La cultura también se disputa: las derechas y sus modelos para América Latina

Recientemente, la embajada de Estados Unidos anunció que financiará un centro de formación docente para “El Sistema”¹ de orquestas juveniles en Venezuela. El motivo: invertir en la revitalización cultural. La noticia abre una pregunta más amplia: ¿qué idea de sociedad se expresa cuando la música se presenta como un remedio para resolver los conflictos sociales?

La escena venezolana abre una reflexión sobre los distintos frentes de la batalla cultural de las derechas en el continente. Si la cultura organiza sentidos de igualdad, pertenencia y memoria, cabe preguntar: ¿cómo se validan los discursos políticos, qué voces son legítimas y qué diferencias se reconocen como válidas?

La disputa atraviesa campañas electorales, educación, arte, medios, redes y presupuestos. También se expresa en la forma de concebir territorios, infancias, juventudes y comunidades: como ciudadanía capaz de crear futuro, como población sin voz a la que hay que rescatar, corregir o, llegado el caso, reprimir.

Al distribuir recursos, las instituciones también distribuyen prestigio y oportunidades. Decidir quién accede y participa en un lenguaje artístico-musical es decidir qué modelo de ciudadanía se fortalece.

Las derechas radicales hacen de su batalla cultural un eje político sustancial en todos los ámbitos de la sociedad. Presentan la diversidad como amenaza, el Estado benefactor como derroche, los derechos como imposición de élites y la disciplina como respuesta al desorden. Convierten diferencias en antagonismos y agravios puntuales en acusaciones permanentes; reivindican una identidad nacional conservadora, prometen restaurar un orden perdido y ofrecen el castigo como solución. Una política cultural democrática debe disputar esa lectura y reivindicar la diversidad, la justicia social y la igualdad de derechos.

Del arte como remedio a la cultura como derecho

Cuando se defiende la música porque disciplina, diluye la violencia o genera obediencia, el arte se reduce a domesticación. La práctica musical es valiosa, fortaleciendo vínculos, sensibilidades y comunidad, pero nunca resuelve por sí sola la desigualdad, el racismo o la violencia.

La musicóloga brasileña Yara Caznok² cuestiona que “El Sistema” instale una pedagogía que se justifique como “profilaxis social”. En cambio, reivindica que cada persona pueda sentirse autora de su propio camino en el arte y en la vida. El maestro boliviano Cergio Prudencio³ pregunta y afirma: “¿Nuestros chicos están en riesgo porque no tienen cultura? Eso es una falacia”. Ambos cuestionan la idea de una juventud carente y llaman a mirar tanto las condiciones que producen vulnerabilidad como la capacidad de crear, decidir y transformar.

Esto no descalifica a orquestas, coros ni programas comunitarios. Advierte sobre políticas basadas en el temor a una juventud amenazante y la promesa de que el arte resolverá problemas sociales.

Una orquesta ofrece formación, vínculos y oportunidades. La pregunta democrática es quién define repertorio, pedagogía y reglas, y cuánto deciden quienes participan. El acceso importa, pero también compartir la toma de decisiones sobre la experiencia.

Desde la Educación por el Arte, escuchar, interpretar, bailar y crear son formas de conocer y actuar. El rigor técnico importa si sirve a la expresión y la búsqueda. Quien aprende también puede transformar los lenguajes recibidos: una sinfónica convive con los tambores, Bach con una canción comunitaria, la murga con el coro. La desigualdad aparece cuando unas músicas reciben recursos y reconocimiento, mientras otras quedan como “folclore” decorativo.

La batalla cultural en el escenario de las plataformas

Actualmente, las plataformas hegemónicas influyen en la conversación pública y son uno de los escenarios predilectos de las derechas para su batalla cultural. Los sistemas de recomendación, publicidad, moderación y medición influyen en qué se vuelve visible, a quién llega y en qué condiciones circula. Por eso también cobran relevancia en su idea de batalla a los valores democráticos.

Las métricas de la economía de la atención convierten el espacio digital cotidiano en una competencia de valores y construcción de sensibilidades funcionales a esos objetivos. La popularidad no siempre tiene valor cultural: una obra valiosa puede estar disponible y, aun así, ser difícil de encontrar; en cambio, una campaña paga segmenta mensajes a distintos públicos. La recomendación no determina lo que pensamos, pero sí puede priorizar unos contenidos y relegar otros. Cuando el negocio premia el tiempo de conexión, la alarma y la indignación circulan con ventaja, promoviendo una visión política que se construye desde lo afectivo y la inmediatez. En ese contexto, quien piensa o intenta reflexionar pierde.

Las “guerras de las métricas” hacen opaca esa circulación. El número de reproducciones no dice quién encontró una obra, quién quedó fuera ni qué vínculos generó. La distribución automatizada puede invisibilizar prácticas menos rentables y favorecer a quienes ya tienen recursos para promocionarse. En campaña, los anuncios segmentados y los contenidos creados con inteligencia artificial pueden reforzar prejuicios en públicos aislados. Para enfrentarlo hacen falta alfabetización mediática, transparencia sobre quién paga y amplifica, auditorías independientes y canales de reclamo en tiempo real.

Colombia y Brasil: pobreza, enemigo y mano dura

Colombia y Brasil son ejemplos claros de cómo la disputa de los sentidos también ocurre en el entorno digital, definiendo contextos que ayudan a moldear el poder político.

La derecha colombiana impuso con éxito una narrativa digital hostil centrada en el castigo, las megacárceles y la sospecha social. La izquierda, articulada en torno a Iván Cepeda, incorporó tarde a especialistas digitales, un retraso que impidió revertir la ventaja opositora que, de la mano de figuras como Abelardo de la Espriella, ya dominaba los formatos virales y el ritmo de la conversación.⁴

El caso de Brasil demuestra que el predominio digital de la derecha se puede romper. En la segunda vuelta, Lula neutralizó la ventaja de Flávio Bolsonaro mediante una agresiva estrategia en redes liderada por André Janones, la fiscalización de Meta ante el Tribunal Superior Electoral y sobre todo, una fuerte movilización callejera impulsada por la juventud. Aunque este giro logró la victoria electoral, el conflicto cultural persiste: la ultraderecha mantiene su narrativa en el Congreso y desató la violencia contra comunidades como los guaraní kaiowá. La lección final es que las redes no definen una elección por sí solas, pero son un terreno vital para la batalla cultural donde descuidarse entrega el control del marco político al adversario.

Territorios que producen cultura

En Uruguay, una respuesta cultural posible a esas narrativas verticales y excluyentes se construye desde los territorios. El candombe, la murga, la canción litoraleña y el portuñol expresan memorias, vínculos y formas de participación a través de las cuales las comunidades recrean sus culturas y proyectan nuevos sentidos.

El candombe reúne música, danza, construcción de tambores, memoria afro-uruguaya y organización barrial. El tambor y su cultura condensan saberes transmitidos durante generaciones. Reconocer a quienes los sostienen implica valorar también su historia y autoría como parte fundamental de nuestra cultura.

La murga hace del canto una forma singular de ciudadanía. Cuando jóvenes escriben y presentan sus letras, toman la palabra sobre sus vidas y el país. Así, la creación compartida mantiene la tradición abierta a nuevas voces.

La canción litoraleña enlaza localidades uruguayas con Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Las obras de Aníbal Sampayo, Linares Cardozo o Ramón Ayala muestran cómo los repertorios cruzan fronteras, guardan memorias y adquieren nuevos sentidos, más allá de la centralidad de Montevideo o Buenos Aires.

En la frontera entre Uruguay y Brasil, el portuñol expresa otras formas de creación y pertenencia. Reconocerlo como una expresión cultural viva –y no como una versión imperfecta de otros idiomas– también es reconocer una historia compartida y una forma de resistencia frente a la homogeneización.

Estas prácticas deben traducirse en espacios para crear y presentarse, apoyo a la transmisión intergeneracional y reconocimiento y remuneración para quienes las sostienen. Descentralizar es fortalecer redes locales y comunidades que deciden y se ocupan en mantener, transformar y compartir su cultura.

Esta disputa se traslada al presupuesto y a los medios públicos, donde las prioridades económicas revelan lo verdaderamente estratégico para el futuro. Mientras el Estado normaliza destinar 80 millones de dólares a patrulleras oceánicas o cede pantallas estatales como Antel TV a fenómenos masivos como Gran Hermano, los recursos para el desarrollo cultural territorial siguen siendo prescindibles. Democratizar exige equilibrar esa balanza visualizando la cultura comunitaria como inversión estratégica y garantizando protagonismo para las más diversas voces del país.

Una política cultural para la democracia

La batalla cultural así planteada nos exige reflexión e iniciativa democrática sostenida que garantice recursos, continuidad y trabajo digno; descentralizar infraestructuras; proteger la autonomía artística y abrir espacios de decisión a quienes crean y participan.

Los medios públicos, archivos, radios y espacios comunitarios pueden dar visibilidad a obras y debates excluidos de la lógica comercial y sostener una circulación plural. Las redes de formación deben vincular saberes académicos, populares y tradicionales, sustanciando a quienes los transmiten y mantienen vivos en la práctica cotidiana, incluso fuera de los círculos académicos.

Esta tarea requiere presupuestos plurianuales, convocatorias transparentes y espacios de creación en barrios y localidades. Escuelas, centros culturales, talleres y organizaciones sociales pueden promover la lectura crítica de imágenes, fuentes y publicidad segmentada. Preservar y enriquecer la diversidad cultural es una necesidad ecológica frente a la homogeneización y el silenciamiento de lo propio que promueven las plataformas hegemónicas, funcionales a la batalla cultural de las ultraderechas.

También hay que exigir a esas plataformas transparencia y vías de apelación. La respuesta a la desinformación debe proteger la integridad electoral y la libertad de expresión. La falta de controles y de transparencia alimenta las estrategias violentas de las nuevas derechas.

La evaluación debe considerar quién crea, decide y sostiene cada práctica, además de contar participantes, instrumentos o reproducciones. Importan el acceso territorial, las condiciones laborales y la autonomía. La cooperación internacional puede aportar si sus objetivos se discuten públicamente y responden a prioridades locales.

Tomar la iniciativa es disputar los sentidos comunes con experiencias capaces de convocar: reconocer la desigualdad sin estigmatizar la pobreza, defender los derechos indígenas y afrodescendientes y ampliar la participación en la creación, equilibrando innovación y tradición. Necesitamos políticas culturales que, en lo cotidiano, con recursos y continuidad, impulsen otras interpretaciones del mundo acordes a nuestras realidades.

La cultura no es un adorno ni un remedio para contener conflictos. En ella se decide quién puede nombrar el mundo, crear sus lenguajes y participar en las decisiones comunes. Frente a un discurso que convierte la diferencia en amenaza, una política cultural democrática debe tomar la iniciativa, proteger y promover la diversidad cultural propia –más allá del horizonte monotemático de lo eurocéntrico que propone “El Sistema”–, ampliando la capacidad colectiva de imaginar y construir futuro. Esa estrategia también requiere crear plataformas digitales soberanas, capaces de impulsar una cultura digital acorde con nuestras concepciones de la diversidad y los derechos culturales.

Bien lejos del lucro, de la falta de empatía social y de la violencia.

Julio Brum es músico, educador por el arte y activista cultural.