Hace no más de dos meses, cuando el choque entre las recomendaciones científicas del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y las (no) decisiones del gobierno sobre la forma de controlar la pandemia se hicieron escandalosas; cuando un día sí y otro también las diferentes asociaciones científicas, gremios médicos y referentes académicos enfatizaban la necesidad de cambiar el rumbo y tomar decisiones para salvar vidas; el gobierno, sus referentes en el Ejecutivo y en el Legislativo, el propio presidente de la República y sus medios repetidores empezaron a insistir con la idea de que las decisiones las toman los políticos, que son representantes de la gente, y no los científicos, los médicos ni los académicos. Hacían énfasis en algo que jamás estuvo en discusión ‒que las decisiones políticas las toman los políticos‒ como forma de tapar algo que tampoco es discutible: que las políticas que van en sentido contrario a toda evidencia científica son ineficaces y que cuando de lo que se trata es de gestionar una pandemia, ese desprecio a la ciencia cuesta vidas, como hoy lo vemos día a día. Incluso el diario El País tituló un editorial llamando a “reivindicar la política”.
Dos meses y 3.000 muertos después, los mismos actores hacen una pirueta circense en el aire, y acusan a la oposición de “politizar la pandemia” por promover una (bastante demorada) interpelación respecto de la gestión de esta. No tiene sentido volver sobre lo que dijeron hace tan poco, ya se sabe que este gobierno no resiste el archivo. Pero es llamativo cómo después de “reivindicarla”, tantos políticos profesionales vuelven a poner a la política en el lugar de lo sucio, de lo ilegítimo, del “carancheo”.
Ya se sabe que las decisiones de los gobiernos son siempre políticas, y que, por tanto, acusar de “politizar” decisiones políticas es algo carente de todo sentido. Sin embargo, en tren de intentar interpretar tan repetido latiguillo podemos entender algo así como evitar sacar réditos político-partidarios, en un tema que, supuestamente, debería llamar a la unidad nacional. Pero en este sentido de la palabra “politizar”, parece evidente que el gobierno politizó la pandemia desde el principio. ¿Qué eran, si no, las conferencias de prensa en horario central que duraban horas y horas, cuando todo iba bien, y las repentinas desapariciones cuando las cosas comenzaron a complicarse? ¿O el permanente ninguneo a la oposición, sin la cual no hay “unidad nacional” posible?
Ya es hora de que la oposición empiece a hacer oír más fuerte sus críticas, porque ya no sólo se trata de salvar miles de vidas; también se trata de salvar el pluralismo, la diversidad de opiniones y el derecho a la crítica.
Pero lo más relevante es discutir el contenido de las decisiones políticas que ha tomado el gobierno para la gestión de la pandemia. ¿Qué es, si no política, la decisión de cerrar la cultura y las escuelas, pero dejar abiertos los shoppings, iglesias y reabrir, primero que nada, los freeshops? Se trata de una decisión profundamente política que transparenta la concepción de que la educación y la cultura son prescindibles, pero el consumo y la religión son imprescindibles. Evidentemente se privilegian algunas actividades por sobre otras, en una decisión tan legítima como criticable, como toda decisión política que toma un gobierno en el marco de sus potestades.
¿Cómo se puede entender, si no como profundamente política, la decisión de postergar el ajuste de los combustibles varios meses, a costos de entre 50 y 80 millones de dólares (de todos los uruguayos), para que los sojeros y los arroceros pudieran terminar la zafra sin tener que pagar un precio más alto (esto explicitado por el propio gobierno), pero decir que es impensable destinar una cifra comparable a apoyar a los sectores y personas más perjudicadas por una necesaria baja de la movilidad, que nos permita salvar algunas de las 1.500 vidas que vamos a perder en el próximo mes? Se trata, otra vez, de una decisión puramente política, según la cual se privilegian algunos sectores sociales (agroexportadores), por sobre otros (trabajadores informales, pequeñas empresas, trabajadores autónomos). Es política y, también, tan legítima como criticable. Se trata, entonces, de ejemplos de decisiones políticas, pero del peor tipo de política. De la que privilegia a los poderosos de siempre y posterga a los vulnerables.
En definitiva, el coro de acusaciones de “politizar” la pandemia, las referencias presidenciales al “carancheo” y el ruidaje en los medios y las redes sociales de sus portavoces persiguen un objetivo oculto. Son un reflejo evidente de autoritarismo que se adjudica el derecho exclusivo a hacer política. Porque el gobierno puede hacer política cuando toma estas decisiones porque para eso fue elegido por la gente; pero la oposición, que también fue elegida por la gente, no puede hacer política al cuestionar esas decisiones. El gobierno busca silenciar toda oposición, acallar toda crítica. La oposición y la crítica son tan legítimas como las decisiones del gobierno. Ya es hora de que la oposición empiece a hacer oír más fuerte sus críticas, porque ya no sólo se trata de salvar miles de vidas; también se trata de salvar el pluralismo, la diversidad de opiniones y el derecho a la crítica.
Fernando Isabella es economista y fue director nacional de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.