Hay marchas, y hay policías armados en las marchas, y hay muertos. Sólo en la ciudad de Cali, según defensores de derechos humanos, hasta el 30 de abril, habían asesinado a 11 personas, entre ellas, a dos menores de edad. Iván Duque, el presidente de Colombia, con su vocación de hijo de Álvaro Uribe Vélez, ha llevado al país a un nivel de violencia inconcebible. Claro, sólo a él se le podía ocurrir proponer una reforma tributaria de ese calibre en plena pandemia. El pretexto era recaudar 6.300 millones de dólares, y el argumento fue la urgencia, que no hay plata, que Colombia “sólo tiene caja para unas seis o siete semanas”, como si fuéramos una tienda de barrio quebrada por los clientes.
Si en el Congreso se aprobaba la reforma, las personas que ganan mensualmente más de 663 dólares hubieran tenido que pagar el impuesto a la renta. Esto, en un país en el que el salario básico mensual es de 234 dólares. Pero eso no era todo: además, se proponía un alza del impuesto al valor agregado (IVA) que actualmente está en 19% a productos de consumo básico, incluyendo servicios funerarios y objetos electrónicos como computadoras, entre otros. A Duque no se lo puede tomar en serio. Cuando le preguntaron por qué iba a gravar los servicios funerarios que estaban claramente incluidos en la reforma tributaria, dijo que no sabía por qué había quedado así.
Pero, eso sí, para la guerra sí hay plata. Por eso, el 22 de abril desde el gobierno se adjudicaron contratos para la compra de 23 camionetas blindadas por parte de la Policía Nacional por el valor de 9.000 millones de pesos colombianos, unos 2,5 millones de dólares que, según la justificación, es necesario adquirir para la protección presidencial; y otros 4.500 millones de dólares se destinaron para comprar 24 aviones de combate de última tecnología.
Entonces, la gente se cansó de tanta estupidez junta y de tanto desprecio, y organizaciones de trabajadores, estudiantes y otras más convocaron a un paro nacional para el 28 de abril y salieron a las calles. Como era de esperarse, Duque, a su mejor estilo, quiso detener las marchas amenazando. Dijo que era peligroso salir a las calles a protestar porque los contagios por el coronavirus iban a poner en riesgo la salud de todo el país. El mismo que no ha sido capaz de gestionar de manera eficiente vacunas con las farmacéuticas y que hasta el 28 de abril sólo había vacunado a cinco millones de personas, en un país de más de 40 millones de habitantes, era quien pedía responsabilidad frente a la amenaza del coronavirus. Sí, Duque, el mismo que, por ejemplo, el año pasado impulsó los días sin IVA para que la gente saliera sin problemas a comprar productos en rebaja.
Pero en ese momento ya no había nada que hacer. Y como siempre en este gobierno, empezó la represión, la pedagogía de “a las malas”. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Pereira, Ibagué, Barranquilla y Pasto, entre otras, la gente salió a marchar. Quizás Duque creyó que se trataba de una marcha de un solo día, pero las protestas se alargaron. Así, el 29 la gente siguió saliendo a las calles, y también el 30, y el 1º de mayo, y el 2, y el 3. El 30 de abril, apenas en la mañana, a las 8.51, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el peligroso ideólogo del partido de Duque, escribió en su cuenta de Twitter: “Apoyemos el derecho de los soldados y policías a usar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y a bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Y ese mensaje circuló en las redes sociales, y los grupos de manifestantes empezaron a caer muertos.
Los congresistas opositores del gobierno Wilson Arias, Alexander López, Gustavo Bolívar y Ángela María Robledo dieron a conocer en un comunicado que según organizaciones sociales, sindicales y defensoras de derechos humanos fueron 11 las personas asesinadas en Cali, presuntamente por parte de la Policía. Y esa sospecha de los congresistas empezó a ser confirmada por videos en los que se veía que ciudadanos desarmados efectivamente estaban siendo asesinados por la Policía. Además, se tenía información sobre personas detenidas irregularmente y torturadas en los traslados a escenarios deportivos convertidos en centros de retención ilegal. Si hubiera sido por medios de comunicación hegemónicos como RCN y Caracol, no se habría sabido lo que se necesitaba saber, pero menos mal que hubo quienes registraron esos hechos y los dieron a conocer de primera mano.
El coliseo de las Américas en Cali y el coliseo del barrio obrero en Pasto empezaron a ser usados para esos fines, situación que nos recordó lo sucedido en la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Y sobre estas graves denuncias ninguna autoridad local decía nada. Ni el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ni la gobernadora del departamento del Valle, Clara Luz Roldán. Y en la sureña ciudad de Pasto, tampoco. El alcalde, Germán Chamorro, guardaba silencio, y el gobernador del departamento de Nariño, Jhon Rojas, también. Era tanta la represión en Pasto que representantes de la comunidad denunciaron que incluso la Policía había detenido irregularmente a músicos que hacían parte de las manifestaciones pacíficas y que se habían sumado a las protestas cantando y tocando sus instrumentos. Y Chamorro y Rojas no decían una sola palabra de nada.
Colombia estaba ardiendo. Y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también cuota política de Duque, no aparecía. En una entrevista de W Radio le preguntaron en dónde estaba el viernes 30 de abril, pero no supo responder. Sólo repetía que había estado monitoreando la situación, pero algunos dicen que estaba en su casa de descanso en Anapoima, un municipio cercano a Bogotá. Cuando al fin se pronunció claramente justificó las actuaciones de la fuerza pública. Mientras tanto Duque, desde su programa de televisión, pese a los muertos, las represiones y las violaciones a los derechos humanos, seguía burlándose de las colombianas y colombianos como lo ha hecho a diario desde que empezó la pandemia. Maquillado como un presentador de noticiero y desde su escritorio con bandera de Colombia al fondo, proponía cambiar algunos puntos de la reforma tributaria, pero sin retirarla.
Diego Molano, el ministro de Defensa, que cuenta entre sus antecedentes idóneos para ejercer el cargo nada más y nada menos que haber estudiado en un colegio castrense y ser hijo de un militar, fue enviado a Cali por Duque para controlar la situación, es decir, para seguir las represiones con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y para militarizar las ciudades. A Duque ni siquiera le importan los policías, porque la Policía también ha puesto muertos en estas jornadas, como el director de la Sijín de Soacha, el capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, quien falleció al recibir cuatro puñaladas mientras intentaba evitar el saqueo de un establecimiento comercial.
Lo que ha ocurrido en estos días en Colombia son masacres y han sido perpetradas por la fuerza pública.
Entre los manifestantes se habían infiltrado delincuentes que aprovechaban esas marchas para saquear establecimientos comerciales e incendiar otros, y, en el peor de los casos, hasta para asesinar a policías como Solano. Pero eran muy pocos. 73% del país estaba de acuerdo con las marchas, la mayoría de ellas pacíficas pero llenas de indignación. Al principio pedían que se retirara la reforma tributaria; después, que se detuvieran los asesinatos por parte de la Policía.
Sólo se trataba de retirar la reforma y generar un ambiente de paz en estos tiempos tan convulsionados, pero no. Duque insistía en mantenerla. El 1º de mayo, día en que se celebra el Día de los Trabajadores, la gente con más razones seguía en las calles. A las multitudes que ya copaban las calles de las ciudades, además de los camioneros y otros sectores, se sumó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que le dijo a Duque que si no retiraba la reforma tributaria se desplazaba con toda su comunidad desde el departamento del Cauca a Bogotá para apoyar las protestas. El grupo chileno de música Illapu publicó el 1º de mayo en su página oficial de Facebook un mensaje: “Que pare el genocidio del dictador Duque en Colombia. Hoy enviamos un fuerte abrazo y nuestra solidaridad al querido pueblo colombiano que está sufriendo la más brutal represión, asesinatos y graves violaciones de los derechos humanos, en especial al querido pueblo de Pasto en Nariño. A todos y a todas les dedicamos hoy ‘Sobreviviendo’. ¡Resiste Colombia!”.
Los policías, mientras tanto, continuaban reprimiendo las manifestaciones con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras, tanquetas, agua, y en otras ocasiones con balas, muchos de ellos sin números de identificación en sus uniformes. La ONG Temblores en los próximos días radicará un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con información actualizada hasta el 3 de mayo. Ese informe realizado desde el Observatorio de Violencia Policial dice que entre el 28 de abril y el 1º de mayo hubo 940 casos de violencia policial: 92 víctimas de violencia física por parte de la Policía, algunos heridos de gravedad; 21 personas asesinadas, cifra que podría subir después de hacer las investigaciones; 672 detenciones arbitrarias, algunos de esos casos con judicialización; 136 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública; 12 víctimas de agresión en sus ojos y otros casos por confirmar; 30 casos de disparos de arma de fuego y cuatro víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública; siete registros de desapariciones y 15 casos de amenazas y hostigamientos. De los asesinatos, la mitad se ha cometido en la ciudad de Cali. En la ciudad de Pasto, al sur del país, se han presentado 561 retenciones. Estos datos son parciales y esperaremos a ver qué nos dicen los definitivos cuando esto termine. Lo que ha ocurrido en estos días en Colombia son masacres y han sido perpetradas por la fuerza pública. Esta sería la masacre número 34 en lo que va corrido de 2021 en Colombia, que ha dejado 126 personas asesinadas, y si a eso le sumamos las 91 masacres de 2020 registradas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y que suman otras 381 víctimas, sólo en los dos últimos años del gobierno de Duque ha habido 125 masacres.
Un presidente que con una decisión sensata y a tiempo pueda evitar muertos, heridos, detenidos, desaparecidos, torturados y no la toma, no debería poder ejercer un cargo público nunca más en su vida y tendría que responder ante los jueces, pero como esto es Colombia, no va a pasar ni lo uno ni lo otro. Estoy seguro de que no va a renunciar el defensor del Pueblo ni el ministro de Defensa, también responsables de lo que está sucediendo. El 2 de mayo al mediodía, Duque anunció el retiro de la reforma tributaria y propuso tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos. Ante esto, las organizaciones dijeron que mantienen el paro. Le exigen al presidente que detenga las fumigaciones de los cultivos ilícitos con glifosato y que decline el proyecto sobre las pensiones, entre otras peticiones. Y lo más importante: hay grupos que incluso han dicho que seguirán en las calles hasta que renuncie. El lunes 3 de mayo en la mañana, renunciaron Alberto Carrasquilla y Juan Alberto Londoño, ministro y viceministro de Hacienda de Duque, pero poco se dice desde el gobierno sobre el esclarecimiento de los asesinatos. Y para el consenso del que saldría el nuevo proyecto de la reforma tributaria Duque no convocó a los representantes de las organizaciones del paro sino a los partidos políticos tradicionales.
El 3 de mayo el comité de paro convocó nuevamente a una movilización masiva para este miércoles. Entre sus exigencias recientes, además de la desmilitarización de las ciudades y de las anunciadas anteriormente, están: el retiro del proyecto de la Ley 010 de reforma a la salud y el fortalecimiento de la vacunación masiva; una renta básica de al menos un millón de pesos colombianos mensuales (unos 266 dólares); la defensa de la producción nacional; subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas; matrícula cero y no alternancia educativa; no discriminación por razón de género, orientación sexual o etnia. Además, evitar las privatizaciones y derogar el Decreto 1.174 sobre protección social.
Pedimos a la comunidad internacional poner el ojo en Colombia. Ya sabemos que organismos como la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, entre otros, han sido controlados por el gobierno y no dan garantías de imparcialidad y efectividad en las responsabilidades estipuladas en la Constitución Política. Los medios de comunicación aliados del gobierno también están haciendo su tarea. Paola Ochoa Amaya, de Blu Radio, por ejemplo, llegó incluso a proponer apagar internet y bloquear las redes sociales. En las últimas horas, la delegación de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas denunció que miembros de su comisión pudieron corroborar que la Policía está usando armas de fuego en las protestas y que recibieron amenazas y agresiones. Organizaciones de estudiantes de la universidad de Nariño, al sur de Colombia, dieron a conocer su preocupación por amenazas de muerte mientras las represiones por parte del gobierno siguen adelante.
John Rodríguez Saavedra es periodista colombiano.