Desde el Congreso de Unificación Sindical de 1966, que estatuyó la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), importantes sectores del sindicalismo se posicionaron ante la sociedad y el sistema político como actores de peso presentando demandas que excedían los reclamos “corporativos”. El Congreso del Pueblo de 1965 elaboró un “Programa de soluciones a la crisis” que fue asumido por la CNT como fundamento para su accionar e inspiró el primer programa del Frente Amplio, en 1971.
Algunas acciones desarrolladas por la Federación Ferroviaria a principios de los 70 pueden servir de ejemplo de cómo el movimiento sindical afectó la política de la época. Los ferroviarios, ganándose el apoyo de distintos sectores sindicales, sociales y políticos, desarrollaron en 1972 una intensa lucha “en defensa del ferrocarril”. En ese entonces se llegó a plantear que esa lucha era una forma de defender el “patrimonio nacional” y los intereses de la población que, en un contexto de profunda crisis económica, tenía peores condiciones para acceder al servicio de transporte. Las acciones desplegadas permitieron poner freno a lo que se entendía como un proceso de “desmantelamiento” de AFE.
Al producirse el golpe de Estado el 27 de junio de 1973, los sindicatos nucleados en el entorno de la CNT sostuvieron una huelga general que duró 15 días. Lo hacían, fundamentalmente, en defensa de las instituciones democráticas. A los días de iniciada la huelga, la CNT fue ilegalizada y se intensificó la persecución a la militancia sindical. Parte de la resistencia al régimen cívico-militar que gobernó Uruguay por 12 años estuvo sustentada en nucleamientos de trabajadores identificados con la CNT. Asimismo, parte de la diáspora se organizó en el exterior para contribuir en la resistencia. También el cooperativismo de viviendas por ayuda mutua, una parte del que había surgido por iniciativa de trabajadores reunidos en el entorno de sindicatos cenetistas, jugó sus cartas en la resistencia al impacto de la dictadura y la posterior apertura democrática.
Con el referéndum contra la ley de caducidad de 1989 se abrió una etapa signada por la apelación al recurso de la consulta pública prevista en la Constitución. En 1992 se concretó un referéndum que rechazó una parte de la ley de empresas públicas que buscaba librarlas al juego del mercado y, por ende, tender a su privatización. La campaña inició a instancias del PIT-CNT y se fueron sumando distintos actores sociales y políticos, incluso de los partidos tradicionales. El rechazo a esta ley por parte de la mayoría de los votantes legitimó el posterior accionar del movimiento sindical para resistir los constantes intentos de privatización de diversos servicios y bienes públicos. Parte de esta resistencia se dio a través de la convocatoria a nuevas instancias de consulta pública que no alcanzaron las firmas mínimas requeridas, pero que intentaron poner en discusión leyes entendidas como “antipopulares” y “antinacionales”.
En los primeros años de los 2000, en medio de la acentuación de la crisis iniciada en 1999 y profundizada en 2002, se llevaron adelante varias convocatorias de consulta pública. En el primer año de gobierno de la coalición liderada por Jorge Batlle Ibáñez, el Poder Ejecutivo elevó tres proyectos de ley de urgente consideración que motivaron una nueva campaña de recolección de firmas para rechazarlos. Otra vez no se alcanzaron las firmas mínimas necesarias. Al año siguiente se reunieron las firmas para convocar a un referéndum para derogar artículos referidos a Ancel-Antel incorporados en el Presupuesto, y se logró el objetivo. En 2003 triunfó el referéndum que derogó una ley que pretendía avanzar en la privatización de Ancap.
El jueves 8 de julio se presentaron cerca de 800.000 firmas a la Corte Electoral. La memoria colectiva seguramente lo recuerde como una “patriada” inolvidable y una referencia en la historia de las luchas populares.
Mención especial merece la campaña llevada adelante por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), en la que cumplió un rol protagónico la Federación de Funcionarios de OSE, acompañada por varios sindicatos del PIT-CNT, tendiente a reformar la Constitución. A partir de esta el agua pasó a ser un derecho humano fundamental y se frenó la política de privatización de servicios de agua y saneamiento acelerada en la década de 1990. En una línea similar, la CNDAV llevó adelante en 2017 una campaña en contra de la ley de riego, que, según entendían, abría nuevamente el camino de la privatización de este derecho humano fundamental consagrado en la Constitución, esta vez sin éxito.
Entre abril y julio de 2020, en medio de una situación de emergencia sanitaria inédita, el Parlamento discutió y aprobó una ley de urgente consideración (LUC) que incorporó temas diversos. El dar carácter de “urgente” a un proyecto de ley (de acuerdo a lo que establece la Constitución vigente, aprobada en 1966) habilita al Poder Ejecutivo a “apurar” al Parlamento a tomar posición sobre lo propuesto. Este, por su parte, tiene la potestad de rechazarla. Legislar de esta forma resulta problemático en términos de desarrollo de la democracia, ya que no facilita la discusión y la consulta a la ciudadanía. En 2020 este panorama se vio empeorado por la particular situación que estábamos (y seguimos) atravesando.
Ni bien se conoció la propuesta se pusieron a andar mecanismos de diálogo y negociación por parte del movimiento sindical para tratar de modificar el contenido de algunos artículos. Esto se acompañó por un paro parcial con movilización el día 4 de junio bajo la consigna “La emergencia es la gente”. Una vez aprobada la ley, en julio, comenzaron los intercambios entre organizaciones sindicales, sociales y políticas respecto de una campaña en contra de la ley. Cabe recordar que algunos sectores del Frente Amplio sostenían que no era conveniente, en el marco de la emergencia sanitaria, llevar adelante una campaña de recolección de firmas. Además les contrariaba el hecho de que habían votado algunos de los artículos de la LUC. Finalmente se acordó de forma mayoritaria ir por la derogación de 135 artículos de la LUC. También se conformó una coordinadora “contra toda la LUC”.
El jueves 8 de julio de 2021, luego de una difícil campaña, se presentaron cerca de 800.000 firmas a la Corte Electoral. En términos históricos podemos hablar de un acontecimiento que, probablemente, marque un antes y un después. La memoria colectiva seguramente lo recuerde como una “patriada” inolvidable y una referencia en la historia de las luchas populares.
Más allá de la especificidad de cada uno de los ejemplos mencionados, en sus particulares contextos históricos, hay en el trasfondo algunas notas en común: 1) las convocatorias a referéndum y plebiscitos se han convertido en una forma de acción colectiva que se suma al conjunto de repertorios de lucha de los que dispone la sociedad; 2) han servido como forma de contención al avance de políticas entendidas como antipopulares, antidemocráticas y hasta antinacionales; 3) me animaría a decir que han contribuido en el fortalecimiento de la democracia (apuntando al modelo participativo), al involucrar a la población en el debate sobre distintos asuntos; 4) han empujado a actores políticos con representación parlamentaria a la acción más allá de los mecanismos clásicos de negociación entre cúpulas; 5) han contribuido a la politización de, por lo menos, un número mayor de ciudadanos en el sentido clásico del término: haciéndolos parte de los asuntos de la “polis”; 6) se inscriben en la tradición inaugurada en los 60 de posicionar al movimiento sindical como actor de peso en la vida política de Uruguay.
Sabrina Álvarez es docente e investigadora en la Universidad de la República y el CFE-ANEP. Ha participado en proyectos de extensión e investigación sobre historia de organizaciones sindicales en Uruguay.