Más allá del análisis de los impactos de las medidas que se han tomado a lo largo de los 18 meses de gobierno de la coalición de derecha, me interesa poner en debate si existe un modelo económico social e institucional sobre el que dichas medidas se asientan y cómo caracterizarlo. La respuesta es que sí, que existe un modelo que articula un marco teórico, estrategias políticas y medidas de política económica. Este modelo tiene tres componentes.
El primero es concebir la construcción de una economía como la generación de las condiciones de crecimiento económico, a partir de las decisiones de los inversores privados, en particular de los sectores de punta de la economía.
El segundo es entender que en esa construcción el Estado debe jugar un rol de garante de las condiciones de la acumulación de capital, garantizar el logro de la ganancia media de las empresas capitalistas, fijar las reglas de juego que permitan al capital operar en condiciones de mercado y no alterar los resultados que en materia de asignación de recursos el propio mercado produce. Esta concepción se puede denominar liberal, neoliberal por sus connotaciones modernas, de Estado mínimo o de Estado subsidiario, como lo han llamado los pensadores estructuralistas, en contraposición al Estado estratégico.
Este modelo de Estado subsidiario logra niveles de crecimiento importantes, sustentado en el empuje a las condiciones de ganancia del capital, pero por las propias leyes de la acumulación está sometido a crisis económicas cíclicas que rondan en torno a los ocho años, en las que el Estado subsidiario sale a socializar dichas pérdidas, garantizando la continuidad del proceso.
El tercer componente es reducir al máximo las capacidades endógenas propias del país, tanto en materia tecnológica como financiera y productiva, generando un esquema productivo dependiente del exterior.
Las consecuencias de este modelo
En general, los modelos de Estado subsidiario provocan tres consecuencias estructurales. Por un lado, un proceso centrífugo de centralización de los capitales en torno al capital oligopólico; por otro lado, un proceso de transferencias del trabajo al capital, reduciendo las masa salarial como parte de la riqueza y aumentando la porción del capital; y finalmente, una población excedente bajo forma de desempleo o empleo precario que opera como amortiguador del crecimiento de los salarios en los mayores momentos de la acumulación.
Por su marco conceptual y por su principal consecuencia, llamaremos a este modelo de Estado subsidiario, dependiente y concentrador.
Los ejes de estrategia económica del modelo
El modelo vigente, que emerge con herramientas muy similares a las desarrolladas en la década de 1990, se sustenta en cinco grandes componentes:
1) La política presupuestal
Este modelo de Estado subsidiario actúa sobre el presupuesto con tres ejes conductores.
El primero es reducir la participación del Estado en la economía. En ese marco, la desestatización implica que el gasto público como porcentaje del producto interno bruto (PIB) se reduzca a lo largo de los cinco años en casi 4 puntos porcentuales.
Dos ideas para poner en contexto este primer eje. En el caso de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, la participación del gasto público primario creció de 22,5% a 29,7%, es decir, más de siete puntos porcentuales de crecimiento. Por eso fue tan trascendente este ajuste fiscal inicial, muy duro, para contrarrestar el Estado construido desde 2005.
La segunda idea refiere a qué sucedería si el modelo actual mantuviera el gasto público como porcentaje del PIB en el nivel inicial y no cayera. El efecto sería que el gasto público entre 2022 y 2025 sería de 7.500 millones de dólares más.
El segundo eje es que dicha rebaja está sustentada en la caída del gasto público social, en particular aquel que financia los servicios universales de salud, educación y vivienda. Aquí la idea es que el gasto social universal público se vaya reduciendo y deje espacio, bajo diferentes modalidades, a la expansión del gasto privado. Es decir, un proceso de desestatización con un eje en la mercantilización de dichos servicios sociales públicos y universales.
La tercera idea del Estado subsidiario en el eje presupuestal refiere al rol de la inversión pública. Hay una definición clara, que también se expresa en una reducción del porcentaje de la inversión pública en el PIB, como muestran los cuadros que el propio gobierno presentó en el Presupuesto y en la Rendición de Cuentas. Este es otro componente muy importante del modelo, ya que un Estado subsidiario hace inversiones públicas de sostén para el desarrollo de la inversión privada, pero no lidera procesos ni en vivienda ni en infraestructura, y menos aún en tecnología.
Pero al mismo tiempo, la Ley de Presupuesto no sólo incluye debilitamiento por el lado del gasto, sino que además incluye numerosas normas que desregulan actividades en las que el Estado había sido un eje principal.
2) La política salarial
En un esquema de recuperación de la tasa de ganancia del capital, la política salarial es clave. Una política salarial alineada con un modelo de Estado subsidiario y concentrador requiere tres ejes fundamentales.
En primer lugar, requiere que al arranque se procese un ajuste a la baja de las remuneraciones (pasó en 1972, en 1990, en 1995 y en 2000) que posibilite una trasferencia del trabajo al capital inmediata, que acelere los procesos de expectativa de crecimiento capitalista. En 2020-2021 se gestó una importante caída de los niveles salariales.
En segundo lugar, requiere sostener esa transferencia sin alterar su esencia básica. En ese sentido, igual que pasó entre 1990 y 1995, se propone recuperar con gradualidad y de menos a más esa pérdida salarial derivada del ajuste a la baja, culminando el proceso al final del quinquenio. Ello implica una renta inflacionaria acumulada (los llamados “triangulitos” en el lenguaje sindical) muy relevante y larga en el tempo, y al mismo tiempo, en la medida en que la economía crezca en el quinquenio, como es obvio esperar, una concentración de riqueza en el capital a costa de un nivel salarial estancado.
En tercer lugar, requiere ir desarmando procesos institucionales de construcción de la política salarial, en particular debilitar los Consejos de Salarios y dotar de poder real y simbólico al sector empresarial. El fuerte vínculo de clase entre el gobierno y los principales gremios empresariales, así como los niveles de persecución sindical existentes, así lo demuestran.
La pandemia, lejos de alterar este esquema preestablecido por el gobierno al asumir, lo profundizó. La política pública de protección frente a los impactos de la pandemia fue claramente de Estado mínimo.
3) El debilitamiento de las empresas públicas
En el proceso de Estado estratégico iniciado en 2005, las empresas públicas fueron un factor clave de desarrollo. Lo fueron por el desarrollo tecnológico (energías renovables, fibra óptica, desulfurización, etcétera); lo fueron por su rol social generando accesibilidad a los bienes públicos que producían; lo fueron por los niveles de inversión que generaron, incluso con fuertes componente descentralizadores como el proceso de la fibra óptica, entre otros factores.
Es claro que en el actual proceso de modelo concentrador y desestatizador hay una intención de desandar este camino, con la misma lógica de los años 90.
En el caso de Ancap, hubo una primera intención de desmonopolizar el mercado de combustibles (que ahora se trae nuevamente), seguida luego de haber fracasado esa estrategia con aspectos de desmonopolización parcial (puertos, aeropuertos, entre otros aspectos), de deterioro de su estructura física, de reducción de sus roles sociales (supergás, Bella Unión, entre otros) y, finalmente, de desprestigio institucional a partir de una estrategia consciente de dicha función.
En el caso de Antel, se trata de debilitar su estrategia y permitir fortalecer a los competidores en el mercado, tanto en su poder real como simbólico.
En el caso del puerto, fue clara nuestra interpelación, en la que se mostró que se entregaba un eje neurálgico de nuestra estrategia económica y de nuestra soberanía a un monopolio privado por 60 años.
4) La Ley de Urgente Consideración y otros marcos legales
El cuarto pilar de este modelo es la construcción de un nuevo marco legal que diera marcha atrás a buena parte de la institucionalidad preexistente.
La estrategia adoptada por el gobierno fue concentrar en una ley buena parte de los cambios institucionales con los cuales se quería dar sustento a su modelo económico.
En ese sentido, la Ley de Urgente Consideración (LUC) expresa este modelo de Estado subsidiario, dependiente y concentrador. Dejando de lado los aspectos de seguridad, que merecen un punto aparte, lo hace fijando mecanismos rígidos de sostén al proceso de ajuste económico. El principal componente en esa dirección es la regla fiscal, que pone límites fuertes a cualquier expansión del gasto.
Pero igual que en materia presupuestal, los aspectos desestatizadores no se limitan a cuestiones numéricas, sino que incluyen mecanismos de debilitamiento de la acción regulatoria del Estado. En el caso de la LUC, son ejemplo claro de ello la política de tierras y colonización, la inclusión financiera, la política de activos financieros y la política de arrendamientos, entre otros.
5) La criminalización de la protesta
Es evidente que el retorno a un modelo con consecuencias fuertes sobre trabajadores y pequeñas empresas genera resistencia social organizada. Por lo tanto, es necesario un componente de cambios institucionales en el nivel represivo que permita enfrentar esta resistencia. El capítulo 1 de la LUC es la herramienta para poner en marcha dicho proceso, combinando con los artículos de la reglamentación del derecho de huelga y los piquetes.
Algunas consideraciones finales
La pandemia, lejos de alterar este esquema preestablecido por el gobierno al asumir, lo profundizó. La política pública de protección frente a los impactos de la pandemia fue claramente de Estado mínimo, con una inversión social, laboral y productiva de las más bajas del mundo.
El contexto de un modelo de política pública, además de analizar los aspectos de la economía y de la superestructura, debe incluir el análisis de los vínculos de los sectores sociales con dicha política. Y es claro que hay una clara asociación en ideas, en estrategias, en formación académica y en personas entre los sectores empresariales concentrados y el gobierno. Y al mismo tiempo, una política de enfrentamiento incluyendo el componente ideológico a las organizaciones sindicales y cooperativas, buscando además mecanismos de regulación de su actividad.
En síntesis, hay un modelo de Estado mínimo, dependiente y concentrador que representa los intereses del sector más concentrado del capital nacional y transnacional.
Daniel Olesker es senador del Partido Socialista, Frente Amplio.