Desde hace algunos meses en nuestro país, a iniciativa del gobierno, se está considerando por parte de un grupo de expertos una serie de cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones. Nos centraremos, en esta primera etapa, en el tema de la discapacidad y en los impactos negativos que ya empezamos a vislumbrar para esta parte de la población del Uruguay. Según los datos del último Censo Nacional de 2011, la población con alguna discapacidad asciende a 15,9% del total; más de la mitad de las personas en esa situación estaban por debajo de la línea de pobreza, con muy escasas dificultades de acceso y trayectorias en el campo educativo y un muy bajo número de personas con trabajos estables. Ante los efectos de la crisis actual, la situación, lejos de mejorar, empeoró. Más allá de las leyes vigentes de empleo a nivel público (Ley 18.651) y privado (Ley 19.691), este escenario sigue siendo de emergencia histórica.
Para analizar lo que está sucediendo hoy respecto de la propuesta de reforma de las jubilaciones y pensiones, es necesario tener presente lo que significó en materia de seguridad social la Ley 18.395 de 2008, apoyada por todos los partidos políticos. Sin embargo, en el actual mensaje de Presupuesto Nacional enviado al Parlamento el gobierno neoliberal de la coalición afirma que aquella misma ley “erosiona el gasto público”. A partir de tan tajante diagnóstico, afirmamos que con ello se prioriza claramente la sostenibilidad financiera por sobre la social, en esta como en otras temáticas. Mientras el actual gobierno pretende presentar aquella ley como una amenaza, elegimos repasar algunas de las consecuencias más significativas para la población de esta norma. Con ella se permitió: a) que se jubilaran más de 90.000 personas (60.000 mujeres, ya que en ella se otorga un año de aporte por cada hijo, y más de 30.000 hombres); b) aumentar el valor de la pasividad mínima y la pensión a la vejez; c) flexibilizar el acceso a las llamadas “pensiones por invalidez”, por modificación de las normas que regulan la asignación de pensiones por discapacidad (baremo); d) aumentar el monto de las mismas pensiones a las discapacidades. Todos aquellos pequeños avances logrados parecen ser para el neoliberalismo un elemento de peso en el aumento del gasto público, otro factor X para sus ecuaciones fiscales.
Por tanto, a partir de la reforma que actualmente se está diseñando, es necesario sacar a la luz este tema para discutir sobre protección social y sobre el futuro de las personas expulsadas del mundo del trabajo, excluidas por no cumplir los cánones de funcionalidad capitalista. En otras palabras, urge valorar y analizar cómo la reforma afectará la vida de miles de personas con discapacidad. Dejar el tema en las sombras es un acto de complicidad inaceptable.
El proyecto neoconservador y neoliberal que el gobierno pretende implementar en el país afecta actualmente, y afectará, a las poblaciones más vulnerables. El capitalismo se autosustenta a partir de la desigualdad de poder, las desigualdades económicas y sociales, desigualdades de oportunidades de partida pero ahora también de llegada. Vemos hoy cómo se incumplen muchas de las promesas hechas al pueblo uruguayo, al tiempo que observamos el más grande proceso de recortes de lo que algunos consideran gastos. Todo ello en un contexto de aumentos, un día sí y otro también, de las tarifas y precios en general; vivir cuesta más caro. La magnitud del recorte es tal que pretende alcanzar también al futuro régimen de jubilaciones y pensiones.
Las ideas que estaría impulsando el gobierno implicarán el recorte o eliminación de las ayudas técnicas, las prótesis y órtesis, apoyos que todavía se asignan desde el régimen vigente en el BPS.
Uno de los principales elementos de desfinanciamiento del actual régimen de la seguridad social está claramente identificado desde hace bastante tiempo en el impacto del sistema de retiro de los militares, que causa gran parte del desbalance financiero del sistema. A los militares jóvenes se les dice que las alternativas de reforma impulsadas desde las cabezas progresistas desembocarán en quitarles las jubilaciones, algo que es una mentira gigante. No perseguimos la idea de empobrecer a nadie, sino de repartir mejor y administrar de forma más equilibrada los recursos de todo el pueblo. Por eso es importante construir propuestas más igualitarias y que alcancen con equidad a las grandes mayorías sociales. Tengamos en cuenta que, en este tema del desequilibrio del sistema de la seguridad social, el Banco de Previsión Social (BPS) atiende 85% de las jubilaciones y 86% de las pensiones, mientras que el sistema de la Caja Militar cubre 7% de las jubilaciones y 5% de las pensiones. Quienes sostienen aquella mentira no explican por qué defienden una reforma que va a debilitar el financiamiento del Sistema Nacional de Cuidados, con las consecuencias que ello implica en la autonomía de las personas con dependencia y sus familias. Tampoco quieren explicar por qué se realizarán recortes en el conjunto de normas desde las que se evalúa la situación funcional de las personas para definir la asignación de prestaciones y pensiones por discapacidad (baremo utilizado por el BPS para asignar o no los fondos).
En el régimen que se está proyectando se modifican esas normas, con lo cual se achica el universo de personas a las que alcanza la cobertura de la seguridad social, dejando a más personas sin apoyos económicos y con grandes necesidades.
Las ideas que estaría impulsando el gobierno implicarán el recorte o eliminación de las ayudas técnicas, las prótesis y órtesis, apoyos que todavía se asignan desde el régimen vigente en el BPS. Se avizora, en cambio, que la solución que plantean para la sostenibilidad del sistema de la seguridad social estará en: a) el aumento de la edad jubilatoria de todas las personas; b) la eliminación del tope de las comisiones de las AFAP; c) la eliminación del complemento a las jubilaciones mínimas, entre otros efectos negativos. En ese contexto, no es descabellado sospechar que intentarán imponer la idea de que todas las medidas adoptadas en 2008 representan los gastos que se deben ahorrar, y de que se trata de privilegios. ¿Será que las más de 60.000 mujeres que se jubilaron y las personas con discapacidades aparecerán como las privilegiadas por el sistema vigente desde 2008?
Todas las medidas que están planteando, en caso de concretarse el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones, serán, en un futuro próximo, la causa de la pérdida de derechos, ingresos y reducción de posibilidades de desarrollo humano y social.
Finalmente, cabe también recordar que no hace mucho tiempo, en la Argentina de Mauricio Macri, el entonces presidente repitió una y mil veces que los cuidados y los “problemas” de las personas con discapacidades eran un problema privado y de las familias, siendo estas las que debían hacerse cargo. ¿Cuál será la justificación que se pretenderá construir ante este espeluznante escenario en Uruguay?
Rita Cultelli integra la Subcomisión de Seguridad Social del Frente Amplio. Sebastián Fernández Chifflet es presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Sociales del Frente Amplio.