Desde el inicio quiero dejar mi opinión al respecto: soy un firme defensor de las vacunas y, en el caso de muchas de ellas, de su obligatoriedad. En primer lugar, porque durante el ejercicio de mi profesión como pediatra recomendé con énfasis las vacunas a los padres de mis pacientes, amén de cumplir totalmente con las inmunizaciones correspondientes con mis tres hijos.
Estas recomendaciones están basadas en lo que han significado las vacunas en el país y en el mundo. En el caso de la viruela, causante de pandemias con millones de muertes a lo largo de los siglos, fue por medio de la vacunación que la enfermedad pudo ser erradicada de la faz de la Tierra, y eso ha permitido que, desde hace ya varios años, se suspendiera la utilización de esta vacuna. Es hasta el momento la única enfermedad eliminada.
La vacuna del sarampión significó que no murieran por la enfermedad millones de niños en el mundo; por supuesto, también en Uruguay. Quiero recordar algo personal. Cuando concursé para mi primer cargo de docente de pediatría en la Facultad de Medicina, en 1975, una de las pruebas clínicas que tuve que enfrentar fue la de un niño de siete meses, con una neumonía por sarampión, hospitalizado en el Pereira Rossell. Ese niño falleció dos días después de que yo lo examinara. A su vez, en el entonces hospital Pedro Visca, la mayor parte de la sala de infecciosos, con más de 20 camas, estaban destinadas a enfermedades que luego se prevendrían con vacunas: sarampión, varicela, tos convulsa.
Pese a mi edad, nunca vi como pediatra tétanos neonatal, debido a la inteligente política de vacunación antitetánica del país. Desde hace años, no existe en Uruguay la rubéola ni el síndrome de rubéola congénita, debido a la vacunación. Eso fue reconocido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Vacunas obligatorias
En plena dictadura cívico-militar en el país, en 1982, por medio del Decreto-Ley 15.272, se crea el Plan Nacional de Vacunaciones, por el que se hace obligatoria la vacunación de los niños con la BCG y contra el sarampión, rubéola, pertussis (tos convulsa), tétanos, difteria, poliomielitis (en ese momento, por vía oral) y parotiditis.
Quiero recordar historias de poliomielitis. Cuando quien esto escribe cursaba cuarto año escolar, en el país hubo una epidemia de poliomielitis, que, entre otros, afectó a Tomás, mi compañero de clase. El hospital conocido como Filtro se destinó a una enorme sala de respiradores, en ese momento llamados pulmotores, designados a pacientes con poliomielitis, que tenían insuficiencia respiratoria. Es más, entre los teléfonos de urgencia estaba el del pulmotor. Hoy eso es historia, y gracias a la vacunación. Antes de la aparición de la pandemia de coronavirus se estaba a punto de erradicar la poliomielitis como problema de salud universal, ya que son pocos los países en los que aún persisten casos aislados.
En años siguientes se incorporaron otras vacunas, que no fueron obligatorias, aunque en los hechos lo fueron, debido a la cultura desarrollada por la población. En 1994 se incorporó la vacuna contra Haemophyllus influenzae tipo B; para los que ejercíamos la pediatría, fue una conquista comprobar cómo desaparecían prácticamente a cero las meningitis por ese germen, que, en muchas ocasiones, causaba la muerte del niño o le producía secuelas neurológicas irreversibles.
En 1999 se incorporó la vacuna antivaricela, y nuestro país fue uno de los primeros en sumarla al certificado de vacunación. Tuve la oportunidad, en mi cargo de director del Programa de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública, de contribuir a incorporar las vacunas de hepatitis A y antineumocóccica.
Quiero recordar que, en el país, prácticamente todos los años se producían brotes de hepatitis A, y casi todos los años uno o dos niños tenían que viajar a Buenos Aires para recibir un trasplante de hígado por el fallo hepático que el virus les había producido. Desde la introducción de la vacuna antineumocóccica han disminuido tanto las neumonías producidas por esa bacteria como las meningitis.
Por último, como director general de la Salud, en 2016-2017, fui impulsor de la vacuna contra el papilomavirus, que había sido incorporada en años anteriores, pero que estaba inmersa en una discusión sobre su utilidad. El virus del papiloma humano es responsable, entre otras enfermedades, del cáncer de cuello uterino. Existe ya amplia información en el ámbito internacional sobre la disminución de las lesiones precancerosas producidas por el virus en mujeres que han recibido esta vacuna. Recordemos que, junto con la vacuna, se debe insistir en la profundización de los conocimientos de la población en salud sexual y reproductiva, y en el examen de papanicolau periódico.
El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 317/005, obligaba a que todo el personal que ingresara a trabajar en el ámbito de la salud, tanto pública como privada, recibiera la vacuna de la hepatitis B.
El Decreto 274/017, por medio del Control en Salud (ex carné de salud), establece la obligatoriedad de verificar la existencia del certificado de vacuna antitetánica vigente para expedirlo.
Llegado a este punto: ¿Debe ser obligatoria la vacuna de coronavirus? Esta discusión se está dando en varios países del mundo y quiero expresar mi opinión.
Hay algunos reparos con esta vacuna. En primer lugar, muchos ciudadanos pueden rechazar las diferentes vacunas, debido a que han tenido una “autorización de emergencia” por las agencias regulatorias de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos y la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por su sigla en inglés) de Europa, y muchos piensan que el tiempo en que fueron desarrolladas fue muy breve.
Estoy de acuerdo que es inaceptable que se lucre de este modo con la salud de la gente. Pero las vacunas han demostrado que disminuyen las formas graves de la enfermedad y previenen el fallecimiento.
Respecto de estos reparos, quisiera opinar lo siguiente. Las vacunas fueron desarrolladas en tiempo récord, debido a que existía una base científica previa, desarrollada a lo largo de los años. La genotipificación del coronavirus, fundamental para el desarrollo de las vacunas, se realizó en poco más de un mes. Este paso anterior permitió a científicos, que tenían un bagaje de conocimientos, desarrollar las múltiples vacunas que actualmente se ofrecen a la humanidad. Lo que hicieron fue profundizar conocimientos previos, como por ejemplo la idea de utilizar gérmenes inactivados, proteínas transportadoras, entre otros. La mayor novedad es la incorporación de vacunas con ARN mensajero.
A su vez, era necesario una autorización de emergencia, ya que la humanidad estaba en plena pandemia, con un número importante de fallecidos, con ocupación plena de las unidades de cuidados intensivos y con desborde generalizado de los sistemas de salud. Eso explica la conducta de las agencias reguladoras.
Otra de las opiniones contrarias a las vacunas se basa en la ganancia económica desmedida de la industria farmacéutica multinacional, que está más preocupada por el lucro que por la salud. Puedo compartir esa opinión, más aún, estoy convencido de que el lucro desmedido está perjudicando la propia pandemia.
En apoyo a lo anterior, vale incorporar estas opiniones. Los Angeles Times, en su edición del 21 de octubre de 2021, bajo la firma de su columnista empresarial Michael Hiltzik, se pregunta lo siguiente: los fundadores de Moderna ahora son multimillonarios, ¿dónde están las dosis para el resto del mundo? Lo que sigue es textual:
“Levantemos una copa para felicitar a Noubar Afeyan, Robert Langer y Timothy Springer, tres nuevos miembros de la lista de multimillonarios de la revista Forbes.
El trío le debe su nueva riqueza a la pandemia. Más específicamente, al logro de la empresa de biotecnología Moderna en el desarrollo y comercialización de una de las vacunas más eficaces contra el covid-19.
El inversionista de riesgo Afeyan, presidente de Moderna, ahora tiene 4.000 millones de dólares, según el cálculo de Forbes, basado en el precio de las acciones de la compañía. Langer, bioingeniero del MIT y cofundador de Moderna, tiene US$ 3.900 millones, y Springer, bioquímico de Harvard -uno de los primeros inversores de Moderna y propietario del 3,5% de la empresa-, US$ 4.800 millones. Se unen así al CEO de Moderna, Stéphan Bancel, en la lista de Forbes, a donde este último llegó el año pasado. Ahora tiene US$ 10.700 millones.
Ahora bien, después de los elogios, podemos condenarlos, a ellos y a su compañía, por no cumplir con sus compromisos de brindar sus vacunas al mundo.
Los países desarrollados generalmente no han cumplido sus promesas de proporcionar vacunas contra el covid-19 a las naciones menos desarrolladas. Covax, o Covid-19 Vaccines Global Access, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades para distribuir dosis en todo el planeta, estableció el objetivo en junio de 2020 de distribuir 2.000 millones de inyecciones a nivel mundial para fines de este año.
Covax reconoció recientemente que no llegará al objetivo. De hecho, la iniciativa administró sólo 319 millones de dosis hasta el momento. Como informa el sitio web de noticias médicas STAT, de las 785 millones de inyecciones que los países ricos se comprometieron a donar a Covax al 24 de septiembre, han llegado menos del 20%. Mientras tanto, el 98% de la población de los países de bajos ingresos no está inoculada.
‘De las más de 6.500 millones de dosis administradas en todo el mundo, menos del 4% se fueron destinadas a personas que viven en países de bajos ingresos’, observó recientemente Tom Frieden, exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). ‘Esto no sólo es moralmente indefendible, sino que asegura que la pandemia se extenderá innecesariamente y que millones más podrían morir’.
Frieden es actualmente el director de Resolve to Save Lives, un grupo dedicado a impulsar una distribución global más equitativa de vacunas.
Moderna se ha visto sometida a una presión cada vez mayor para aumentar la fabricación de vacunas, específicamente para satisfacer las necesidades de los países menos desarrollados.
‘Necesitan dar un paso adelante como empresa y proporcionar a Covax dosis a precios sin fines de lucro’, enfatizó el miércoles David Kessler, director científico del equipo de respuesta contra el covid-19 de la administración Biden, durante un panel de discusión patrocinado por la Facultad de Derecho de Yale.
Posiblemente en respuesta a las críticas recientes, Moderna informó esta semana un acuerdo para brindar 176,5 millones de dosis de su vacuna a Covax en la primera mitad del próximo año, que se venderán al precio más bajo de la empresa. También anunció que construirá una ‘instalación de vanguardia’ en África, con la capacidad máxima para producir 500 millones de inyecciones por año.
Los expertos en el tema expresan que sería un avance importante, ya que la mayor parte de la fabricación de vacunas se encuentra en Estados Unidos, Europa y China. Moderna, sin embargo, no dijo cuándo ni dónde se construirán las instalaciones”.
Estoy de acuerdo en que es inaceptable que se lucre de este modo con la salud de la gente. Pero las vacunas han demostrado que disminuyen las formas graves de la enfermedad y previenen el fallecimiento en un porcentaje muy importante. Se puede tener opinión crítica sobre la industria farmacéutica en cuanto a su conducta económica, pero las vacunas, en general, han demostrado su utilidad.
Es necesario tener claro que no solamente en las vacunas la industria farmacéutica, que es más poderosa que la mayoría de los Estados, impone sus condiciones mediante las leyes de patentes. Repetimos siempre que no hay medicamentos de “alto costo”, sino que hay medicamentos de “alto precio”, precio que es determinado por la industria farmacéutica internacional.
Por último, considero que la vacuna de coronavirus debe ser obligatoria para ciertos colectivos, como el de la salud, los funcionarios del Ministerio del Interior, policías y bomberos, ya que son, en estos casos, el sostén del resto de la sociedad. Obvio es lo de los pertenecientes a la salud. Pero policías, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, y bomberos, con lo que ha sucedido en este verano, son personal imprescindible.
Para el resto de la población, también debería ser obligatoria para aquellos ciudadanos con comorbilidades que se sabe que agravan el pronóstico de una infección con coronavirus, así como para los adultos mayores. La sobrecarga que los opositores a las vacunas provocan al sistema de salud hace que otros ciudadanos puedan verse privados del acceso a ese sistema. Reconozco que esto puede ser objeto de discusión, pero necesitaba expresar mi opinión, que quizá, es mi más profundo deseo, pueda modificar alguna opinión contraria a estas y otras vacunas.
Jorge Quian fue profesor agregado de Pediatría, director del Programa de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública y subsecretario de Salud de esa cartera.