Cuando el mal se adivina: los asesinatos de jóvenes a manos de la Policía ayer y hoy

En 1911, luego de la sanción de la Ley de Protección a la Infancia, se dispuso por parte del Consejo de Protección del Menor que todas las comisarías y cárceles de Montevideo remitieran a esa oficina, recién inaugurada, una nómina de la cantidad de “menores” que se encontraban alojados en sus dependencias. Contando solamente las comisarías, se remitieron un total de 427 niños, niñas y jóvenes. Y en las distintas penitenciarías, otro tanto: la Cárcel Central para fin de aquel año reportaba un total de 485. Es importante aclarar que no poseemos datos referidos a algunas seccionales, como por ejemplo la 17ª, la 20ª, la 21ª y la 22ª. Tampoco hay datos de la cárcel Penitenciaría.

Los informes policiales no solo referían a la cantidad, sino que también consignaban una tipificación: mal entretenido, hurto, desorden, insultar al sargento de recorrida, insultar a los vecinos, por máximo de velocidad, jugar a la pelota, ebriedad, escándalo son solo algunos de los “delitos” que la policía anotaba por cada menor de edad que ingresaba. Había otros, sin embargo, que eran específicos y escasamente aplicables a la generalidad: romper una lámpara del alumbrado, incendiario, violación. Este universo casi infinito de tipificaciones daba cuenta de la arbitrariedad de la institución así como también ofrece un panorama general de las distintas prohibiciones a la que estaba sujeta la población pobre y menor de edad en Montevideo en los inicios del siglo XX.

El jueves 18 de junio de 2026, en un allanamiento en el barrio Borro, la policía asesinó a Brayan Leites, de 16 años, de cinco disparos en el torso. Inmediatamente, la policía aclaró que “desde el punto de vista operativo, estamos esperando con calma y con tranquilidad lo que disponga la Fiscalía, entendiendo que el procedimiento se ajustó al protocolo y a las normas”. Casi una semana después, la abogada de la familia de la víctima, Leticia Latorre, declaró que, luego de haber visto el video de la GoPro, Brayan no apuntó al policía, tal como había trascendido luego del allanamiento. No solo eso, sino que el policía no dio la voz de “alto”. La abogada constató algunas irregularidades más durante el procedimiento.

Adriana Vianna, antropóloga brasileña, sostiene en su libro El mal que se adivina. Policía y minoridad en Río de Janeiro, 1910-1920 que quienes se encuentran en situación de “minoridad” son producto de un proceso de construcción social en el que la policía interviene como agente clasificador y como responsable de elaborar significados. Su intervención está motivada por la comprensión de esta población como un mal en potencia, que se adivina de antemano a partir de determinadas características biológicas o sociales. Esta concepción responde a la necesidad de excluir a ciertos individuos de la condición general de niños, niñas y jóvenes. Es en este punto donde cobra relevancia la categoría de “menor”, asociada, por lo general, a determinadas expectativas sobre el comportamiento social.

Estas reflexiones parecen cobrar vigencia cada vez que se pone en tela de juicio la veracidad de las versiones de los sectores populares a la hora de justificar –o al menos de explicar– la conducta de aquellos menores de edad cuando se enfrentan al accionar policial. La contradicción entre las versiones, a la luz del testimonio de la abogada de la familia de la víctima, evidencia una intención de exclusión, estigmatización y segregación sustentada en un móvil que parte de considerar a la víctima como un “menor” y, al mismo tiempo, como pobre.

Aquellos “malentretenidos” de comienzos de siglo, solo por citar alguna tipificación, con seguridad la más utilizada, observada en los registros, eran parte del universo compuesto por los “menores”, que se encontraban sujetos a un proceso arbitrario llevado adelante por instituciones estatales bajo el eufemismo de “protección”, pero que, en realidad, no era otra cosa que la necesidad de invisibilizarlos de los espacios comunes que la élite transitaba. Así lo demuestra el testimonio de Washington Beltrán a inicios del siglo XX: “Desde las primeras horas de la noche, un grupo crecido de niños se agolpa en la entrada del teatro Royal a fin de obtener la contraseña que una mano generosa, mejor dicho, imprudente, les entrega. Fijándonos en sus rostros, en el aspecto, en la manera de vestir, he podido constatar que pertenecen en su casi absoluta mayoría a la clase humilde”.¹

En general, las crónicas del asesinato de Brayan utilizaron algunos términos interesantes: “abatido”, quizás, fue el que más sonó. Como es sabido, la terminología no es inocente y, detrás de ese concepto, se percibe la noción de culpabilidad y remite a la discusión acerca de quién es la víctima. El uso del término “abatir” para referirse a la acción policial ubica al adolescente en un lugar de culpabilidad y, en contraste, sitúa a los efectivos policiales como representantes de la rectitud y el orden. La sociedad percibe, a partir de ese término, la sensación de que “hicieron lo correcto”. Parte, también, al igual que nos decía Beltrán, de un interés claro: invisibilizar a los adolescentes a partir de su condición de clase y de edad. En ese sentido, el lenguaje no solo describe los hechos, sino que también produce categorías sociales, delimita quién merece protección y quién puede ser tratado como un peligro para la sociedad. Así, más de un siglo después, persiste un mismo mecanismo de construcción del “menor” como sujeto peligroso, sobre el que recaen sospechas previas que terminan legitimando distintas formas de violencia estatal.

A casi un mes del episodio en el barrio Borro, no hay novedades en cuanto a qué sucedió efectivamente ese día. Las versiones encontradas entre el ministerio, el Sindicato Policial y la familia no hacen otra cosa que alimentar y continuar justificando un relato en el que la figura de la víctima permanece en disputa. Mientras no se esclarezcan los hechos, la incertidumbre no constituye un vacío, sino un espacio en el que continúan operando discursos que legitiman la violencia estatal e instalan un espacio cómodo de sospecha en el que la mayor parte de la sociedad parece sentirse a gusto.

Pensar estos abusos en clave histórica permite evidenciar la magnitud del problema; parece ser que, en ocasiones, las víctimas y los victimarios se confunden en una frontera difusa, en un limbo gris en el que parecen triunfar la confusión y el desconocimiento. Y, a río revuelto, ganancia de pescadores.

Facundo Álvarez Constantín es magíster en Ciencias Históricas.