Legislativo, donde se deberían estar tratando en la comisión correspondiente (la Comisión Fiscal), que ni siquiera se ha conformado. A esta situación hay que agregarle que desde el período pasado, la cantidad de ediles correspondientes al Frente Amplio no les permite llamar a sala al intendente por iniciativa propia.
En definitiva, nos encontramos con la realidad de que se están naturalizando actitudes y acciones que jamás se deben naturalizar. Treinta y Tres enfrenta un problema de calidad democrática. La pelota está en la cancha del Partido Nacional, que tiene la responsabilidad institucional de asegurar el pleno funcionamiento de los poderes. Actuar a partir de la evidencia que tenemos al alcance de la mano y repetir experiencias que han llevado adelante otros departamentos. En cambio, el Frente Amplio tiene la ardua tarea de sintetizar una alternativa creíble y real, un frente opositor que se construya desde sus cimientos para lograr una mayor presencia, un mayor control y una mayor incidencia. Y, por qué no, caminar rumbo a la posibilidad de la alternancia.
Enzo Teliz es militante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.