En las marchas que desde hace semanas recorren Francia abundan consignas como “el Estado francés maltrata a sus jóvenes y mima a sus multimillonarios”. ¿Sigue siendo una especie de vieja cantinela, en el país del economista Gabriel Zucman, la paradoja de un poder adquisitivo de los hogares a la baja, sumado a los pesados déficits fiscales públicos que aumentan el endeudamiento de las futuras generaciones, mientras que la acumulación de capital de las grandes fortunas está en su apogeo? El proyecto de la “tasa Zucman”, que lleva el nombre de su impulsor, apunta a instaurar un impuesto universal mínimo sobre el patrimonio de las grandes fortunas.
Esta propuesta busca corregir la optimización fiscal, restablecer la igualdad ante el impuesto y compensar el crecimiento de la riqueza patrimonial de los más ricos. El 26 de julio de 2024, en Río de Janeiro, durante la cumbre del G20, los participantes se comprometieron a una “cooperación fiscal internacional” para que los más ricos tributen más. En Estados Unidos, California someterá a votación en noviembre de 2026 una alternativa que consiste en un impuesto del 5% sobre el patrimonio, por única vez. Los franceses aportan, en forma de cargas públicas obligatorias, cerca del 50% de sus ingresos, mientras que los multimillonarios contribuirían apenas con un 27%. Esta desigualdad fiscal se explicaría por el hecho de que la riqueza de los “ultrarricos” está compuesta principalmente por activos financieros y empresariales cuyo valor aumenta en forma de plusvalías latentes. Los ultrarricos obtienen la mayor parte de sus ingresos económicos a través de las ganancias de las empresas que poseen, y esos ingresos se canalizan hacia sociedades holding y offshore para eludir el impuesto.
En la Antigüedad, Platón y Aristóteles describían las desigualdades de riqueza como un peligro para la cohesión de la ciudad. Platón consideraba que la estabilidad de la ciudad estaría amenazada si la brecha entre los más ricos y los más pobres llegaba a superar una relación de uno a cuatro. Para Aristóteles, el exceso de fortuna corría el riesgo de provocar la captura del poder por parte de una oligarquía. La tesis de la limitación de las riquezas apuntaba a reducir las diferencias demasiado grandes que impedían a los individuos percibirse como moralmente iguales.
El filósofo escocés Adam Smith, uno de los padres de las ciencias económicas modernas, preconizaba una redistribución de la riqueza mediante el impuesto, a lo que el filósofo liberal inglés John Stuart Mill añadía la limitación del patrimonio hereditario. La lógica del tope fiscal a las grandes fortunas acumuladas por una minoría se inscribe en una antigua historia filosófica. Ingrid Robeyns, de la Universidad de Utrecht (Países Bajos), en su reciente obra de referencia Limitarismo. Contra la riqueza extrema, da el nombre de “limitarismo”, distinto del igualitarismo, a una teoría que busca combatir el poder desmedido de los multimillonarios. Siendo un tema político global y central de las democracias liberales, plantea el principio de un umbral moral y político a la acumulación de riquezas, en nombre del interés general y de la democracia. Según Robeyns, la acumulación de fortunas gigantescas presenta un problema democrático, ecológico y social: la riqueza extrema otorga un poder desmedido a una minoría capaz de influir en las decisiones políticas para proteger sus intereses. Esta noción sostiene que, más allá de cierto patrimonio, la fortuna se convierte en un instrumento de poder tóxico, incompatible con la preservación de los recursos y con la urgencia climática, y que, además, representa una amenaza directa para la democracia. Al favorecer el lobby y la concentración de los medios de comunicación en manos de multimillonarios, ese poder llega así a socavar el debate público y favorece la expansión de los regímenes iliberales.
La tributación de los más ricos sacude como nunca la agenda política de los gobernantes, desde Noruega hasta Países Bajos y desde Brasil hasta Estados Unidos.
En nuestras sociedades neoliberales fascinadas por el éxito financiero, este pensamiento viene ganando terreno desde hace unos 15 años. Mientras que hasta entonces la cuestión de las desigualdades se abordaba más bien desde el ángulo de la lucha contra la pobreza extrema, los trabajos del Laboratorio sobre las Desigualdades Mundiales, una red internacional de unos 200 economistas creada en 2007 en torno al economista francés Thomas Piketty, encaran el problema por el otro extremo, poniendo de relieve la explosión estructural de la hiperriqueza desde el giro neoliberal de los años 80.
La tributación de los más ricos sacude como nunca la agenda política de los gobernantes, desde Noruega hasta Países Bajos y desde Brasil hasta Estados Unidos. Algunos reclaman la creación de un Panel Internacional sobre las Desigualdades de Riqueza, siguiendo el modelo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, una iniciativa apoyada por colectivos norteamericanos muy adinerados (los “Patriotic Millionaires”), que abogan por una fiscalidad más pesada sobre los ultrarricos, incluidos ellos mismos, en nombre de la estabilidad económica y de una distribución del poder más democrática.
Fijar el umbral de estos topes fiscales da lugar a numerosos debates técnicos acaparados por los economistas. “Quienes se benefician del capitalismo neoliberal se esfuerzan por silenciar este debate reduciendo las opciones posibles a elegir entre el capitalismo y el comunismo al estilo de la URSS. ¡Es una mentira descarada!”, exclama Robeyns. También recuerda que es “evidentemente posible” organizar “economías mixtas, que combinen distintas proporciones de propiedad privada, propiedad pública y bienes comunes”. Aquí resuena todavía el principio del artículo 14 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada durante la Revolución francesa de 1789: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por medio de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su cuantía, su base, su recaudación y su duración”. Asunto público y no solo privado, sin duda.
Alain Garay es abogado de la Corte de París.